La frase “lo que se mide, se puede mejorar” era el lema del recién extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Aunque el organismo desaparece, su mensaje sigue siendo más vigente que nunca: sin datos confiables como brújula, cualquier intento por mejorar la economía corre el riesgo de navegar a ciegas. La medición precisa de fenómenos clave como el empleo, la inflación o la pobreza no es una tarea técnica menor: es condición necesaria para avanzar en el desarrollo económico y social.
Las estadísticas oficiales constituyen un bien público, en el sentido económico y en el de acceso a la población, de alto valor estratégico. Su credibilidad descansa sobre principios reconocidos internacionalmente: imparcialidad, objetividad, pertinencia, precisión, coherencia, transparencia, accesibilidad, replicabilidad y confidencialidad. Estos pilares no son ornamentos técnicos; son el sustento de la confianza ciudadana y de los debates informados. Cuando estos principios se vulneran, se erosiona la legitimidad institucional, y con ella, la efectividad de las políticas públicas.
Por ello, es indispensable que analistas, medios y tomadores de decisiones comprendan la metodología detrás de la generación y revisión de estadísticas. Un caso reciente ilustra los riesgos de ignorar esta dinámica: tras la publicación de cifras de empleo en Estados Unidos, Donald Trump acusó al Bureau of Labor Statistics (BLS) de manipulación, calificando el reporte como un “engaño” y destituyendo a su comisionada. Las críticas surgieron a raíz de revisiones a la baja en los datos de mayo y junio, pasando de 139 mil empleos inicialmente reportados a 14 mil en la cifra revisada. Si bien la magnitud del ajuste puede incomodar, las revisiones periódicas —al alza o a la baja— son parte inherente del compromiso con la precisión y la transparencia. El Buró, como muchas otras oficinas estadísticas, publica la serie histórica de revisiones donde todos los interesados pueden revisar que se hicieron ajustes aún mayores en enero 2009 y durante la contingencia Covid-19.
En el contexto mexicano, los registros del IMSS al mes de julio de 2025 reportan un aumento récord de más de 1.2 millones de empleos formales, impulsado en gran medida por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, particularmente en los sectores de reparto y transporte, al régimen de seguridad social. Más allá del debate normativo en torno a su formalización, este fenómeno representa un evento atípico que debe ser analizado con rigor al evaluar la evolución del empleo en la segunda mitad del año. Se trata de una variable clave en México, no sólo por su efecto estadístico, sino por su relevancia estructural en la medición del empleo formal, principal fuente de ingreso de los hogares en el país.
Otro caso relevante será la próxima publicación de la medición oficial de la pobreza en México, tarea que ahora recae en el Inegi tras la disolución del Coneval, y que se dará a conocer con los recientes resultados de la Enigh 2024 (muchos analistas replicaron la metodología de Coneval al publicarse la encuesta, pero Inegi presentará el 13 de agosto la propia con precisiones técnicas y ajustes metodológicos). Este cambio institucional representa un reto de continuidad metodológica y comparabilidad, y subraya la enorme responsabilidad que implica la generación de estadísticas replicables y robustas.
La independencia técnica de las oficinas estadísticas es tan crucial como la autonomía de los bancos centrales. No es solo deseable; es indispensable. En particular, el Inegi cuenta con un alto prestigio internacional, es un activo mexicano a nivel global, y debe mantenerse así. Asegurar su fortaleza institucional con recursos suficientes, respaldo legal y una cultura de integridad es condición necesaria para resistir presiones políticas y aportar al debate informado en México y en el mundo. Proteger la independencia de estas instituciones no es una tarea exclusiva del Estado. Es una responsabilidad colectiva, un compromiso con la verdad y con la construcción de una sociedad más informada.
*El autor es economista senior de BBVA México.
Cortesía de El Economista
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