Jair Bolsonaro teme sufrir en el corto plazo un destino parecido al de la diputada Carla Zambelli. Su aliada, detenida en Italia en la cárcel de mujeres más populosa de Roma, fue condenada en Brasil por hackear el sistema de Justicia. Está sujeta ahora a un proceso de extradición que puede prolongarse demasiado. Su situación es un tema incómodo para el gobierno de Giorgia Meloni. Flavio, uno de los hijos del expresidente de extrema derecha, intercedió por ella. Pero hasta ahora la primera ministra no se pronunció. Tampoco su vice, Matteo Salvini. La afinidad ideológica no jugó un papel determinante hasta hoy y la prófuga fue enviada a prisión.
El caso Zambelli es una mala señal para Bolsonaro, aunque los delitos que se les imputan en Brasil sean distintos. La legisladora que huyó hacia Estados Unidos en junio, terminó en Italia. Hubo al menos dos razones para que cambiara de país. Tiene doble nacionalidad y adujo que el sistema de salud en EE.UU era demasiado costoso. En San Pablo, donde residía, se había tratado el año pasado por una presunta arritmia cardíaca. “Tengo muchos problemas de salud y la atención médica en Estados Unidos es muy cara”, explicó ya en Roma.
Su proceso judicial terminó con una condena a diez años por fraude y piratería informática. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) admitió la denuncia en mayo de 2024, la imputó y junto con ella fue sentenciado a 8 años y tres meses de prisión, el hacker Walter Delgatti detenido en Brasil. La investigación reveló que ambos introdujeron documentos falsos en el sistema del Consejo Nacional de Justicia. Uno de ellos era una orden de arresto apócrifa contra el juez del STF, Alexandre de Moraes.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el hacker “trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a información, a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria”. Según la acusación, ambos intentaron ocultar su relación a través de una tercera persona. Un empleado del despacho de la diputada que no fue llevado a juicio.
Zambelli quedó detenida en la cárcel de mujeres de Rebibbia, que está superpoblada. Su abogado tratará de evitar la extradición cuyo pedido ya fue presentado y el proceso podría demorarse de seis meses a un año y medio. Aunque la aliada del clan Bolsonaro posee la ciudadanía italiana, eso no le asegura su permanencia en la prisión de Roma.
Un antecedente podría ser negativo para su pretensión. En 2015, un tribunal judicial autorizó la extradición del exdirector de marketing del Banco do Brasil, Henrique Pizzolato. Como Zambelli, tenía doble ciudadanía. Había huido a Italia después de ser condenado en el escándalo del Mensalão por corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. Los hechos ocurrieron durante el primer gobierno de Lula (2003-2006).
La diputada que era buscada por Interpol vivía con su padre en un condominio situado a 20 kilómetros de Roma. Una visita de familiares a ese lugar le permitió a la policía encontrarla. Una vez detenida – según declaró su abogado -, su objetivo sería permanecer en Italia.
En declaraciones al diario La Repúbblica, Zambelli cuestionó a las máximas autoridades locales: “Esperaba algo más. De Salvini, pero también de Meloni, quien es amiga de Trump. Y Trump sabe lo que está pasando en Brasil”. La referencia al presidente de Estados Unidos no es ociosa. Apeló a la llamada Ley Magnitsky para castigar al juez De Moraes. Una clara señal de rechazo al proceso judicial que el STF sigue contra Bolsonaro. Aquella norma fue aprobada por el Congreso de EE.UU en 2012 con el objeto de alcanzar a funcionarios rusos acusados de corrupción. Pero ahora es la herramienta para desacreditar al integrante de la Corte brasileña.
El diputado federal Eduardo Bolsonaro tuvo éxito ante el entorno de Trump y logró que saliera a cuestionar a la justicia de su propio país. Está operando desde Estados Unidos en favor de su padre. No por casualidad Estados Unidos anunció días atrás sanciones financieras contra el juez a cargo del juicio al expresidente ultraderechista. Este domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles en varias ciudades de Brasil con consignas contrarias al magistrado Alexandre de Moraes.
El hijo mayor del líder ultraderechista, Flavio, no logró hasta ahora los mismos resultados por Zambelli. “Quiero pedir a la primera ministra Giorgia Meloni y al viceprimer ministro Matteo Salvini que apoyen no solo a Carla, sino también a cualquier otro brasileño perseguido políticamente en Italia. Hablo también como ciudadano italiano porque yo también lo soy: mi familia, Bolsonaro, es de origen italiano”, comentó citado por ANSA.
Zambelli tiene cierto perfil del militante bolsonarista promedio. Es una mujer de armas llevar. En plena campaña para las elecciones que ganó Lula en 2022, su imagen recorrió el mundo aquel sábado 29 de octubre. En ese momento ocupaba una banca en el Congreso por el Partido Liberal (PL) y ya era incondicional del expresidente.
Persiguió apuntándole con un arma de puño a un joven negro por la calle y fue descubierta en flagrancia. Su coartada era que había sido atacada. Horas después se supo que Luan Araújo, un trabajador de prensa freelance de 32 años, no la había agredido – como se vio en varios videos-, ni se trataba de un ladrón. Se desempeña como periodista deportivo y milita en la Democracia Corinthiana, una agrupación del club homónimo creada durante la dictadura militar.
El ministro del STF, Gilmar Mendes, ordenó por ese hecho a la Procuraduría General de la República incluir una segunda acción penal en el pedido de extradición realizado a Italia. El 15 de este mes será el juicio en el que Zambelli podría recibir una segunda condena a cinco años y tres meses de prisión en régimen semiabierto.
La diputada que acusó a Araújo de haberla agredido, se escapó a Estados Unidos. Abandonó Brasil cuando empezaban a tramitarse estas denuncias judiciales en su contra y ahora está presa en la cárcel para mujeres más grande de Italia.
Cortesía de Página 12
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