Tres meses después del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, quizás los dos colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ¿qué se tiene? Trece personas detenidas, seis presuntamente por su participación en la logística del atentado y otras siete, aparentemente -porque no lo han precisado las autoridades- por narcomenudeo y robo. ¿Qué no se tiene? Al asesino, que reconocieron las autoridades, tenía un entrenamiento especializado -no era un sicario ordinario- y el arma que utilizó. Tampoco se tienen a los autores intelectuales ni el móvil, aunque esto será producto de una segunda fase, si es que en algún momento la opinión pública llega a conocer la verdad de este crimen.
El avance de la investigación fue dado a conocer ayer por la tarde en una conferencia de prensa, donde lo más revelador fue lo que revelaron como si fuera algo normal. Oficialmente, la investigación la encabeza la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, porque los homicidios pertenecen al fuero común. Pero por encima de ella está todo el gobierno federal. Como describió el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, participan el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
Evidentemente, estos asesinatos están siendo tomados como un asunto de Estado. El tratamiento que se les da es como si fuera un atentado perpetrado por el crimen organizado. Esta es una de las líneas de investigación que están abiertas, aunque no lo dicen públicamente las autoridades por razones de sigilo, pero no es la única. La otra gran línea de investigación es que fue un ajuste de cuentas interno dentro del grupo político que controla la alcaldía de Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa por casi una década. Una línea que, por protocolo, casi se sigue en los asesinatos por razones personales, puede descartarse.
El atentado, explicó Luján ayer, se planeó durante casi tres semanas y se frustró el 14 de mayo, quince días antes de ejecutarlo, porque en el punto seleccionado para realizarlo, sobre la avenida Tlalpan, donde Ximena seguía la rutina diaria de recoger a José a la salida de un puente peatonal subterráneo, ese día no llegó por él. No lo mataron ahí, porque lo que buscaban era el doble asesinato que llevara el mensaje directo a Brugada.
La jefa de Gobierno lo recibió. Se llevó casi dos meses reemplazar a Ximena como su secretaria particular, pero el nombre de la persona que la sustituyó se guarda con enorme secrecía por razones de seguridad.
Este detalle no es menor. Revela que no fue un atentado dirigido específicamente contra Ximena o José, sino un mensaje contra Brugada, de personas que conocían su cercanía, cariño y confianza con ellos, que eran sus operadores y enlaces de gestoría con grupos políticos y empresarios desde que trabajaron con ella en Iztapalapa.
Mantener en secreto el nombre de la persona que ocupa la secretaria particular se puede interpretar como un temor de que quienes ordenaron el crimen puedan ejecutar un nuevo atentado contra ella, preocupación expresada por miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), cofundada por Brugada con los hermanos de José y de la cual fue líder durante años, en los sepelios de Ximena y José, donde comentaron que se había tratado de un “trabajo interno”.
La hipótesis mencionada por varios integrantes de la UPREZ se convirtió en la principal línea de investigación seguida de manera paralela por Luján y García Harfuch. Se inscribe también en la preocupación del grupo político dominante en Iztapalapa, ya que el asesinato de Ximena y José es un conflicto no resuelto hasta este momento, que se profundizó en las semanas previas al crimen, con una serie de redadas y detenciones de las autoridades capitalinas en Iztapalapa.
El crimen es una alta prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, que pese a sus diferencias con Brugada y su grupo político, desde el primer momento puso al gabinete de seguridad a trabajar en el caso. Durante los primeros días, Brugada informaba permanentemente a la presidenta por teléfono sobre los avances y diariamente la visitaba en Palacio Nacional para dar detalles.
El avance de la investigación dado a conocer ayer sigue escondiendo información. Luján, García Harfuch y el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, ofrecieron una conferencia de prensa con solo el apoyo de los documentos que llevaban escritos. Luján describió en términos generales la vigilancia previa de Ximena y José y cómo se movieron los vehículos el día del crimen. Sin embargo, no aportaron una sola imagen de las cámaras del C-5 o de cámaras privadas que permitiera conocer el minuto a minuto de las rutas que utilizaron los atacantes.
Tampoco hubo explicación del porqué se violaron las jurisdicciones. El gabinete de seguridad está volcado en la investigación, mientras que la policía de la Ciudad de México participó ayer con las fuerzas federales en los cateos realizados en Otumba, Estado de México, relegando a un papel secundario a la policía estatal, la primera facultada para ese tipo de acción.
No revelaron cómo determinaron que seis personas participaron directamente en el asesinato, ni qué información aportaron sobre las matrículas de los vehículos presuntamente involucrados. De la misma forma, si es cierta la hoja de ruta del ataque detallada a partir del seguimiento de cámaras del C-5 o privadas, ocultaron en qué punto perdieron la pista del asesino, que aseguran seguir buscando.
Las autoridades federales tienen más información de la que han aportado y, al menos en papel, su investigación está prácticamente cerrada. No se sabe si en algún momento se hará pública o, como sucedió en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva -cuyo caso ordenó cerrar el expresidente Andrés Manuel López Obrador días después del ataque-, no se sabrá quién ordenó que lo mataran ni por qué, pese a que hay más de una decena de personas sentenciadas por el intento de asesinato.
Cortesía de El Informador
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