La defensa del ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que el líder ultraderechista nunca contempló fugarse del país ni solicitar asilo político en Argentina. La aclaración surge luego de que la Policía Federal advirtiera sobre una posible “intención de evasión“, tras la revelación de un borrador encontrado en su celular, dirigido al presidente argentino Javier Milei, donde se presentaba como un “perseguido político“.
El abogado Paulo Cunha Bueno, uno de los representantes legales de Bolsonaro, aseguró al diario Folha de São Paulo que la idea de pedir asilo fue sugerida “hace más de un año y medio” y que el exmandatario “no aceptó”. Según su versión, “huir nunca fue una opción” y Bolsonaro se mantuvo presente “en todas las etapas del proceso”, incluso en aquellas para las que no fue citado formalmente.
La declaración se produce luego del hallazgo de un documento de 33 páginas, sin fecha ni firma, almacenado en el teléfono del expresidente desde 2024. El texto, dirigido al presidente argentino, expresa que Bolsonaro es víctima de una persecución política en Brasil y solicita asilo. El archivo fue detectado durante la investigación por el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Aunque el escrito no fue enviado y no tiene validez jurídica, su sola existencia llevó al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), a intimar a la defensa del exmandatario a dar explicaciones en un plazo de 48 horas, en el marco del proceso por incumplimiento de medidas cautelares y riesgo de fuga. Bolsonaro se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria, tras haber violado la prohibición de uso de redes sociales y contacto con coacusados.
Además del documento sobre el posible asilo, la Policía Federal apuntó una serie de intercambios entre Bolsonaro, sus aliados, y su hijo Eduardo, radicado en Estados Unidos desde marzo, con el objetivo de influenciar el proceso judicial. Según la investigación, Eduardo Bolsonaro habría gestionado presiones diplomáticas con la administración de Donald Trump, lo que derivó en sanciones económicas contra Brasil y restricciones a miembros del STF.
En paralelo, nuevos elementos del expediente muestran que Bolsonaro también mantenía contacto con el abogado estadounidense Martin de Luca, vinculado a Trump Media y a la plataforma Rumble. De Luca presentó demandas en tribunales estadounidenses contra el juez Moraes y habría asesorado a Bolsonaro en comunicaciones públicas críticas hacia el Supremo brasileño. El letrado negó cualquier conducta ilegal y acusó a las autoridades brasileñas de “distorsionar correspondencia profesional rutinaria”.
El juicio oral contra Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre, y el expresidente podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición del Estado democrático de derecho, organización criminal y coacción a la justicia.
Cortesía de Página 12
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