La meta de construir 1 millón 800,000 hogares durante este sexenio como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar es un esfuerzo loable; sin embargo, el tema no es solo de cantidad, sino calidad de las casas construidas y que cumplan con los criterios reconocidos en la Constitución, coincidieron especialistas de la industria habitacional.
Durante el foro Coalición por la Vivienda: Techo, Tierra y Territorio, especialistas y autoridades señalaron los retos habitacionales que se atraviesan en México, los cuales se reflejan en los siguientes datos:
- 8 millones de viviendas en situación de rezago.
- 11.7 millones de con carencias por calidad y espacios de la vivienda.
- 22.9 millones de personas presentan carencias por acceso a servicios básicos, algunos esenciales para la vivienda.
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“En este sexenio, el gobierno de México ha proyectado metas muy importantes y ambiciosas… Reconocemos el esfuerzo, a sabiendas del reto que tenemos en México, donde construir no basta. Se necesita transformar el cómo, el dónde y para quién. No se trata de sumar casas masivamente, sino de hogares dignos, conectados, sostenibles y bien localizados. No se trata de cantidad, sino de calidad de vivienda“, indicó Romy Rojas Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (Conared).
En su intervención, Fernanda Lonardoni, representante de ONU-Hábitat para México, Cuba y Centroamérica, indicó que la crisis de acceso a la vivienda es un problema de índole mundial, donde cerca de 3,000 millones de personas sufren de alguna insuficiencia habitacional.
En este contexto, es importante que el programa habitacional que impulsa el gobierno federal contemple los siete principios constitucionales de la vivienda adecuada, los cuales son:
- Seguridad y tenencia.
- Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura.
- Asequibilidad.
- Habitabilidad.
- Accesibilidad.
- Ubicación.
- Adecuación cultural.
“La vivienda no debe verse únicamente como cuatro paredes, pero sí como una estructura, que está ligada a importantes funciones sociales y ecológicas del territorio. La vivienda es esencial para la salud, para la educación, la dignidad, la seguridad y la inclusión social”, declaró Lonardoni.
Evitar errores del pasado
Para Silvia Díaz Duarte, directora de Política de Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la visión de este gobierno respecto al tema habitacional no sólo se limita a construir casas, sino que se busca impulsar un concepto que considere el entorno como parte fundamental de la calidad de vida de la población.
“Las viviendas que estamos construyendo deben contar con servicios básicos garantizados, equipamiento urbano cercano, vialidades adecuadas y conectividad que permita a las familias acceder a oportunidades de trabajo, de educación y diseño”, declaró Díaz Duarte.
Así, el gobierno federal trabaja con estados y municipios para conseguir suelo apropiado que se adapte a la visión del programa de Vivienda para el Bienestar. “Esta reserva es estratégica y es fundamental para asegurar que las viviendas que construyamos sean, por supuesto, de corte social, lo que permita mantener costos accesibles y asequibles para las familias con mayor vulnerabilidad económica”.
En este escenario, la funcionaria resaltó que, desde el sexenio anterior, se busca armonizar las políticas del suelo, ordenamiento territorial y vivienda, con el fin de considerar el desarrollo urbano de manera sustentable y ordenado y así, evitar errores del pasado que crearon ciudades fragmentadas y desiguales.
Esta política, según Díaz Duarte, permitió que tan solo el sexenio pasado 5.8 millones de personas hayan salido del rezago habitacional y reducir el número de viviendas en déficit de 9.2 millones a 8.3 millones.
“Nuestro trabajo abarca dos dimensiones complementarias. Por un lado, el rezago habitacional que acabamos de mencionar, pero, por otro lado, las necesidades de vivienda nueva que son igualmente apremiantes, por el crecimiento demográfico y también por la conformación de nuevos hogares”, expresó la funcionaria de Sedatu.
Acción colectiva
Al tomar la palabra, Óscar Mendoza Cervantes, co-director de la plataforma Práctica: Laboratorio para la Democracia, propuso una serie de acciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el país, entre las que destacan el impulso a la producción habitacional social, adecuada a cada contexto; asegurar suelo urbano y gestionado con transparencia; diseñar esquemas de financiamiento accesible y solidario, así como fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Además, como punto fundamental, impulsar la acción comunitaria, es decir, “escuchar a quienes viven con carencias habitacionales todos los días. A las comunidades que se han organizado para defender su derecho al suelo y exigir condiciones de vida dignas”.
“Sin la voz organizada de las comunidades, cualquier política de vivienda será letra muerta”, destacó Mendoza Cervantes.
Al respecto, la presidenta de Conared, destacó que es importante delinear la política de suelo que sustentará el programa habitacional, ya que es uno de los principales desafíos. “Los estados no están teniendo reservas territoriales y al momento en que llega el recurso por parte de las instituciones federales, no hay la oferta del suelo en todos los estados”.
En el marco del evento, el Conared y ONU-Hábitat, formalizaron un acuerdo de colaboración para la revisión colaborativa e incidencia de propuestas de políticas públicas alineadas con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.
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Cortesía de El Economista
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