El Proyecto Portero, la iniciativa de la DEA contra las redes de contrabando, nuevo conflicto entre México y la agencia antidrogas

El lunes 18 de agosto, la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, anunció con un comunicado el Proyecto Portero, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración con sus socios mexicanos en “la lucha contra los cárteles” para cortar las redes de contrabando que inundan con “mortales drogas sintéticas” a las comunidades estadounidenses. Al día siguiente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó que hubiera algún trato con ellos. “Emiten el comunicado, no sabemos con base en qué; nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo”, enfatizó en su conferencia de prensa diaria.

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“Al mismo tiempo que lo conocieron ustedes, en ese mismo momento me enteré yo del comunicado; igual que el secretario de Seguridad, igual que el fiscal, igual que el secretario de la Defensa, de Marina”, explicó Sheinbaum, que comentó que nada más leerlo habló con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para preguntarle si se había firmado algún acuerdo con la agencia antidrogas que ella no conocía.

La presidenta se quejó también de que el anunció usase la frase “la DEA y México”, como si fueran entes del mismo rango. “El Gobierno de México ¿con quién hace acuerdos? Con el gobierno de los Estados Unidos, es el mismo nivel”, y remarcó, “no hay un acuerdo en particular con esta agencia de Estados Unidos”.

La única información disponible sobre este Proyecto Portero viene del mensaje de la DEA. Lo define como una iniciativa emblemática con el objetivo de desmantelar a los gatekeepers o porteros, los miembros de los cárteles que controlan los corredores de contrabando por los que el caudal de fentanilo y cocaína fluye desde México hacia Estados Unidos y baja de vuelta cargado de armas y dinero en efectivo. “Al poner nuestra mira directamente sobre los porteros, la DEA y sus socios estamos golpeando el corazón de los sistemas de mando y control del cartel”.

Lo que no está claro es quiénes son esos socios. En Estados Unidos está coordinado junto al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y trascendidos en prensa aseguran que también están en el barco el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; pero del lado mexicano, de acuerdo a la máxima autoridad del país, no hay ninguna institución a bordo.

“Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad, con la DEA”, palabras exactas de Sheinbaum. “Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas”, añadió.

De acuerdo al comunicado, el Proyecto Portero ha lanzado un programa de entrenamiento de varias semanas en un centro de inteligencia de su frontera suroeste que reúne a investigadores mexicanos con policías, fiscales, abogados, funcionarios de defensa e inteligencia para desarrollar estrategias coordinadas, fortalecer el intercambio de inteligencia e identificar objetivos que interesen a los dos países.

Este desencuentro parece una vuelta a la relación ríspida que mantuvo la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con la DEA. Mientras que con los gobiernos encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto incluso hubo aumentos en el número de agentes y técnicos en territorio mexicano, el sexenio de López Obrador estuvo marcado por una desconfianza mutua que cristalizó en 2020 con una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que acotaron las actividades que los agentes extranjeros pueden hacer en México.

La llegada de Sheinbaum con García Harfuch como plenipotenciario secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pareció cambiar la situación. García Harfuch mantiene buena relación con las agencias estadounidenses y, desde que Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos, los operativos contra el tráfico de fentanilo son constantes en México. También, ante la amenaza de una guerra comercial, México ha extraditado a 55 narcotraficantes en dos tandas, incluyendo a Rafael Caro Quintero, un objetivo prioritario para Estados Unidos por su relación con el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.

Terrance Cole, nombrado director de la DEA por Trump en febrero de 2025, aseguraba que esta nueva iniciativa refleja las prioridades de su mandato: “Renovar el compromiso de la DEA con la aplicación de la ley, desmantelar los cárteles designados como organizaciones terroristas y fortalecer la colaboración con las contrapartes extranjeras”. El “Proyecto Portero y su nuevo programa de entrenamiento mostrará cómo vamos a luchar, planeando y operando codo con codo con nuestros socios mexicanos”. De momento no parece tener mucho eco al sur del río Bravo.

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Cortesía de El País



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