El cerco judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se cerró un poco más este lunes, cuando la Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria por incumplir una prohibición de usar redes sociales en el marco de su juicio por intento de golpe. Además de permanecer en su residencia en Brasilia, Bolsonaro solo podrá recibir visitas de sus abogados y estará impedido de usar celulares, sea el suyo o de un tercero. Las prohibiciones anteriores de mantener contactos con embajadores o representantes extranjeros y de usar las redes sociales se mantienen.
“La justicia es igual para todos”
El juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista en el Supremo Tribunal Federal, fue quien determinó el régimen de prisión domiciliaria para Bolsonaro. En su resolución, Moraes ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del exjefe de Estado para incautar los teléfonos celulares y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales.
El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en redes sociales o por las de terceros, y que lo obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana. Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con “incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el poder judicial brasileño”.
En distintas marchas en ciudades de Brasil, miles de manifestantes defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro. Además de imponer un arancel adicional del 50 por ciento a la importación de parte de los productos brasileños, cuya eliminación condicionó a que cesen los procesos contra Bolsonaro, el gobierno de Trump le retiró la visa a ocho de los 11 miembros del Supremo brasileño y determinó el bloqueo de los bienes de Alexandre de Moraes.
“No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Messias Bolsonaro”, aseguró Moraes, para quien “es necesario la adopción de medidas más drásticas para evitar la continua reiteración delictiva por parte del procesado”. “La justicia es igual para todos. El acusado que incumple deliberadamente las medidas cautelares -por segunda vez- debe sufrir las consecuencias legales“, agregó el juez de la Corte Suprema.
De acuerdo con el equipo de abogados que defiende a Bolsonaro, el mensaje del expresidente que fue leído el domingo pasado “no puede ser considerado como un incumplimiento de la medida cautelar ni como un acto criminal”. Según la defensa, el líder ultraderechista solo se limitó a saludar. “Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos”, fue, según sus defensores, el mensaje de Bolsonaro leído en las marchas. Los abogados alegaron que la Corte “no lo prohibió de conceder entrevistas o de pronunciar discursos en eventos públicos”.
Las primeras medidas contra Bolsonaro fueron tomadas el 18 de julio en el marco de una investigación por presunta obstrucción en el proceso contra el exmandatario ante el Supremo Tribunal Federal. En ese momento Moraes, a quien Bolsonaro llamó “dictador”, le había ordenado al expresidente usar una tobillera electrónica, quedarse en su casa por la noche y los fines de semana, y una total prohibición en el uso de redes sociales. Días después, imágenes de Bolsonaro criticando al juez y mostrando ante las cámaras la tobillera electrónica fueron difundidas ampliamente en plataformas digitales, violando las medidas cautelares.
“No tiene pies ni cabeza”
El senador brasileño Flávio Bolsonaro pidió este lunes que el Senado inicie un proceso de destitución contra Moraes. En una entrevista con la filial brasileña de la CNN Flávio dijo que la resolución “no tiene pies ni cabeza” y que era una decisión “cobarde” e “inmoral” de Moraes. “No tiene condiciones (de seguir siendo magistrado); está llevando a la Corte a un gran desgaste”, declaró el político, quien aseguró que hay “decenas de senadores” dispuestos a apoyar el proceso y que hablará con el presidente del Senado sobre el asunto.
La familia Bolsonaro ya había pedido en otras ocasiones la destitución de Moraes, el principal blanco de ataques de la ultraderecha, pero la medida no había conseguido un apoyo significativo en la Cámara Alta. Según el senador, decretar la prisión domiciliaria es una respuesta a la sanción impuesta la semana pasada por el gobierno estadounidense, que congeló los activos y bienes que Moraes pudiera tener en ese país por supuestas violaciones a los derechos humanos.
El diputado Eduardo Bolsonaro, otro hijo que está en EE.UU. desde hace varios meses para pedir sanciones contra Moraes y que también está bajo investigación, escribió en redes sociales que se trataba de un “abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”. Jair Bolsonaro es acusado de conspirar para mantenerse en el poder tras los comicios de 2022, que ganó el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023. Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, el expresidente podría enfrentar una pena de unos 40 años de prisión en un proceso que se prevé que concluya en las próximas semanas.
El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) defendió la legalidad de la prisión preventiva domiciliaria decretada contra Bolsonaro. “Si existe una orden del Supremo y esta es incumplida, es evidente que el poder judicial tiene la prerrogativa de aumentar la penalidad propuesta”, escribió en redes sociales el líder del PT, Edinho Silva, quien agregó que los “defensores de la democracia” deben estar “al lado de la legalidad” para que el sistema democrático salga “más fuerte” del proceso que juzga a Bolsonaro y a otros altos cargos políticos y militares.
Cortesía de Página 12
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