Ayer 11 de agosto, por la tarde, El Economista publicó una nota firmada por Nicolás Lucas en la que se da cuenta de la grave situación por la que atraviesan 85 proveedores de Altán, la empresa que opera la red compartida a través de una Asociación Público-Privada que fue licitada a finales de 2016 y que hoy en los hechos es simplemente una empresa propiedad del Estado. Se trata de proveedores de equipo y elementos de la infraestructura de red que ese operador explota para ofrecer capacidad a operadores móviles minoristas, a los que Altán debe alrededor de 500 millones de pesos, por compromisos que no les ha pagado prácticamente desde noviembre de 2024.
De esa nota se desprende que los proveedores se encuentran francamente desesperados al grado de considerar como opción el interrumpir la conectividad de poco más de 2,000 radio bases. Lo anterior es un signo de que la operación de Altán dista mucho de tener la estabilidad financiera y operativa que presumía Carlos Lerma, hasta hace poco CEO de este operador, y que tanto él como los directivos de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) le hicieron creer a la presidenta Claudia Sheinbaum que podría ser un eje central de la política de telecomunicaciones de su gobierno.
Llama la atención que los pagos a los proveedores hayan dejado de ocurrir a partir de noviembre del año pasado, un mes después de que CFE TEIT y Altán notificaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la concentración de activos, después de que la primera instrumentara una estrategia para comprar la deuda del operador de la red compartida con acreedores, con un descuento del 90% respecto al valor del principal que aún estaba pendiente de ser liquidado. Así que primero sometieron a los acreedores para pagarles la deuda en esas condiciones ventajosas, y ya engolosinados, decidieron que ahora tocaba el turno de los proveedores, y por qué no, dejarles de pagar durante 10 meses. Por eso se les hacía fácil prometer que, en 2024, Altán lograría el equilibrio. Así cualquier burócrata puede presumir ser un empresario exitoso. El problema de eso es que le pintaron a la presidenta un escenario forzado, en el que CFE TEIT y Altán serían la piedra angular de los planes del segundo gobierno de la 4T para el sector telecomunicaciones.
A esta circunstancia hay que sumar las dudas sobre el número real de usuarios que son atendidos por los operadores móviles virtuales (OMV) que operan a partir de la capacidad que tienen contratada con Altán. Es una duda que existe en el propio IFT desde el 2021-2022 aproximadamente, y que apenas el mes pasado resurgió por el hecho de que el órgano regulador reportó un número de usuarios para Bait, el OMV propiedad de Walmart, sustancialmente menor que el número que reporta directamente ese operador.
Esto ocurre en el contexto de que surgen versiones no confirmadas que AT&T contrató a un asesor financiero para que le apoye en conseguir un interesado en adquirir sus operaciones en México. Por el bien del desarrollo del sector telecomunicaciones de nuestro país, esperemos que solo sea eso, un rumor. Sin embargo, es preocupante seguir enterándonos de la forma ficticia en que son operadas las redes móviles propiedad del Estado, y que con el nuevo marco legal, sabemos que recibirán un apoyo regulatorio expreso, lo que puede provocar en cualquier momento un nuevo reclamo del gobierno de los Estados Unidos, país de origen del corporativo de AT&T, que justo tiene su sede en Dallas, Texas.
Quizá es momento de que alguien que realmente le entienda a la operación de rede móviles le hable con franqueza a la presidenta Sheinbaum sobre los posibles escenarios de mayor presión financiera que seguramente se presentarán para la operación de CFE TEIT y Altán, para que se tenga claro cuáles son realmente las metas que podrán cumplir y a qué costo.
*El autor es economista.
Cortesía de El Economista
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