Bajo cargos de narcomenudeo y extorsión, el dirigente máximo del Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano Meza fue detenido por las Fuerzas Federales. Apenas hace dos meses había encabezado las acciones de resistencia que buscaban la eliminación del tope al precio del gas LP y también había participado en las negociaciones con las autoridades del sector.
Tras de su traslado al Reclusorio Norte, los seguidores de Medrano Meza han amagado con suspender el suministro del gas, si es vinculado a proceso.
Por culpa de los gasolineros y los gaseros —se asume dentro de las mesas de seguridad— el gobierno de México va perdiendo la batalla contra la inflación alimentaria. El éxito del PACIC depende en gran medida del control del precio de la tortilla y a pesar de las acciones de los funcionarios de la Secretaría de Economía, se mantiene en los mismo niveles del año pasado.
Al igual que el precio del litro de Magna, el kilo del gas LP tiene un tope, impuesto por los reguladores energéticos. De acuerdo con expertos, esta política no beneficia a las clases populares, sino que por el contrario, fortalece a los tortilleros industriales y golpea duramente a los gaseros.
Y es que producir un kilo de tortillas requiere apenas 0.85 pesos de gas, menos del 5% del precio final, que va desde los 18 hasta los 30 pesos en distintas regiones del país. Los productores, que operan con economía de escala y maquinaria automatizada —la mayoría, versiones de las tortilladoras fabricadas con el modelo desarrollado por la familia Celorio— se han convertido en los principales de una energía subsidiada artificialmente que adicionalmente ha generado un impacto negativo al sector gasero.
Emplazados a mantener sus costos operativos y cumplir con el “precio máximo”, los distribuidores de gas LP elevaron sus quejas contra dos de los funcionarios más cercanos al despacho presidencial: la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el procurador del Consumidor, Iván Escalante.
Sostener operaciones con márgenes de ganancia prácticamente nulos —apuntan— es inviable en un contexto de alzas en el precio de los hidrocarburos, elevados costos por transporte, regulaciones de seguridad y la nueva política laboral del gobierno, que obliga a otorgar cobertura de seguridad social a los empleados de las gaseras.
Medrano —quien hace tres años había dejado la representación gremial— intervino en el mecanismo de diálogo abierto por las autoridades con los distribuidores de gas, cuyas quejas por el control de precios han sido intermitentes desde el 2023. En la mediación promovida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, nadie salió indemne.
Los gaseros emprendieron una campaña mediática para exhibir la intransigencia de la secretaria de Energía y alertar sobre las consecuencias de mantener artificialmente bajo el precio del combustible.
“Por más que se disfrace de justicia social, el populismo energético tiene un costo”, decían los libelos que Medrano habría ordenado circular, de acuerdo a las autoridades del sector. “Luz Elena González ha optado por construir su candidatura (presidencial) con una fórmula conocida: usar recursos públicos para ganar simpatías y sostener una narrativa de ‘defensa del pueblo’, aunque eso implique sacrificar eficiencia, transparencia y competitividad”, denostaban.
Efectos secundarios
AMPLIACIÓN. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta bajo la batuta de Omar Gildardo Torres se prepara para duplicar su capacidad y seguir consolidándose como el tercero con vocación turística más importante en el país, gracias a la construcción de su Nuevo Edificio Terminal; una edificación moderna e imponente de más de 74,000 metros cuadrados, cuya inversión rebasará los 9,000 millones de pesos. Este crecimiento impulsará aún más la proyección de este aeropuerto que hoy se ubica como uno de los cinco con mayor tráfico internacional en México. Actualmente conecta con 56 destinos, nacionales e internacionales.
Cortesía de El Economista
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