Colombia fue sacudida ayer por dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y pusieron en el punto de mira del Gobierno al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, señalada como posible autora de los ataques.
El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Horas después en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejando seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance de la Alcaldía.
La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que al parecer hace parte de las disidencias de las FARC.
El presidente colombiano, Gustavo Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero policial “al llamado frente 36 del EMC” y, tras el atentado en Cali, dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones “terroristas” junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta”, expresó el mandatario durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar.
El presidente, muy criticado por el aumento de la violencia en el país, se trasladó por la noche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de la prensa colombiana, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Ante el deterioro de la seguridad en el país, distintos sectores políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.
CT
Cortesía de El Informador
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