¿Cuál será el camino que tomará el gobierno mexicano a partir del próximo año 2026?
¿Cómo enfrentará el desafío de reducir el déficit fiscal que heredó de su antecesor por casi 6%?
¿Cómo le hará para aumentar la inversión pública, componente clave para el crecimiento económico del país?
La inversión pública es necesaria para mejorar la infraestructura, como carreteras, puertos, hospitales y escuelas.
Y es imprescindible para financiar los proyectos que fomentan el bienestar social y la sostenibilidad.
La inversión pública en México es crucial para impulsar el crecimiento económico, el fomento de la inversión privada y la promoción del desarrollo regional.
Sin embargo, su peso relativo, en los últimos años, ha disminuido y se calcula representará el 2.5% del PIB para el cierre de este año.
En consecuencia, su impacto es limitado en el crecimiento económico.
La inversión privada aporta el 16.4% del PIB.
En el sexenio lopezobradorista la inversión pública promedió 2.7% del PIB, el nivel más bajo en los últimos 30 años.
Del 2019 al 2024 la inversión pública se enfocó en proyectos prioritarios como el Tren Maya, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interurbano México-Toluca.
Son obras que tuvieron sobrecostos; que no están generando ingresos, y siguen requiriendo subsidios.
En contraste, fue la inversión privada el principal motor. Llegó a representar el 90% de la inversión total en México.
Lopezobrador decidió no aplicar una reforma fiscal y se concentró en la fiscalización de los grandes contribuyentes.
Ése es el contexto, sobre el que se registra el debate en la mesa pública, de lo que viene en materia fiscal para el país.
Por una parte están quienes afirman que una reforma fiscal es ineludible.
En medio del severo ajuste fiscal que se necesita cumplir en las finanzas públicas, no ven otra alternativa para aumentar la recaudación fiscal.
Y por la otra, los representantes del gobierno, quienes aseguran que una reforma fiscal no es el camino. Antes, dicen, debe abatirse la corrupción, reducir la evasión y elusión fiscal y aumentar la eficiencia recaudatoria.
No habrá reforma fiscal anticipó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
A unos días de que su gobierno presente el Paquete Económico 2026, al Congreso de las Unión, el próximo 8 de septiembre, la Jefa del Ejecutivo descartó un aumento a los impuestos.
No se incrementará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En cambio, se reforzarán las medidas de fiscalización de los contribuyentes y de combate a las “factureras”, como se conoce popularmente a las empresas que venden comprobantes fiscales para defraudar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sheinbaum mantendrá la misma línea, en materia fiscal, que marcó su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador.
La mandataria, está convencida de que ha funcionado para aumentar los ingresos, sin recurrir a una reforma fiscal.
La Presidenta de México recordó que se han captado 30,000 millones de pesos, en virtud del impuesto que se impuso a la importación de paquetería y a las plataformas que venden a través de internet.
Además a través de las aduanas se recaudaron 180,000 millones de pesos más entre el año pasado y éste.
La Jefa del Ejecutivo presumió que los ingresos del gobierno federal se han multiplicado desde el sexenio pasado al pasar de 2.6 billones de pesos en agosto de 20129 a 4.1 billones de pesos en agosto de 2025.
Ése es el contexto, los señalamientos desde el sector privado y la línea gubernamental.
Lo paradójico es que en días pasados fue el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien reconoció que el presupuesto no alcanza para atender las necesidades del país.
Es poco probable que se realice una Reforma Fiscal. Pero de lo que no hay duda, es que las finanzas públicas, registran un muy reducido margen entre los ingresos (aunque efectivamente están aumentado) y los egresos, que siguen creciendo. Al tiempo.
Atisbos
Finalmente se hizo realidad lo que se anticipó desde hace mucho tiempo.
Jesús de la Fuente Rodríguez sale de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Lo releva Ángel Cabrera Mendoza, con experiencia en órganos reguladores financieros y en la Subsecretaría de Egresos.
Cortesía de El Economista
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