México creyó ir por buen camino. La esperanza apuntaba a un 12%. Pero el giro llegó sin aviso. Lo que sonaba a un mejor trato terminó en golpe. La Casa Blanca determinó elevar el arancel a 30%. Lo calificó de necesario. El gobierno de Claudia Sheinbaum, de injusto.
El 2 de abril, en el “Día de la Liberación”. Mientras todo el mundo recibió su porcentaje de aranceles recípricos y un 10% global, Washington dejó afuera a México y Canadá. Ambos países ya enfrentaban un 25% bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), en respuesta al tráfico de fentanilo. Ese 25% solo aplicaba a productos que no cumplían con las reglas del T-MEC.
La orden ejecutiva también dejó abierta una posibilidad: si cesaba la medida bajo la orden ejecutiva la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPAA), el arancel para los bienes que incumplieran con el T-MEC podía reducirse a 12%. Todo dependía de si se convencía a Trump que se estaba haciendo los necesario para erradicar el paso de fentanilo a Estados Unidos.
A eso se suma otro frente, un arancel de 25% al acero y al aluminio, que en junio subió a 50%. También uno de 25% a vehículos y autopartes, que para los socios del T-MEC terminó siendo menor (15%).
México creyó que negociaba desde una posición de ventaja. Desde el 2 de abril, el gobierno mexicano intensificó las gestiones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó varias veces a Washington. Su apuesta era obtener una posición privilegiada. Se reconocía que los aranceles llegaron para quedarse. Pero aún quedaba espacio para negociar el porcentaje.
Pasados los 90 días de tregua del “Día de la Liberación”, la Casa Blanca envió nuevas cartas. México estaba entre los destinatarios. Y en opinión de Trump, el país no hace lo suficiente contra el narcotráfico ni contra el paso de fentanilo. Entonces, a partir del 1 de agosto, el arancel será 30%.
Más incertidumbre
Además del aumento en la tarifa, las cartas enviadas a México y Canadá dejaron más incertidumbre. Aunque fijaron el nuevo arancel en 30% y 35%, respectivamente, no aclararon si se mantendrá la excepción para los productos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC. El lenguaje fue amplio: los aranceles aplicarán a los bienes enviados a Estados Unidos. Nada más. En el caso canadiense, algunos medios estadounidenses citaron a fuentes cercanas a las negociaciones que aseguraron que la excepción sí seguirá vigente.
De no ser así, los socios del T-MEC quedarían en desventaja frente a competidores asiáticos como Japón o Corea del Sur, que enfrentan un arancel de 25%, o Vietnam, que selló un acuerdo previo con Washington y quedó en 20%.
Desde México, la desilusión no tardó en aparecer. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo, aunque mantuvo su estrategia de cabeza fría con la esperanza de alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto.
Pero Estados Unidos eleva la exigencia. “Si México logra desafiar a los cárteles y detener el flujo de fentanilo, consideraremos ajustar esta carta. Estos aranceles podrían modificarse, al alza o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país”, advierte la carta enviada por Donald Trump a la mandataria mexicana.
La oleada de cartas arancelarias llegó justo cuando la recaudación de derechos de aduana alcanzó un nuevo récord. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por primera vez, estos ingresos superaron los 100,000 millones de dólares en un solo año fiscal, una cifra que revela el peso creciente del comercio exterior como fuente de ingresos para el gobierno estadounidense.
México encabeza la lista de socios comerciales de Estados Unidos, con 15% del comercio total. Canadá le sigue con 13%. De concretarse el arancel de 30% sin excepciones, el impacto sería profundo.
En México se estima que esa medida empujaría a la economía a un escenario de recesión. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, calcula una afectación del 6.7% del PIB.
La consecuencia más inmediata recaería sobre el empleo. Las regiones norte y centro del país —con fuerte presencia manufacturera y agroindustrial— verían afectada tanto la permanencia como la creación de puestos de trabajo.
El gobierno mexicano no se retira de la mesa. Su meta es firme: evitar la entrada en vigor del arancel y proteger a las empresas y los trabajadores en ambos lados de la frontera. El tiempo corre. Quedan menos de tres semanas para lograrlo.
Trump también dejó abierta la puerta a un acuerdo. Pero no solo condicionó la eliminación de aranceles a una mayor cooperación en el combate al fentanilo. Afirmó que no impondrá aranceles si México o sus empresas trasladan la producción a territorio estadounidense. Incluso prometió agilizar los permisos: “lo haremos en semanas, de forma rápida, profesional y rutinaria”.
Cortesía de Expansión
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