En los últimos cincuenta años, luego de la Guerra Fría, Estados Unidos lideró, entre 1991 y 1992, la coalición internacional conocida como la Guerra del Golfo. Luego protagonizó la invasión a Afganistán, entre 2001 y 2021, y en forma casi simultánea la ocupación militar en Irak, entre 2003 y 2011. En sus dos siglos y medio de historia –desde su fundación como país en 1776–, estuvo en guerra 228 años. Ese belicismo consecuente no contabiliza los bombardeos esporádicos, como el llevado a cabo recientemente en Irán, ni las operaciones injerencistas golpistas, destinadas a imponer gobiernos títeres mediante la asociación con oligarquías domésticas. Sin contar estos últimos formatos belicistas, que incluyen el bloqueo criminal a Cuba de más de seis décadas, el noventa por ciento de la historia de Estados Unidos se asocia al militarismo prepotente y al chantaje geopolítico.
El último capítulo de la saga imperial, después de tres décadas de “guerras contra el terrorismo”, es la actual batalla contra la República Popular China, combinada con la limpieza étnica realizada contra los trabajadores migrantes al interior de los Estados Unidos. En el primer caso, para impedir que Beijing se convierta en la primera potencia global. En el segundo, para purificar a la sociedad estadounidense de las oscuras pigmentaciones que portan los chicanos, arrinconados por la pobreza, los conflictos armados y los golpes militares impulsados desde Washington. Para legitimar ambas conflagraciones, Donald Trump apela a una vieja caja de herramientas utilizada en la década del ´90 del siglo pasado: la lucha contra el narcotráfico. En esta oportunidad, la sustancia utilizada como justificación bélica es el fentanilo.
Trump promulgó el 16 de julio la Ley contra el Fentanilo. Para su presentación pública, invitó a Greg Swan, el familiar de una víctima y cofundador de la organización Fentanyl Fathers. En la conferencia de prensa, Greg recordó que su difunto hijo se convirtió en adicto luego de la prescripción médica legal de dicha sustancia. El laboratorio encargado de inundar de fentanilo al interior de Estados Unidos fue Purdue Pharma con su analgésico OxyContin. La empresa se declaró en quiebra en 2019, en medio de miles de demandas por muertes producidas por su fármaco estrella, que sustituyó a la heroína luego que los talibanes prohibieran su producción en Afganistán. Paul Griffiths, director del Centro Europeo de Observación de las Drogas y la Drogadicción (EMCDDA), afirmó al portal Politico que la caída de la oferta de heroína produjo una demanda ingente de fentanilo en la sociedad estadounidense. El aumento de la venta de OxyContin coincidió con el desabastecimiento de la heroína. El fentanilo fue patentado originariamente por la empresa suiza Ciba AG, hoy conocida como Novartis. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), agencia federal estadounidense, consigna que las muertes por sobredosis de fentanilo crecieron de manera exponencial durante el primer periodo presidencial de Trump, y continuaron esa tendencia alcanzando cien mil anuales en los primeros años de Biden. Desde el inicio de su prescripción legal en los años ´90, hasta su difusión actual en el mercado negro, ha generado más de un millón de decesos, con un promedio de 200 muertos por día. Sin embargo, esta epidemia no es novedosa. Desde la Guerra de Vietnam, la sociedad estadounidense enfrentó cuatro grandes oleadas de adicciones mortíferas: la heroína a fines de los años sesenta, la cocaína en los setenta, el crack en los ochenta y las metanfetaminas durante los noventa. Donald Trump pretende culpabilizar a China y a México de la epidemia, sin advertir que su país alberga el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo, con un gasto estimado de 150 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas.
Los estudios toxicológicos advierten desde hace décadas que gran parte de la demanda toxicológica es inelástica, tanto en precio como en su forma de obtención. Aunque suba el valor de la sustancia, o cambie su composición química –sugirió la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum–, “Estados Unidos debe aceptar su grave crisis de consumo de drogas”. La Ley del fentanilo no hace referencia a la causalidad estructural: la demanda incremental de un anestésico social capaz de lidiar con el utilitarismo, la cosificación, el aislamiento y la competencia que derivan en la pérdida de sentido vital.
El proverbial belicismo con sede en Washington ha construido una nueva falacia, análoga a la invención de las inexistentes armas químicas de Sadam Hussein. La falta de creatividad comunicacional de la Casa Blanca denomina al flagelo toxicológico como “arma de destrucción masiva”: los culpables, en esta oportunidad, no son los árabes, sino los inmigrantes latinoamericanos y los laboratorios chinos. Las primeras víctimas serán acusadas de narcotraficantes y cazadas en las calles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A los segundos –componentes empresariales o políticos del ascendente País del Medio–, se les atribuirá la responsabilidad de proveer los precursores químicos.
Lo que la normativa contra el fentanilo no especifica es el rol de las empresas farmacológicas estadounidenses: son las primeras clientas de los laboratorios chinos, cuyas cinco mil firmas (muchas de ellas privadas, con aporte accionario de fondos de inversión occidental) producen el 70 por ciento de todos los precursores químicos disponibles a nivel global. En 2024, un tercio de los nuevos compuestos autorizados por las compañías farmacéuticas estadounidenses, fueron producidos por empresas biotecnológicas chinas. En las dos últimas décadas, las importaciones de los laboratorios estadounidenses han crecido un promedio de nueve por ciento anual. Solo en el último año se incrementó un 40 por ciento, alcanzando los 315 mil millones de dólares, convirtiéndose en el quinto sector de mayor importación en 2024, en Estados Unidos.
La monserga trumpista tampoco hace referencia al rol de los laboratorios estadounidenses, que invierten alrededor de 120 millones de dólares anuales en hacer lobby en el Congreso de su país para impedir que se aprueben medidas para restringir la oferta de un negocio descomunal, que tiene cautivo al 40 por ciento de la sociedad estadounidense con prescripciones psiquiátricas legales. Alrededor del 10 por ciento del PBI global es el combustible de la brutalidad neoliberal promovida por Occidente. Una quinta parte de todo el lavado de activos, proveniente de diferentes delitos, se convierte en motor de la economía estadounidense. Hace casi dos siglos, el Reino Unido invadió China –en nombre de la libertad de comercio– porque la dinastía Quing prohibió la venta de opio que los británicos llevaban desde la india a las costas chinas. Ese periodo histórico quedó inscripto en la tradición del País del Medio como una etapa de vergüenza y humillación. “No volverá a suceder”, aseguran.
Cortesía de Página 12
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