Hay bastante información de las acusaciones de corrupción relacionadas con Pemex que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló la semana pasada. Sabemos quiénes son los presuntos sobornadores: dos mexicanos, con nombre y apellido. Sabemos el horizonte de tiempo: entre 2019 y 2021. Sabemos cuáles fueron los presuntos sobornos: relojes Hublot, bolsas Louis Vuitton y una caminadora de lujo, entre otros. Sabemos su objetivo: obtener contratos lucrativos de la subsidiaria de Exploración y Producción (PEP) de Pemex que, de acuerdo con el DOJ, ascendieron en valor a más de 2.5 millones de dólares. Con una simple transformación aritmética, sabemos que el presunto moche era de tantito más que el 5 por ciento.
De lo que sabemos muy poco es de los presuntos sobornados. El DOJ declaró que los pagos y ofrecimientos de pago fueron hacia “al menos tres oficiales de Pemex y PEP”. Pero no revela sus nombres. Tampoco aclara si alguna fiscalía estadounidense estará investigando y explorando alternativas para perseguirlos. Los alcances del Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, la principal ley que se invoca para esta acusación, típicamente se limitan a los sobornadores -sin llegar a los oficiales extranjeros sobornados-. En casos de este estilo, la investigación subsecuente normalmente viene de la compañía implicada y las autoridades de su país. Como víctima de la corrupción, para no convertirse en protagonista, Pemex debería ser el primer interesado en saber quiénes fueron y cómo puede sancionarlos. En principio, también debería urgirle mostrar públicamente, de manera contundente, que no tolera la corrupción y que cualquier asunto relacionado con corrupción se acota, investiga, expulsa.
Hasta ahora, Pemex se ha quedado callada: ni comunicado ni respuesta a los medios. Esto no implica que no esté haciendo nada. Pero la falta de respuesta es particularmente delicada porque la presidenta de México ya se pronunció. Ella aseguró tener más información, que suena a información confidencial de Pemex, pintando el asunto como un intento de soborno y no como un soborno consumado. En la postura de la presidenta todavía no queda claro si disputa que los funcionarios de Pemex hayan recibido los sobornos, o si solamente disputa que hayan entregado los contratos. Tampoco deja claro qué medidas aplicó Pemex a los suyos ante el intento de soborno. Bajo la lógica mexicana dominante, tiene sentido que la Secretaría Anticorrupción ahora indague. Pero Pemex tiene stakeholders que no están inmersos en la política mexicana.
En el mundo financiero internacional, del que Pemex tanto depende para seguir operando bajo su pesada estructura de deuda, su opacidad pública empieza a ser un tema delicado. Sobre todo porque el fondo soberano noruego ya dejó registro y precedente público de que la falta de rendición de cuentas ante escándalos de corrupción sugiere que sus políticas de compliance no se siguen. En su opinión, el historial de Pemex en estos temas no les permitía garantizar que, financiándola, tampoco estuvieren financiando o apoyando indirectamente a la corrupción. Quizás a ellos, que ya se desinvirtieron de Pemex, ya los perdimos como fuente de capital por el futuro previsible. Sin embargo, su crítica de todos modos era una oportunidad para que Pemex tomara nota y empezara a ser más proactivo. Primero porque es lo correcto. Pero también porque los riesgos de enforcement internacional son significativos.
Con la acción de la semana pasada, por ejemplo, Estados Unidos está reiniciando su enforcement global del FCPA después de una breve pausa. De alguna forma, todo esto está sugiriendo que México es una prioridad para las unidades anticorrupción. A esto habría que agregarle la guerra frontal de la Casa Blanca y el gobierno entero de Estados Unidos le están dando contra los carteles mexicanos. En este espacio, otras agencias de Estados Unidos han identificado extensos vínculos entre el huachicoleo a Pemex y el financiamiento de organizaciones terroristas. Siempre han percibido y planteado a Pemex como una víctima. Pero en la medida en la que las acciones de Pemex se perciban como insuficientes, conducentes a la impunidad, en este espacio también podría pasar lo que pasó con los noruegos. Aunque fuera por mera falla de comunicación.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: