Desde Lima
Nueve días después de haber sido detenido con prisión preventiva en la llamada “cárcel de los presidentes” -en la que se encuentran otros tres jefes de Estado: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), los dos primeros sentenciados por corrupción, Castillo preso sin sentencia desde diciembre de 2022 procesado por rebelión-, el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) fue sacado la noche del viernes de esa prisión exclusiva y llevado a un penal de presos comunes. Una decisión sorpresiva que rompe con el tratamiento que se le ha dado a todos los mandatarios encarcelados, con sentencia o prisión preventiva -antes también estuvo en ese penal el fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000)-, internados en todos los casos en el penal de Barbadillo, acondicionado dentro de un cuartel policial para recibir únicamente a los presidentes detenidos alegándose razones de seguridad.
Con este cambio de penal de Vizcarra se corta el privilegio de los expresidentes encarcelados en un penal exclusivo para ellos, pero se elimina ese privilegio solo para el caso de Vizcarra, un trato diferenciado en su contra que levanta suspicacias, especialmente al darse en un contexto en el que el expresidente encabeza las encuestas para las elecciones de 2026, con un modesto 15 por ciento pero varios puntos por encima del resto, y es conocida la animadversión, incluso odio, y también temor electoral, que le tienen el fujimorismo y sus aliados que sostienen al gobierno de Dina Boluarte y tienen un importante poder sobre sus decisiones.
Una “persecusión política” del gobierno
En el penal de Barbadillo, Vizcarra tenía una espacio para él solo, como los otros tres reclusos de esta cárcel exclusiva, que fue inaugurada por Fujimori en 2007. Vizcarra compartía patio con el expresidente Humala. Con la decisión del gobierno de Boluarte de cambiarlo de penal, Vizcarra ha quedado recluido en la cárcel de máxima seguridad Ancón II, en las afueras de Lima, con capacidad para 2300 reclusos y con problemas de hacinamiento, donde ahora debe cumplir los cinco meses de prisión preventiva ordenada por un juez el 13 de este mes en el marco del juicio que se le sigue por el supuesto cobro de sobornos para dos obras por 2,3 millones de soles (cerca de 660 mil dólares), cuando era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. El expresidente y su defensa han calificado este traslado de penal como “una arbitrariedad” y “una venganza” de sus enemigos políticos ahora en el poder, y una “persecusión política” del gobierno. Han señalado que este cambio de penal pone en riesgo la vida del exmandatario al exponerlo a un posible atentado por parte de los reclusos de este penal.
En breves declaraciones telefónicas a la radio RPP poco antes de ser cambiado de penal, Vizcarra aseguró que su traslado era producto de una decisión “de carácter político” y “de persecusión”. “El INPE (Instituto Nacional Penitenciario, que tomó la decisión de cambiarlo de penal) depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo aquí con todas sus letras. Estoy siendo vejado”, señaló. El exmandatario aseguró que poco antes de que se oficialice su traslado los integrantes de la junta de tres miembros que evaluaron en qué penal debía permanecer recluido -la segunda junta que lo evaluó, luego que se anulara la primera evaluación que determinó enviarlo a Barbadillo- le aseguraron que su decisión era que debía seguir cumpliendo prisión preventiva en Barbadillo, por lo que se sorprendió con la orden de trasladarlo, que atribuyó a una decisión política de alto nivel. Horas antes de su traslado nocturno, Vizcarra recibió la visita de su hermano Mario, a quien le transmitió su tranquilidad de continuar en Barbadillo. Pero poco después todo cambió. Mario Vizcarra calificó la decisión de internar a su hermano en un penal común como “un acto canallesco contra una persona que el poder judicial debe determinar si es culpable o no”.
El vocero del expresidente, Alejandro Salas, denunció que el cambio de penal “es un asunto político, no jurídico”. Aseguró que “no hay ninguna justificación” para tomar esa decisión. La noche que Vizcarra fue cambiado de penal, Salas anunció que se impugnaría esa decisión y se pediría que sea revertida, y simultáneamente se presentaría un habeas corpus para que Vizcarra retorne a Barbadillo por “razones de seguridad”. Indicó que si el traslado no se revertía denunciarían penalmente por abuso de autoridad y exposición al peligro a los responsables de este traslado de penal, comenzando por el jefe del INPE.
Pero al día siguiente, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, anunció que el expresidente había decidido acatar la decisión de cambiarlo de penal, aunque está en desacuerdo con esa medida, por lo que se desistía de las acciones para revertir esa decisión. “Resistirá donde lo manden”, señaló el abogado. Vizcarra espera una decisión favorable a la apelación que ha presentado a la medida de prisión preventiva. Por ahora, parece haber evaluado que no pelear por recuperar el privilegio de volver a la prisión exclusiva de Barbadiilo le puede dar réditos políticos. Una posibilidad que pareece no haber sido calculada, o haber sido opacada por el afán de venganza, por sus enemigos que lo han enviado a la cárcel de Ancón II.
Un cambio poco creíble
En un comunicado las autoridades penitenciarias aseguran que Vizcarra ha sido recluido en un ambiente especial del penal Ancón II y que se garantiza su seguridad, pero no han dado una explicación sustentada para este cambio de penal. El jefe del INPE, Iván Pareedes, se ha enredado tratando de justificar esta decisión tomada por el organismo que encabeza. No ha podido explicar por qué el cambio a la primera decisión de internarlo en Barbadillo y por qué el trato diferenciado con otros expresidentes. Paredes negó una presión política del gobierno, del cual depende su cargo, para ordenar el cambio de penal de Vizcarra, pero sonó muy poco creíble.
Esta ofensiva contra el expresidente -prisión preventiva en la etapa final de un proceso judicial en el que ha cumplido con todas las diligencias y ahora internamiento en un penal común a diferencia de otros presidentes- contamina políticamente el juicio en su contra, aunque esto no quita que en la acusación fiscal por corrupción hay elementos que lo comprometen. La presidencia de Vizcarra estuvo marcada por su enfrentamiento al Congreso que dominaba el fujimorismo, lo que le ganó el odio de este grupo político, pero le dio una alta popularidad, que se mantiene en parte a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra.
Cortesía de Página 12
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