Gremio Gasero Nacional defiende a Enrique Medrano Meza
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La industria del gas en México vivió una de sus semanas más tensas en años recientes tras la detención de Enrique Medrano Meza, líder nacional del Gremio Gasero Nacional A.C. (GGN). Lo que en principio parecía una operación de rutina de las autoridades, terminó desatando una tormenta mediática, protestas callejeras y un contundente posicionamiento por parte de los trabajadores del sector gasero, que no dudaron en expresar su indignación ante lo que consideran una injusticia flagrante.
Enrique Medrano Meza no es un desconocido dentro del gremio. Durante años ha liderado iniciativas que buscan mejorar las condiciones laborales y operativas de los pequeños empresarios del gas LP. Su papel ha sido fundamental en establecer puentes entre el sector gasero y las autoridades energéticas para garantizar que el servicio se ofrezca bajo estándares de seguridad y calidad. Por eso, cuando se dio a conocer que había sido detenido por presuntos vínculos con actividades ilícitas —concretamente, por acusaciones de narcomenudeo y extorsión— la reacción fue inmediata.
Los medios informaron que la detención formaba parte de una operación mayor contra redes de crimen organizado infiltradas en el sector energético. Sin embargo, esta narrativa fue rápidamente cuestionada por el gremio, que acusó una campaña de desprestigio y un uso político de las instituciones. “Consideramos que es una total injusticia que difamen su reputación e integridad, así como su trayectoria laboral con acusaciones infundadas, sin fundamento y fuera de la ley”, reza el boletín emitido por el GGN con fecha 2 de agosto de 2025.
Este documento, firmado por la directiva nacional, deja clara la postura del gremio: rechazan rotundamente los cargos en contra de Medrano Meza y exigen a las autoridades competentes una aclaración urgente que restablezca el buen nombre del líder. Desde el punto de vista gremial, esta detención no solo afecta a una persona, sino que sacude la estabilidad de un sector estratégico en la vida diaria de millones de mexicanos.
En el fondo, esta situación evidencia un conflicto más profundo: el malestar de miles de pequeños distribuidores que sienten que su trabajo es constantemente criminalizado, mientras grandes corporativos monopolizan rutas y recursos con impunidad. Para muchos dentro del gremio, Medrano Meza representa una voz incómoda para ciertos intereses económicos y políticos. Su detención, entonces, sería un intento de silenciar esa voz bajo el disfraz de una investigación judicial.
A esto se suma el contexto de tensión que ya se vivía en el sector por los controles de precios, la presión por normativas más estrictas y las trabas burocráticas impuestas a los pequeños distribuidores. La figura de Medrano Meza, lejos de ser un simple administrador, es vista por muchos como un articulador estratégico, capaz de unir a microempresarios con las autoridades para negociar mejores condiciones laborales y de seguridad.
De hecho, el boletín señala que “el Lic. Enrique Medrano Meza es una persona que se ha encargado de unir a nuestro gremio de microempresarios del gas L.P., para que, trabajando en conjunto con las Autoridades del sector energía, se garantice y se brinde el mejor desempeño, en condiciones de la más alta seguridad y calidad”. Esta declaración no solo busca humanizar su figura, sino subrayar su historial probado de cooperación institucional.
A lo largo de los años, Medrano Meza ha liderado mesas de diálogo, foros energéticos y ha sido portavoz de propuestas legislativas que buscaban formalizar a los miles de repartidores independientes que operan en México. Su trayectoria pública incluye múltiples reuniones con representantes de la CRE, SENER y Profeco, lo cual hace aún más polémica su repentina vinculación con redes delictivas.
En ese sentido, muchos observadores coinciden en que su detención representa un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y el gremio gasero. Las protestas, que comenzaron con bloqueos simbólicos, podrían escalar a un paro nacional si las demandas del GGN no son atendidas. No se trata solo de la libertad de un hombre, sino de la credibilidad institucional y del respeto hacia una base trabajadora que ha sido clave para el suministro de gas en el país.
Este estallido, que ha tenido eco en redes sociales, medios tradicionales y foros empresariales, pone en el centro del debate la necesidad de investigar a fondo sin criminalizar al sector. La exigencia no es menor: una investigación justa, transparente y libre de intereses políticos. Solo así se podrá restaurar la confianza y evitar una crisis mayor en la cadena de distribución de gas LP en México.
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