El gobierno estadounidense pretende deportar a Uganda la próxima semana a un ciudadano salvadoreño que está en el centro de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, informaron este sábado abogados del centroamericano.
En un escrito, los abogados solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso contra Kilmar Ábrego García, argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.
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El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.
El viernes García Ábrego fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.
El hombre de origen salvadoreño había sido deportado por error a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.
Un juez ordenó su liberación el viernes, pero las últimas noticias indican que podría ser nuevamente expulsado, esta vez hacia Uganda, que firmó un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.
Ábrego García niega haber cometido cualquier irregularidad, mientras que el gobierno de Trump afirma que es un violento miembro de la pandilla MS-13 que traficaba con otros inmigrantes.
El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, según informaron sus abogados, pero rechazó la oferta.
“El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego”, afirma el documento.
A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y le ordenó presentarse en la oficina local del ICE en Baltimore el lunes por la mañana, añadió.
Los partidarios de Trump elogian su firmeza, pero juristas y defensores de los derechos humanos han criticado duramente lo que consideran una apresurada deportación sin siquiera una audiencia judicial, en violación de la legislación estadounidense.
Cortesía de El Economista
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