El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves un censo que excluya a los inmigrantes irregulares, en medio de su lucha por nuevos distritos electorales que favorezcan a los republicanos en el Congreso, aunque Texas y Florida, gobernados por la derecha, están entre los estados con más indocumentados. Los republicanos enmarcaron dentro de la batalla por los comicios de medio término de 2026 el anuncio de Trump, quien “instruyó al Departamento de Comercio empezar a trabajar inmediatamente en un censo nuevo” anticipado basado en los resultados de la elección de 2024 y “que no contará a las personas que vivan ilegalmente” en el país.
El censo se utiliza en Estados Unidos para distintos fines. Permite redibujar los mapas electorales y por lo tanto influye en el número de votos que cada estado aporta al colegio electoral (el organismo que elige formalmente al presidente), en los escaños del Congreso y en las políticas y asignación de fondos federales. Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump intentó incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, pero la Corte Suprema se lo impidió. Ahora vuelve a intervenir, consciente de que un cambio en el recuento oficial podría transformar el Congreso, el colegio electoral y las políticas públicas.
Una decisión “absurda e inconstitucional”
“Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”, anunció este jueves Trump en su plataforma Truth Social. La congresista Marjorie Taylor Greene celebró el apoyo del presidente a su iniciativa legislativa ‘Making American Elections Great Again’ (hacer las elecciones estadounidenses grandiosas otra vez). El proyecto de ley “no solo ordena un nuevo censo que cuente solo a ciudadanos estadounidenses, sino que ordena la redistribución de escaños según el nuevo conteo de ciudadanos estadounidenses y requiere prueba de ciudadanía para votar”, dijo la representante federal de Georgia.
Pero especialistas y opositores tacharon de “inconstitucional” el nuevo conteo, ya que la Constitución establece que el censo debe ocurrir cada 10 años (el próximo es en 2030) “contando el número entero de personas en cada estado”, de lo que entonces deriva la distribución de recursos federales y la representación electoral. “La demanda de Trump de un nuevo censo que cuente solo a ciudadanos no es solo absurda, es también inconstitucional. La Constitución de EE.UU. explica que el censo debería contar a todos”, expuso la organización civil Project on Government Oversight.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), uno de los grupos que lideró las demandas por los fallidos intentos de Trump de cambiar la composición del censo de 2020, indicó que podría avecinarse otra batalla legal. Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derecho al Voto de ACLU, afirmó que cualquier intento de la administración Trump de excluir del censo a los residentes estadounidenses sin estatus legal “desafiaría la Constitución, la ley federal y los precedentes establecidos”.
Un mapa más republicano
El pedido del mandatario, quien en su primer mandato pidió incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo pero jueces federales lo impidieron, ocurre mientras los republicanos impulsan un nuevo mapa electoral de Texas que les daría cinco escaños en la Cámara de Representantes. Con el objetivo de impedir la votación, decenas de congresistas demócratas huyeron del estado. Los republicanos de Texas amenazan con arrestarlos y el senador estadounidense John Cornyn pidió ayuda al FBI para localizarlos.
Horas antes de conocerse la propuesta de Trump, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria, Stephen Miller, declaró en una entrevista con Fox News que de “20 a 30 de los asientos de los demócratas en la Cámara de Representantes no existirían si no fuese por los extranjeros ilegales”. Según Miller “los demócratas manipularon el censo de 2020 al incluir a inmigrantes ilegales”.
El senador floridano Rick Scott indicó este jueves que la idea de Trump “garantizará que estados como California no ganen una ventaja injusta sobre estados como Florida y que los votos de cada ciudadano tengan el mismo peso”. En su cuenta de X, Scott manifestó: “Ahora deberíamos pasar mi Equal Representation Act (acta de representación equitativa) para prohibir que cuenten a quienes no son ciudadanos estadounidenses en el colegio electoral y la asignación de distritos congresionales”.
Los estados más afectados
En medio de una desaceleración demográfica, la población inmigrante aumentó en 1,6 millones de personas entre 2022 y 2023, muchos de ellos latinoamericanos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington. De concretarse la intención de Trump, el censo excluiría a un aproximado de 11 millones de indocumentados en el país, de los cuales unos 4 millones son mexicanos y, en total, 7,15 millones son de Latinoamérica, según la última estimación del Pew Research Center, instituto referente en demografía de EE.UU.
Los demócratas gobiernan el estado con más inmigrantes irregulares, California, con 1,8 millones, pero los republicanos dominan en los siguientes dos: Texas, con 1,6 millones, y Florida, con 1,2 millones. De hecho California es el único estado que perdió población indocumentada, 120 mil personas, entre 2019 y 2022, y ahora solo tiene 150 mil migrantes irregulares más que Texas, una diferencia que era de 1,2 millones en 2007, acotó el Pew Research Center.
Cortesía de Página 12
Dejanos un comentario: