La gentrificación es el fracaso del concepto de vivienda social. No es un proceso novedoso ni específico de determinada ciudad o país. Pero en la capital de México derivó en un serio conflicto que complica un poco más la relación bilateral con Estados Unidos. Sectores populares del Distrito Federal salieron a las calles a protestar por el alza de los alquileres que atribuyen a la especulación inmobiliaria y a los nómadas digitales. Encontraron en plataformas como Airbnb, controlada por un fondo de inversión neoyorquino, una de las causas de su problema.
El gobierno de Claudia Sheinbaum condenó los ataques a comercios de barrios acomodados del DF y las expresiones que consideró xenófobas (“Vuelve a tu pinche país, gringo”, decían algunas pancartas) durante una marcha que se realizó el 4 de julio. No hubo represión, solo la crítica oficial. Su postura contrasta con la cacería de inmigrantes en EE.UU que Donald Trump puso en marcha durante su segundo mandato. El presidente republicano se propuso deportar a un millón de personas en 2025 y reprimió las marchas de latinos que se oponen a su política de expulsión en ciudades como Los Ángeles. Hasta ahí envió a fuerzas federales.
La gestión de Sheinbaum tiene una posición más cautelosa con respecto a la población estadounidense en su territorio, que en porcentaje supera con holgura a la de mexicanos en EE.UU que representan el 23 % del total de inmigrantes. A 2020, el 65,80 por ciento de los extranjeros en México provenían de su vecino del norte. Hoy se estima que ya superan 1,5 millones de personas, de las cuales dos tercios viven en condición irregular.
Su mayor poder adquisitivo (cobran sus trabajos o pensiones en dólares y gastan en pesos) ha provocado la gentrificación que denunciaron grupos de inquilinos y militantes organizados en la marcha del Distrito Federal.
Para el 26 de julio ya se convocó a una nueva movilización en la capital, pero que esta vez irá hasta la embajada de Estados Unidos. La consigna de una de las organizaciones que convoca, el Frente por la Vivienda Joven, señala: “Contra el despojo, la gentrificación, el imperialismo y el capital que nos expulsa de nuestros barrios y de nuestras vidas”. Otro colectivo de vecinos afectados, el Frente Anti Gentrificación CDMX difundió un comunicado en el cual declara: “No estamos en contra de la migración, la cual es un derecho humano”, pero más adelante dice que “el Estado, instituciones y empresas tanto extranjeras como locales brindan un trato diferenciado a quienes cuentan con mayor poder adquisitivo, a quienes en realidad responden a un nuevo perfil de colonización”.
La gentrificación en el DF agravó los problemas estructurales de vivienda que ya existían, en una ciudad que sin contar el área metropolitana que la rodea tenía 9.209.944 habitantes a 2020. Esta situación, que desplaza a los habitantes originarios de las colonias (barrios) hacia la periferia, se ha dado en Condesa, Roma, Juárez, Chapultepec, Nuevo Polanco y otras zonas donde empresas como Airbnb fijan los precios de la vivienda.
La aplicación que domina el mercado, en una nota del 4 de junio de este año – un mes antes de la marcha – describió que “el problema de la vivienda en la Ciudad de México demanda soluciones de fondo y discusiones basadas en datos y evidencias. Se requiere una regulación no sustentada en prohibiciones, sino en el respeto de los derechos y la transparencia de las obligaciones”. Para la compañía, su volumen de casas o departamentos ofertadas en el DF asciende a 26.500 unidades. Según Airbnb esa cifra representa menos del uno por ciento de las 3 millones de propiedades que tiene la capital del país.
Detrás de la conocida empresa de servicios aparecen intermediarios que ofrecen viviendas como Blueground, también de capitales estadounidenses. Ambas pertenecen al fondo de inversión WestCap dirigido desde Nueva York por Lawrence Tosi, un ex CEO de Airbnb, según informó el diario mexicano La Jornada en un artículo del 9 de julio que define la causa del problema inmobiliario como “gentrificación selectiva”.
Cuenta Yessica Morales, integrante del Frente Anti Gentrificación, que “en México los costos de la vivienda han aumentado 286% desde 2005, mientras que los salarios reales han disminuido 33 por ciento” basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Sociedad Hipotecaria Federal. Con el propósito de moderar la falta de viviendas, la jefa de gobierno del DF, Clara Brugada Molina, acaba de anunciar el Programa de Vivienda Pública en Renta. Su meta es llegar a 20 mil unidades al final de su mandato en 2030. La economista pertenece a Morena, el mismo partido de Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hoy retirado a su rancho en el estado de Chiapas para escribir un libro.
La Constitución de México en su artículo 4° establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. En el populoso DF parece muy lejano lo que señala el texto redactado en 1917 que rige el destino jurídico del país. No es solo en la capital mexicana que Airbnb ha empezado a recibir críticas por la afectación al mercado de vivienda que denuncian los grupos que protestan. También opera en California Sur, Yucatán, Guanajuato, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Acapulco, Jalisco y Nayarit. Tampoco son inquilinos estadounidenses los únicos que distorsionan el mercado inmobiliario, ya que hay muchos europeos y también mexicanos que controlan propiedades por decenas.
México sufre un grave problema habitacional con un déficit de viviendas que se estima llega a 800 mil. Si a ese problema se suma la gentrificación en barrios que cambiaron su fisonomía, abandonados por sus antiguos vecinos que no podían seguir pagando el alquiler, es muy probable que avance la desigualdad en el acceso a la vivienda.
El gobierno de EE.UU, muy refractario a las críticas que recibe por su política migratoria, aprovechó la movilización en el DF contra “los gringos” y “Airbnb” para tratar con ironía el problema. El Departamento de Seguridad Nacional escribió en su cuenta de X: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”. Aludía a la plataforma digital donde los migrantes latinoamericanos se anotan para deportarse por sí mismos del país.
La presidenta Sheinbaum le bajó el perfil al problema y no responde a las provocaciones de Trump. Pero su gobierno sabe que la gentrificación promueve la desigualdad, genera problemas de convivencia entre ciudadanos locales y extranjeros y estimula la especulación inmobiliaria. Un chiste recorre hoy el DF. Dice que los mendigos piden limosna en inglés a los vecinos de ciertos barrios acomodados. Aquellos que buscan un clima templado y evitar los impuestos más altos de Estados Unidos.
Cortesía de Página 12
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