“Una dinámica perversa de puerta giratoria”: las denuncias de nuevos arrestos en Venezuela tras la liberación de un grupo de presos

Mientras unos son liberados, otros caen en prisión en Venezuela.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la liberación de 80 detenidos el viernes 18 de julio, en medio de un canje por 252 migrantes venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y estaban recluidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Sin embargo, al menos 20 personas habrían sido detenidas durante los tres días posteriores al intercambio de prisioneros por migrantes, denunció la líder opositora María Corina Machado.

“Este patrón, ya reiterado, confirma la política de la ‘puerta giratoria’: liberar selectivamente a unos para encarcelar a otros. La represión no cesa, sólo se redistribuye”, escribió Machado en su cuenta de X.

“La privación de libertad sigue siendo utilizada como herramienta de negociación política en medio de una diplomacia de rehenes y de castigos selectivos”.

Los arrestos habrían ocurrido pese a que el gobierno de Maduro aún no ha cumplido su promesa de liberar a los primeros 80 de casi 1.000 detenidos que se estiman que están en las cárceles de Venezuela por razones políticas.

Pero tanto Maduro como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos.

El gobierno y la fiscalía venezolanos argumentan que los presos están procesados por delitos comunes y “contra el orden constitucional”.

Tres días después del canje entre los gobiernos de Maduro y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, las ONG venezolanas indicaron que solo habían podido confirmar la liberación de 59 presos.

“Nos preocupa profundamente que, mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúen ocurriendo nuevas detenciones arbitrarias, generando una dinámica perversa de puerta giratoria”, publicó en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que agrupa a familiares y abogados de detenidos.

Uno de los capturados en los últimos días, según su familia, es el estudiante Simón Bolívar Obregón, consejero de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, cuyo paradero se desconoce, informó el portal venezolano Efecto Cocuyo.

También fueron detenidos Fernando Serrano, dirigente sindical de la industria estatal de aluminio CVG-Baxilum; Ángel Rivas, esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Bolívar; y Manuel Enrique Ferreira, coordinador de la plataforma opositora Comando Con Venezuela en el estado Lara.

“Sabemos que persisten las amenazas y el chantaje que impiden a muchas familias denunciar públicamente la detención arbitraria de sus seres queridos o informar sobre las liberaciones”, advirtió el Clippve en un comunicado.

“La represión no se ha detenido y la persecución política sigue afectando a más familias venezolanas”, agregó.

El gobierno de Maduro no ha publicado una lista con los nombres de los liberados ni ha explicado cuáles fueron los criterios para definir cómo fueron escogidos.

“Lamentamos la falta de una lista oficial que permita verificar con más precisión, ya que en otros momentos se ha incluido a personas no registradas como presos políticos, a personas que ya habían sido excarceladas hace tiempo e incluso a personas que ya habían fallecido en custodia”, advirtió la ONG Foro Penal en su cuenta de X.

Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, dijo al diario venezolano Tal Cual que no fueron liberados otros detenidos con “enfermedades graves” ni “los adolescentes que siguen privados de libertad” o “personas de la tercera edad”.

“El hecho de que salgan a partir de un acuerdo político demuestra que la prisión de estas personas venía de una decisión política, tanto como su excarcelación”, añadió.

Hasta el 15 de julio, Foro Penal aseguraba que había 948 presos políticos en Venezuela, de los cuales cuatro son menores de edad, y 51 permanecen desaparecidos.

Tres días antes del anuncio de las liberaciones, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunció que las autoridades venezolanas “cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes, con lo que se configura el crimen de lesa humanidad”.

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