Cancún, QRoo.- El movimiento Sélvame del Tren dio a conocer que esta misma semana se llevó a cabo una nueva diligencia judicial en las cuevas sobre las que corre el Tren Maya en el tramo 5 sur, como parte de uno de los juicios de amparo que se mantiene vigente contra este proyecto.
Guillermo D’Christy, uno de los activistas más visibles del movimiento, informó que personal del Juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán acudió a las cavernas Garra de Jaguar y Oppenheimer en Tulum para observar el estado en que se encuentran las cavernas, después de los daños ocasionados por el derrame de cemento que ocurrió al momento de inyectarlo en las pilas que soportan la vías del tren.
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La diligencia forma parte de la aportación de pruebas en el juicio que solicita la cancelación del proyecto y restauración del ecosistema.
D’Christy aseguró que los representantes del Poder Judicial pudieron constatar que las afectaciones a las cavernas por las perforaciones y derrames de cemento aún persisten, pese a los intentos de ocultar los daños por parte de los responsables del megaproyecto.
Asimismo, se observó a personal de la Secretaría de la Defensa trabajando y operando con normalidad, a pesar de estar vigente una suspensión definitiva en otro de los juicios contra el tramo 5 del Tren Maya, por lo que aseguró que se mantiene el desacato al mandato judicial del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Porder Judicial Federal.
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Añadió que hubo una excesiva demora para ordenar y realizar esta inspección judicial por parte del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, ya que dicha prueba se solicitó desde el mes de marzo de 2024, por lo que su instrucción y su desahogo a un año y medio después de los hechos, impidió que se constatasen de mejor forma los impactos y daños ocurridos, dando oportunidad a los responsables del Tren Maya de ocultar los daños.
Sélvame del Tren espera que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán tome en cuenta la evidencia encontrada en la inspección y ordene una nueva suspensión definitiva, de cara a la resolución de fondo del asunto.
Cortesía de El Economista
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