La sucesión en la Suprema Corte de Justicia está en su fase final. Quienes fueron electos en las urnas en la pasada elección judicial vestirán la toga y tomarán posesión del cargo el 1 de septiembre. Los equipos de los ministros salientes y los entrantes han estado ocupados en los trabajos de entrega-recepción desde hace varias semanas. De hecho, los nuevos togados ya se han repartido las ponencias que dejan sus antecesores, tras haber realizado un sorteo al azar, según han confirmado fuentes del alto tribunal a EL PAÍS. Por descontado, Hugo Aguilar, que encabezará la nueva Suprema Corte, ha tomado la ponencia de Norma Piña, la última presidenta del alto tribunal en la era que termina. Para coronar la transición, los ministros que están por retirarse aprobaron el proyecto de presupuesto con el que trabajará la nueva Corte en su primer año, dejándoles intactos los privilegios económicos que tanto criticaba el oficialismo y que motivaron en parte la polémica reforma judicial.
Los ministros electos se reunieron en la sede del Supremo a finales de junio para hacer un sorteo y asignarse las ponencias de los salientes. De acuerdo con las fuentes consultadas, Estela Ríos, que fue consejera jurídica del Ejecutivo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tomará la ponencia de Jorge Pardo; Sara Herrerías, que ha sido colaboradora del fiscal general, Alejandro Gertz, asumirá la ponencia de Javier Laynez; Giovanni Figueroa tomará la ponencia de Juan Luis González Alcántara; Arístides Guerrero trabajará con la de Margarita Ríos, e Irving Espinosa se quedará con la de Alfredo Gutiérrez. Las fuentes agregan que, antes del sorteo, Estela Ríos comunicó a sus colegas que no aceptaría las ponencias de Alcántara y Ríos Farjat, a los que acusó de haber “traicionado” a López Obrador, por lo que la insaculación, en su caso, se hizo descontando esos grupos. Las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que se presentaron a la elección y lograron conservar su lugar en la Corte, mantendrán sus equipos de trabajo.
Al reducirse de 11 a 9 los asientos en el Supremo, a raíz de la reforma judicial, la ponencia que dejará ahora Alberto Pérez Dayán no será reasignada, lo mismo que la que dejó el año pasado Luis María Aguilar. A pocos días de que inicie la nueva Corte, decenas de abogados del alto tribunal han anunciado su renuncia al cargo, en protesta por la elección de juzgadores o en solidaridad con los ministros salientes. Sin embargo, la mayoría de los actuales funcionarios han mantenido su posición o se han trasladado a alguna de las otras nueve ponencias. Estos funcionarios judiciales trabajarán también con los colaboradores que llegan con los ministros electos.
Los nuevos togados rendirán protesta de su cargo en una liturgia con aires indigenistas, un rasgo que ha querido marcar el futuro presidente del Supremo, de raíces mixtecas. Ese día, en la Corte, habrá una “ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio”, según la invitación enviada a los medios de comunicación. El oficialismo quiere transmitir el mensaje de que se aproxima una nueva era en el alto tribunal, que será “purificado” tras el largo periodo de supuesta corrupción y desapego del pueblo que le endilgaban Morena y López Obrador, el gran arquitecto de la elección de los jueces por voto popular.
Sin embargo, el pretendido discurso de renovación choca de frente con la inercia del pasado. Aparte del hecho de que los nueve ministros entrantes fueron electos gracias a una enorme operación electoral impulsada desde el Gobierno en la que se orientó polémicamente el voto a favor de sus candidaturas, el presupuesto que ejercerá la nueva Corte en su primer año no representa una ruptura respecto del gigantesco gasto que ha ejercido hasta ahora el alto tribunal. El proyecto aprobado es de casi 5.900 millones de pesos, que representan un incremento de 13% en comparación con el gasto ejercido este año. De ese monto, 2.900 millones de pesos, prácticamente la mitad, irán al pago de sueldos y prestaciones.
El proyecto aprobado, del que este periódico tiene una copia, indica que los ministros tendrán un ingreso bruto mensual de casi 192.000 pesos, un sueldo idéntico al de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Y, si bien se ajusta al artículo 127 constitucional, que indica que ningún servidor público puede recibir una remuneración más alta que la del titular del Ejecutivo, los funcionarios de la nueva Corte conservarán otras prestaciones que contravienen la política de austeridad republicana establecida por Morena. Por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores que costará 161 millones de pesos, y un seguro de separación individualizado por 143 millones. La nueva Corte pagará también 50,4 millones de pesos en “ayuda para despensa” para el personal; 3 millones para dar “estímulos” por el Día de la Madre y el Día del Padre, y 20 millones para “ayuda de vestuario” y “apoyo para la adquisición de anteojos”.
Solo el ministro Alcántara votó en contra del proyecto de presupuesto, durante una tensa sesión privada entre los togados el pasado martes. Su argumento era que elaborarlo le correspondía a la nueva integración del Supremo una vez que tome posesión, y específicamente al flamante Órgano de Administración Judicial, que asumirá la gestión de los recursos de toda la judicatura federal. El ministro cuestionó el hecho de que se aprueben recursos sin que se sepa, a la fecha, exactamente cuántas personas integrarán el alto tribunal, tomando en cuenta la eliminación de dos ponencias y de las dos salas vigentes (para sesionar siempre en pleno). También criticó los gastos superfluos, como el apoyo económico para que los ministros compren medicamentos no cubiertos por el seguro y el apoyo para alimentación que se les dará mensualmente (por 65.000 pesos), o los recursos destinados al arrendamiento de computadoras Mac y para trabajos de jardinería.
“Uno de los motivos que generaron descontento en la labor de la Suprema Corte, según el órgano reformador [el Congreso], fueron los lujos y privilegios que los ministros ostentábamos. En ese sentido, considero que existen gastos previstos que ya eran excesivos y hoy resultan mucho más”, dijo Alcántara durante la sesión. Fuentes del Supremo señalan que el proyecto de presupuesto fue planchado previamente entre Aguilar, Piña y el resto de los ministros salientes, como lo demuestra el hecho de que fue aprobado casi por unanimidad. Ese proyecto puede considerarse un obsequio a la nueva Corte o una manzana envenenada. Ahora, los nuevos togados tendrán que decidir si aceptan continuar con la criticada ostentación o dar un golpe de timón para regresar a los principios de Morena.
Cortesía de El País
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