Afines de octubre se vence el plazo que Donald Trump estableció para México. ¿Podremos resolver en tres meses un pliego petitorio que es más complicado que los de la CNTE?
Estados Unidos quiere que México atienda sus quejas en materias tan variadas como el funcionamiento de las Aduanas; las dificultades de inversión en el sector energético; los registros de medicinas y equipos médicos en Cofepris; el uso de glifosato y pesticidas en la producción agroalimentaria; los permisos para la experimentación en cultivos de algodón genéticamente modificados; el respeto a la propiedad intelectual y la redefinición de la protección de las denominaciones de origen pactadas con la Unión Europea.
Además, exige respuestas en lo que considera son condiciones inequitativas para las empresas estadounidenses de servicios de pagos; la garantía a las condiciones de competencia en Telecomunicaciones, luego de la desaparición del IFT… la revisión de la declaratoria del monopolio estatal de litio y más apertura a las inversiones en el sector minero.
No hay asunto fácil de resolver. En algunos casos se trata de comunicar mejor lo que se está haciendo y en otros se deberá remover a funcionarios incompetentes o hacer las inversiones necesarias para agilizar los procesos.
La lista que acabo de enunciar no es exhaustiva. Está contenida en un informe de 397 páginas que emitió la oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca, el US Trade Representative. No todo el informe está dedicado a México, porque pretende ser una visión panorámica de los agravios que el mundo inflige a Estados Unidos. El caso de México cabe en seis páginas y medio. Podemos compararlo con las 57 páginas que corresponden a China o las cinco páginas de Canadá.
El documento de 397 páginas está escrito con un lenguaje donde no hay mucha diplomacia. Es duro, seco y podríamos decir que el tono oscila entre lo mandón y lo quejumbroso. El primer párrafo del capítulo mexicano está dedicado a las aduanas y empieza así: “México continúa entregando información insuficiente de los cambios de procedimientos; es inconsistente la interpretación de los requisitos regulatorios en los diferentes puestos fronterizos… Con frecuencia, la notificación de los requerimientos nuevos fiscales o aduaneros se hace con una antelación de menos de dos semanas…”.
Si sólo fuera aduanas. El reclamo con Cofepris es que el rezago en la entrega de registros sanitarios es de 18 a 24 meses. La aprobación en México de productos que tienen el visto bueno de la Food and Drug Administration continúa reportando demoras de un año.
Entre las observaciones que se hacen a México, hay asuntos que han tenido mucha difusión-visibilidad como es el caso del glifosato y temas que sólo han estado en medios especializados. Llama la atención lo relacionado con proveedores de servicios de pagos electrónicos, “el marco legal limita a los proveedores (estadounidenses) de proveer la gama completa de servicios de valor agregado a través de la frontera, incluyendo la protección antifraude y aspectos que les permitirían diferenciarse en el mercado… Estados Unidos vuelve a urgir a México a facilitar un mercado competitivo y un campo de juego parejo, en correspondencia con las obligaciones de México en el USMCA”.
Son muchos temas a resolver en 90 días. Cualquier asunto puede ser la chispa que prenda el fuego porque estamos en condiciones incendiarias. El equipo negociador que encabeza el Secretario de Economía tiene dos frentes, el externo donde tenemos a un socio comercial proteccionista, mandón y voluble; el interno, que no es necesariamente más sencillo. En el que participan muchas dependencias del gobierno federal, que no están alineadas en la misma partitura o, simplemente, carecen de la capacidad para resolver los problemas que nuestro socio está planteando.
PS. Las exigencias que derivan del informe del USTR corren por una carretera distinta a las que derivan de las negociaciones en asuntos relacionados con seguridad, combate a los cárteles y políticos relacionados con ellos, migración y geopolítica.
Cortesía de El Economista
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