El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que una prisión estatal actualmente abandonada en el norte del estado será convertida en un nuevo centro de detención para migrantes, que se llamará “Depósito de deportación“, poco después de la apertura de “Alcatraz para Caimanes“. El anuncio se produjo mientras un juez federal evalúa una denuncia que podría poner en jaque el futuro de este primer centro, cuya legalidad y condiciones han sido duramente cuestionadas.
“Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos Depósito de deportación“, afirmó DeSantis en una conferencia de prensa realizada en el Instituto Correccional del condado de Baker, donde se emplazará el centro.
La cárcel, actualmente clausurada y situada a unos 70 kilómetros al oeste de Jacksonville, tendrá capacidad inicial para más de 1.300 migrantes, con la posibilidad de expandirse hasta 2.000. DeSantis aseguró que estará “operativa pronto“, aunque sin una fecha concreta: “No tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo”.
Este será el segundo centro específico para migrantes en Florida tras la apertura del “Alcatraz para Caimanes”, inaugurado a comienzos de julio en el sur del estado con la presencia del presidente, Donald Trump. “La intención no es alojar personas indefinidamente. Queremos procesarlas, organizarlas y devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Ese es el objetivo“, explicó DeSantis.
Un nuevo “Depósito de Deportación”
Desde su retorno a la Casa Blanca, el estado de Florida se posicionó como uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria y es el único estado que exige a las agencias locales de policía cooperar obligatoriamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a migrantes indocumentados. DeSantis argumentó que la construcción del nuevo centro responde a las necesidades del gobierno federal bajo la administración de Trump. “Existe una demanda para esto. Estoy seguro de que se ocupará”, afirmó.
Aunque inicialmente se consideró instalar el “Depósito de Deportación” en la Base Blanding de la Guardia Nacional, DeSantis afirmó que la prisión abandonada cumplía mejor con los requisitos. “Blanding tiene capacidad aérea, pero probablemente no una pista lo suficientemente grande para aviones grandes”, explicó. En cambio, la cercanía del condado de Baker a un aeropuerto regional lo convirtió en una mejor opción.
El gobernador prometió que los detenidos en el nuevo centro recibirán “los mismos servicios” que en “Alcatraz de los Caimanes”, situado en los Everglades, el pantano floridiano. Además, destacó que reacondicionar una prisión existente es mucho más económico que construir una nueva: estimó el costo en 6 millones de dólares, una fracción de los cientos de millones que, según él, ya se han destinado a la red de carpas y tráileres del centro del sur del estado.
“Esta parte del centro penitenciario no se está usando actualmente para presos estatales. Nos da la posibilidad de ponerlo en funcionamiento de forma rápida y económica“, dijo, calificando el sitio, que ahora aloja parte de las oficinas del Gobierno local, como “listo para usarse“.
Según el director de la agencia encargada de supervisar la construcción del nuevo centro, la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, podrían llegar a poner en funcionamiento el centro en dos o tres semanas. La prisión fue cerrada en 2021 debido a una escasez de personal. “Un edificio que ha estado inactivo un par de años tendrá desafíos imprevistos“, advirtió Guthrie. Entre las mejoras necesarias figura la instalación de aire acondicionado, que no es obligatorio en las cárceles de Florida a pesar del calor extremo.
De acuerdo al gobernador, el personal del nuevo centro estará conformado por miembros de la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales “según sea necesario”. La Guardia ya fue desplegada anteriormente para ayudar en la dotación de personal en las cárceles y ahora participa en las controvertidas redadas de control migratorio, entre otras medidas.
Obstáculos
El anuncio del “Depósito de Deportación” se produce luego de que una orden judicial federal detuviera la expansión del “Alcatraz para Caimanes”, tras una demanda presentada por grupos ambientalistas que denuncian riesgos para los humedales y la fauna del área, que se suman a las preexistentes acusaciones de condiciones indignas para los detenidos.
El centro anterior, inaugurado en el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, a unos 70 kilómetros de Miami, tiene una capacidad para 3.000 migrantes y, según DeSantis, se había advertido que, una vez alcanzado ese límite, se abriría un nuevo centro. “Ya hemos llegado al punto en el que estoy seguro de que necesitamos capacidad adicional”, señaló el jueves, aunque sin confirmar si el “Alcatraz para Caimanes” ya está lleno.
La nueva oleada de centros estatales busca aprovechar los 45.000 millones de dólares de nuevos fondos para ICE previstos en el llamado “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, que también destina 30.000 millones a una agresiva campaña de contratación para sumar 10.000 agentes migratorios. El improvisado centro tuvo un costo estimado de 450 millones de dólares en su primer año, con un gasto aproximado de 245 dólares por cama por noche, según informes del Departamento de Seguridad Nacional. En comparación, ICE gastó en 2023 unos 187 dólares diarios por cada adulto detenido a través del territorio.
Mientras tanto, las condiciones del centro del humedal de Florida siguen bajo fuerte escrutinio. Abogados defensores de migrantes retenidos en él calificaron el entorno como deplorable: personas con síntomas de COVID-19 no son aisladas, las carpas se inundan con lluvias y los agentes presionan a los detenidos para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de poder consultar con un abogado. “Las condiciones recientes han generado una sensación de desesperación entre los detenidos”, se indicó en una presentación judicial.
Los reclamos fueron presentados este miércoles, en vísperas de una audiencia prevista para el lunes ante el juez federal del condado, Rodolfo Ruiz. Otra demanda federal acusa al centro de bloquear el acceso de los detenidos a asistencia legal y de mantener a las personas en “condiciones hacinadas, insalubres y duras”, con alimentación deficiente, celdas propensas a inundaciones y un “uso excesivo de la fuerza” por parte de los guardias, que en al menos un caso derivó en la hospitalización de un detenido.
También persisten dudas sobre quién opera realmente la instalación y quién asume la responsabilidad legal. Actualmente, los abogados aseguran que frecuentemente se les dice que ningún tribunal federal de inmigración en Florida tiene jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades, lo que complica la presentación de peticiones de fianza o liberación. La decisión del juez podría afectar no solo el funcionamiento del centro actual, sino también el futuro de la red estatal de centros de detención.
Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió los esfuerzos liderados por los republicanos para aumentar la capacidad de detención migratoria en todo el país y describió el modelo de Florida como un posible ejemplo para otros estados. “Gracias Florida por dar el paso adelante y atender nuestro llamado”, expresó Noem tras la inauguración del “Alcatraz para Caimanes”.
Cortesía de Página 12
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