El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece en su artículo 34.7 que las partes deben reunirse el 1 de julio de 2026, fecha que marca el sexto aniversario de su entrada en vigor, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y decidir si extienden su vigencia por otros 16 años.
Como resultado de esta fecha puntual y que Estados Unidos planea iniciar las consultas públicas en octubre de 2025, se ha hablado de una “revisión anticipada”.
Sin embargo, de acuerdo con el USMCA Implementation Act, que es la ley con la que Estados Unidos ratificó el T-MEC, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe iniciar el proceso de consultas públicas 270 días antes del inicio de la revisión trilateral, esto es el 4 de octubre de 2025.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tendrá que presentar también al Congreso de aquel país un informe al Congreso de los Estados Unidos que describa su evaluación, recomendaciones y postura respecto a la posible prórroga del T-MEC, 180 días antes del inicio de la revisión, lo que será el 3 de enero de 2026.
En ese sentido, las consultas públicas que iniciará Estados Unidos en octubre están dentro del calendario establecido por su ley. Por su parte, México no cuenta con un mecanismo formal equivalente, pero ya inició reuniones preparatorias con el sector privado y diversas cámaras empresariales.
En marzo, Trump impuso aranceles generales del 25.0% a México y Canadá, aunque posteriormente exentó de esta medida a todos los productos y mercancías que cumplieran con las reglas de origen del T-MEC.
Derivado de lo anterior, el sector exportador mexicano continúa viéndose severamente afectado, considerando que, en 2024, el 51.1% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos no cumplieron con el tratado.
Adicionalmente, Trump decretó aranceles del 25% al sector automotriz y le ofreció a México y Canadá la posibilidad de que dicho arancel se aplique únicamente sobre el valor de contenido no estadounidense, y mantiene tarifas del 50% al acero y el aluminio mexicano, al igual que al resto de países.
El mandatario justifica dichas acciones argumentando que: México se aprovecha de Estados Unidos y la relación bilateral es injusta; y que China utiliza a México como vía de acceso al mercado estadounidense.
Esto, luego de que en 2024 la balanza comercial de Estados Unidos exhibiera un déficit con México de 171,800 millones de dólares, el segundo más alto después de China, y equivalente al 14.3% del total.
Trump sostiene que la imposición de estos aranceles incentivará a las empresas estadounidenses a repatriar sus fábricas desde México, promoviendo así el empleo y la inversión. En este contexto, el T-MEC podría convertirse nuevamente en una herramienta estratégica para impulsar la agenda proteccionista de Trump, a pesar de haber sido él mismo quien negoció y promovió originalmente dicho acuerdo.
Entre los principales puntos de presión por parte de Estados Unidos en la revisión del tratado, se identifican cinco áreas clave: 1) un posible endurecimiento de las reglas de origen para fortalecer la integración regional; 2) la incorporación de reglas sectoriales destinadas a limitar la presencia de China en el mercado norteamericano; 3) ajustes al Mecanismo de Respuesta Rápida para reforzar su alcance o aplicación; 4) cambios en disposiciones laborales (particularmente en salarios); y, 5) la inclusión de cláusulas orientadas a reforzar la certeza jurídica para las inversiones.
Aunque estos posibles cambios al T-MEC podrían plantear diversos retos en el corto plazo para la economía mexicana, desde mayores requisitos aduanales hasta incrementos en los costos de producción, también representan oportunidades que podrían potenciar el crecimiento económico del país.
Si las empresas mexicanas logran captar una parte importante de la cuota de mercado que dejen las compañías asiáticas en la región, como resultado de políticas comerciales proteccionistas orientadas a fortalecer la integración entre los tres países, habría un incremento en la producción, las utilidades y la creación de empleo, lo que compensaría con creces el posible aumento en los costos.
Además, los ajustes al mecanismo de respuesta rápida y una mayor certeza jurídica contribuirían a consolidar el nearshoring y el Plan México, al fomentar un mejor ambiente de negocios. En otras palabras, más que generar preocupación, la revisión anticipada del T-MEC será positiva para el país, ya que puede disipar la incertidumbre y seguir fortaleciendo la integración comercial de la región.
*La autora es Directora de Análisis de Grupo Financiero Monex
Cortesía de El Economista
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