Un camión cargado con explosivos detonó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca). El ataque terrorista fue atribuido a las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco.
El estruendo fue seco. Eran las 2:50 de la tarde de este 21 de agosto. El humero gris se filtró por las ventanas rotas de las casas vecinas. A fuera, seis personas estaban muertas, todos eran civiles.
“Por favor, necesitamos ambulancias, por favor. Acaba de ocurrir un atentado. Por favor. Marquen, marquen para que nos acudan porque solo hay dos ambulancias”, decía un hombre con chaleco de la Alcaldía de Cali.
En cada esquina una persona, tendida, clamaba por atención médica. El último reporte de la Secretaría de Salud indicó que fueron 71 los heridos, cinco son menores de edad.
Imágenes recibidas en esta redacción daban cuenta de la gravedad de los hechos:
Tres motociclistas estaban tendidos, uno de ellos tenía sus piernas mutiladas. El camión usado para el ataque estaba incendiado y reducido solo a su chasis. Varios locales comerciales estaban destruidos.
La reacción de las autoridades fue inmediata. Un furgón blanco, estacionado apenas 30 metros más adelante del camión bomba, fue detenido: en su interior llevaba 12 pipetas que pudieron ser alcanzadas por la onda expansiva.
“Ese vehículo no alcanzó a detonar y fue asegurado por personal antiexplosivos”, afirmó el general Hugo Alejandro López, comandante encargado de las Fuerzas Militares.
Información de Inteligencia indicó que el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco habría sido el responsable de planear y ejecutar este atentado.
La comunidad, todavía aturdida por la explosión, notó que un hombre intentaba huir de la escena del crimen. Lo persiguieron, lo retuvieron y lo entregaron a la Policía. Del hombre se sabe que tiene el alias de Sebastián y es oriundo del municipio de Corinto (Cauca). Sería subordinado de alias Marlon, principal cabecilla de la Jaime Martínez.
“Cali vuelve a ser víctima de un ataque narcoterrorista… Quiero que sepan que no nos vamos a doblegar ante los terroristas. Ordené asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata”, fue la primera reacción del alcalde de Cali, Alejandro Eder.
El mandatario local ordenó militarizar la ciudad y convocó a un consejo de seguridad extraordinario. Durante la noche, helicópteros y drones fueron desplegados para vigilar desde el aire la capital del Valle.
La Gobernación y la Alcaldía de Cali ofrecieron hasta 800 millones de pesos en recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de este crimen.
Estos hechos ocurrieron justo después de que un helicóptero de la fuerza pública fue derribado con un dron cargado de explosivos en Amalfi, Nordeste de Antioquia. Ese hecho dejó doce policías muertos. También fue una acción de las disidencias.
El presidente Gustavo Petro afirmó que el ataque de los disidentes es una respuesta a la ofensiva militar que busca recuperar el control del Cañón del Micay, un enclave cocalero en la disputa por las rentas ilícitas en el suroccidente del país.
“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, apuntó el presidente Petro.
Desde la comandancia del Ejército ordenaron a todas las unidades permanecer en acuartelamiento de primer grado. Esto implica que todos los hombres deben permanecer bajo alerta máxima y listos para responder de inmediato.
Petro pidió que las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean declaradas como organizaciones terroristas para que, de ese modo, puedan ser perseguidos “en todo el mundo”.
El pasado 10 de junio –durante cinco horas– los disidentes desataron el pánico con 24 atentados que dejaron 8 muertos y 62 heridos.
Esa ola de ataques fue atribuido a los disidentes del Estado Mayor Central de las Farc. Pero ese no es el único grupo ilegal con el que debe lidiar la Fuerza Pública en esa región del suroccidente colombiano.
La disputa por el control territorial, de las rentas ilícitas y de las rutas del narcotráfico tiene a varios ilegales intentando acaparar espacio en esa zona del país.
En Colombia hay 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, y solo en el Cauca se concentran 31.844 hectáreas de estos cultivos ilícitos (12,5%). El clúster de la ilegalidad se completa con las rutas que facilitan la salida al océano Pacífico para exportar los narcóticos y con las empresas para el lavado de activos en el Valle.
El balance humanitario de la Defensoría del Pueblo evidenció –durante el primer semestre del 2024– la presencia en el Valle y Cauca de los carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Zetas.
Los carteles son el brazo financiero y los disidentes controlan las armas y ejercen presión sobre los campesinos para mantenerlos concentrados en cultivar, exclusivamente, la hoja de coca.
Con la inyección de los narcos, los disidentes han logrado establecer presencia en 41 de los 42 municipios del departamento del Cauca.
En el Valle del Cauca –además de la presencia del ELN y las disidencias– la Gobernación de ese departamento también ha documentado presencia de las Autodefensas Gaitanistas, facciones del EPL, bandas de crimen organizado y las bandas de Los Espartanos y Los Shottas
Cortesía de El Colombiano
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