En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se avaló por unanimidad con 37 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial para combatir la extorsión, que busca fortalecer las herramientas legales para perseguir este delito.
El dictamen de la iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone la creación de una Ley General que unifique la tipificación, sanciones y mecanismos de investigación de la extorsión en los tres niveles de gobierno.
El proyecto, modifica el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, y propone que se incluya el término “extorsión” a los rubros en los que el Congreso de la Unión puede legislar en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas, tortura, en el tema electoral, y ahora sobre la extorsión.
Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, indicó su posición a favor, ya que el delito de extorsión afecta a gran parte del país, y se da como respuesta a la demanda de los ciudadanos de todo el territorio nacional, proponiendo que, en el proceso, se abra un espacio de diálogo para conformar la Ley General en la materia.
“Que podamos abrir un espacio para ir trabajando esta Ley General que se anuncia, esta ley secundaria que se anuncia, para que contenga las opiniones de los gobiernos de los estados, porque ahora sería concurrente, de los señores fiscales de las entidades, de expertos de las barras de abogados y de todos nosotros y que analicemos este fenómeno delictivo en todas sus vertientes”, propuso.
Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, avaló la propuesta y señaló que será una gran tarea que se tendrá que realizar al aprobar el dictamen que dará las facultades.
“Va a permitir expedir una Ley General que debe tener implicaciones en materia de tipo penal especial, quizás, y el tema del Código Federal de Procedimientos Penales para revisar qué tipo de carga de prueba debe tener alguien que ya desde ahora se está señalando que va a ser de denuncia de oficio, entonces hay varia características que se tendrán que revisar en lo penal y procedimental y será una gran tarea, diputado Moreira y será una gran tarea en la Comisión y en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores”, indicó.
Cristina Márquez del PAN, se pronunció a favor de la idea que puede ayudar a evitar que una “imagen tan desgarradora” como la de la maestra jubilada Irma Hernández siendo cercada por los delincuentes, se vuelva a repetir.
De ninguna manera, podríamos no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país, y que ha degenerado en la delincuencia de ser un delito patrimonial ha convertirse en un delito que afecta la libertad y la seguridad de las personas.
Además, se plantea que en la creación de una Ley General, se homologuen las sanciones a quien cometa este delito y que sea perseguida de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.
En la exposición de motivos, del documento presidencial, el gobierno federal señala la necesidad de establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno, en los que privilegia el uso de tecnologías, sistemas de inteligencia informática para la investigación, persecución y sanción de este ilícito.
También reconoce que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2022 a 2024 se registraron cada año más de 10 mil víctimas de extorsión. En 2018 se registró un promedio de 18 mil extorsiones diarias, mientras que tan sólo en enero de este 2025 fue de 29 reportes por día.
Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero 2025. Solo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento.
Cortesía de El Heraldo de México
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