Por qué Washington DC no forma parte de ningún estado de EE.UU. y cómo su estatus especial le permite a Trump tomar el control de su policía

La capital de Estados Unidos es única en muchos aspectos, y en especial en el administrativo, político y legal.

Washington DC (Distrito de Columbia) carece de representante con voto en el Congreso -a diferencia de los 50 estados de la Unión-, no elabora su propio presupuesto ni puede aprobar leyes locales de manera definitiva.

Y, pese a contar con un departamento de policía propio, su elevada dependencia de las instituciones federales ha permitido al presidente Donald Trump asumir el control de la lucha contra la delincuencia en la ciudad de manera relativamente fácil.

En una acción sin precedentes, y pese a las protestas de las autoridades locales, Trump ordenó el lunes desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC y poner bajo control federal a la policía capitalina, además de exigir a los indigentes que desocupen la vía pública.

Para justificar su orden, el mandatario argumentó que la ciudad es una de las más peligrosas de EE.UU., con elevadas tasas de robos y homicidios.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, consideró injustificada la intervención de la Guardia Nacional, que calificó como una medida “inquietante y sin precedentes”.

Las autoridades capitalinas alegan que, desde que en 2023 se produjera un grave repunte del crimen, se ha registrado una tendencia descendente en casi todos los delitos.

Por otra parte, la intervención de Trump ha dado alas a la vieja reivindicación de Washington DC de abandonar su estatus especial e igualarse con el resto de urbes de Estados Unidos en autonomía y representatividad.

Analizamos en qué consiste el régimen legal que hace diferente a Washington DC y que ha facilitado la intervención de Trump.

Washington DC tiene un estatus administrativo único: no pertenece a ninguno de los 50 estados, sino que es un distrito federal bajo jurisdicción directa del Congreso de Estados Unidos por orden de la vigente Constitución de 1787.

La Carta Magna estableció que, dada la necesidad de mantener un lugar neutral para llevar a cabo las funciones del gobierno federal, garantizando su seguridad y funcionamiento, la capital no debía ser un estado sino un distrito bajo la jurisdicción del Congreso.

Tras décadas de presión para ampliar los derechos democráticos de sus residentes, en 1973 el parlamento bicameral aprobó una ley que permitió a la ciudad elegir a su propio alcalde y al Concejo del Distrito de Columbia, órgano legislativo para gestionar asuntos locales.

Sin embargo, la autonomía siguió siendo limitada: todas las leyes y presupuestos que aprueba el Concejo deben pasar por un periodo de revisión del Congreso, que los puede modificar o vetar.

Además, a diferencia de los estados, Washington DC no cuenta con representación plena en el parlamento: carece de senadores y solo tiene un delegado en la Cámara de Representantes, que puede participar en comités y debates pero no votar en el pleno.

“712.816 residentes de DC sin votación en el Congreso”, proclama en su portada la página web de la alcaldía, que denuncia que los habitantes de la capital “cumplen con todas las obligaciones de la ciudadanía estadounidense y, sin embargo, se les niega la representación”.

El peso de Washington DC en el Capitolio es comparable con el de la isla de Puerto Rico, un estado libre asociado que tiene voz pero no voto en el legislativo.

Desde hace décadas, líderes políticos y parte de la población impulsan el movimiento por la estadidad, que busca convertir a esta ciudad en el estado número 51.

Argumentan que solo así sus residentes obtendrían igualdad de derechos frente al resto del país y protecciones legales que impidan intervenciones federales unilaterales, como la que esta semana ordenó Donald Trump.

Argumentan que la capital paga impuestos federales y tiene más habitantes que territorios que sí cuentan con representación completa en el Capitolio, como Wyoming o Vermont.

Varios intentos de cambiar su estatus en las últimas décadas culminaron en fracaso, principalmente por la resistencia del Partido Republicano, ya que Washington DC es tradicionalmente un bastión demócrata y, en caso de asumir escaños en el parlamento, probablemente se los llevaría la formación progresista.

En 2021, cuando el Partido Demócrata controlaba la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, los legisladores llegaron a aprobar un proyecto de ley para convertir a la capital en el estado número 51.

La iniciativa, sin embargo, nunca llegó a votarse en el Senado y quedó archivada.

La maniobra de Donald Trump para tomar el control de la seguridad en Washington DC se apoyó en una disposición específica de la legislación local.

La Ley de Autonomía del Distrito de Columbia incluye, en su Sección 740, una cláusula que autoriza al presidente de EE.UU. a asumir el mando del Departamento de Policía Metropolitana del distrito “con fines federales” y “en condiciones especiales de emergencia”.

Trump invocó esa facultad declarando una “emergencia de seguridad pública” en la capital, tras asegurar que se ha agravado la delincuencia.

Con esa base legal, ordenó federalizar temporalmente la policía de Washington DC y ponerla bajo la supervisión de la fiscal general, Pam Bondi, designada por la Casa Blanca para dirigir el operativo.

Según la ley, el control presidencial directo sobre la policía local no puede superar los 30 días, salvo que el Congreso apruebe una extensión.

En cuanto a la Guardia Nacional, a diferencia de lo que ocurre en los estados, en Washington DC está bajo control directo del presidente, no de un gobernador, por lo que Trump ha podido desplegarla a su voluntad.

En esta ocasión ordenó el envío de 800 efectivos de la Guardia Nacional, además de cientos de agentes de agencias federales como el FBI, la ATF y la DEA.

Su autoridad sobre la Guardia Nacional, combinada con las facultades que le otorga la Sección 740, permitió a Trump asumir el mando en materia de seguridad sin contar con las autoridades de la ciudad, que consideran la medida injustificada.

“No controlamos la Guardia Nacional de Washington DC ni tenemos senadores ni plena autonomía. Por eso me han escuchado a mí y a muchos otros habitantes de Washington abogar por la estadidad de Washington DC”, protestó la alcaldesa Bowser, en un mensaje en la red social X tras la orden del presidente.

El despliegue de tropas y la toma de control de la policía en Washington DC se interpreta desde algunos sectores como el inicio de una campaña contra la delincuencia que Donald Trump puede extender próximamente a otras urbes de Estados Unidos.

Sin embargo, no se podría replicar con la misma facilidad en ciudades que forman parte de un estado, donde la policía local depende de autoridades municipales y estatales, y la Guardia Nacional está bajo el mando del gobernador.

El presidente no puede asumir el control de un departamento de policía ni ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en una ciudad sin el consentimiento del gobierno estatal, salvo que invoque facultades excepcionales otorgadas por el Congreso.

Entre ellas destaca la Ley de Insurrección de 1807, que permite emplear fuerzas armadas o federalizar la Guardia Nacional únicamente en situaciones extremas, como insurrecciones o violencia generalizada, y generalmente exige demostrar que las autoridades locales no pueden mantener el orden.

Con base en esta antigua norma, el pasado junio Trump ordenó enviar a 700 marines y unos 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para disolver protestas callejeras en contra de su política de deportación de migrantes indocumentados.

Ess despliegue de fuerzas fue realizado en contra de la voluntad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

California demandó al gobierno federal alegando que el despliegue violaba la ley vigente, que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de orden interno sin autorización específica.

El caso, que se encuentra en los tribunales, podría sentar un precedente sobre los límites de la autoridad presidencial en materia de seguridad local.

Para los juristas, la diferencia clave es que Washington DC está bajo mando federal directo, mientras la autonomía de las otras ciudades está protegida por la Constitución.

Así, cualquier intervención federal no pactada con las autoridades locales enfrentaría no solo resistencia política, sino también el riesgo de ser bloqueada en los tribunales.

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