El gobierno de Sinaloa, encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya, otorgó más de 3 mil millones de pesos en contratos y asignaciones directas a una red de al menos 23 empresas que acudieron a licitaciones simuladas, bajo un esquema de complicidades, “colusión”, con funcionarios de la administración estatal, de acuerdo con una investigación publicada por la plataforma de noticias XpectroFM.
“Los documentos oficiales obtenidos en México y Estados Unidos, pusieron al descubierto que entre beneficiarios de la estructura fraudulenta están los hijos del propio mandatario Rocha Moya, así como funcionarios de su administración y empresas ‘fachada’”, de acuerdo con la investigación.
El análisis de 200 procesos licitatorios, adjudicaciones directas y concursos por invitación a por lo menos tres personas a partir de la toma de posesión de Rocha Moya el 1 de noviembre de 2021, así como la revisión de 5 mil documentos por la Unidad de Investigaciones Especiales de XPECTRO FM, pusieron al descubierto una red de empresas que forman parte de un “carrusel” orquestado para repartir recursos públicos.
El “carrusel” es una modalidad de arreglo entre funcionarios y particulares por la que varias empresas acuerdan la cantidad que ofrecerá cada una en un concurso oficial, de acuerdo con la plataforma.
“A cambio de participar, tienen la oportunidad de ganar un contrato estelar en el futuro. A la larga, todos ganan en alguna ocasión. Un esquema de colusión y complicidades que les permite allegarse de recursos, vía contratos, con distintas dependencias del Gobierno y Congreso del Estado”.
Ninguno de estos contratos fue denunciado ante autoridades de competencia pública estatales o federales.
A diferencia de esquemas en otras administraciones en las que se cuidaba disimular los arreglos, en el caso Banda Sinaloense hubo poca cautela: los intérpretes tocan exactamente la misma melodía. En los centenares de contratos revisados las empresas Banda Sinaloense ofrecen la misma cantidad en pesos y centavos.
Un ejemplo: en mayo del presente año, cinco empresas ofertaron 27 millones de pesos y un centavo para la pavimentación del camino E.C Culiacán-Sanalona-La Ilama en Cosalá, Sinaloa. La base presupuestada por la Secretaría de Obras Públicas, que los consursantes toman como referencia para ofertar, fue de 30 millones y un centavo. En ambos casos, con IVA incluido.
Según la investigación, la diferencia de esquemas en otras administraciones en las que se cuidaba disimular los arreglos, en el caso Banda Sinaloense hubo poca cautela: los intérpretes tocan exactamente la misma melodía. En los centenares de contratos revisados las empresas Banda Sinaloense ofrecen la misma cantidad en pesos y centavos.
“Un ejemplo: en mayo del presente año, cinco empresas ofertaron 27 millones de pesos y un centavo para la pavimentación del camino E.C Culiacán-Sanalona-La Ilama en Cosalá, Sinaloa. La base presupuestada por la Secretaría de Obras Públicas, que los consursantes toman como referencia para ofertar, fue de 30 millones y un centavo. En ambos casos, con IVA incluido”.
Este es sólo un pequeño ejemplo del tamaño de la ejecución del plan. En otros casos, algunas de las empresas registradas no se presentan, o el gobierno declara al ganador por variaciones mínimas. En otros criterios de puntaje por documentación anexa, experiencia o capital.
La concertación entre empresas en Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya viola la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que establece en el Artículo 70 la forma en que se habrán de conducir los funcionarios y las operaciones que tienen qué ver con el erario público.
“Se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos”, establece dicha norma.
Varios especialistas en licitaciones públicas que prefirieron guardar el anonimato, confirmaron que este esquema es altamente “irregular” y “podría configurar una posible colusión entre empresas. El mercado no se comporta así”.
Rocha Moya hizo de la lucha contra la corrupción una de las banderas de su administración. El Congreso del Estado de Sinaloa endureció -en enero del 2024- las penas a los burócratas que incurran en actos de corrupción.
En una reforma al Código Penal se elevó la pena máxima por enriquecimiento ilícito de cinco a 14 años para funcionarios que no puedan demostrar el origen de su riqueza y de 10 a 14 la pena por peculado (apropiación o desvío de recursos públicos), con inhabilitación de hasta 20 años para cargos públicos y participación en concursos o licitaciones del estado.
Estos cambios legales se aprobaron en plena guerra de la administración Rocha Moya contra sus rivales políticos dentro de Morena a partir del cisma que se produjo en 2020 en la pugna por la candidatura del partido a la gubernatura de 2021 y que lo enfrentó a los alcaldes de Culiacán, Mazatlán y Ahome, hoy en procesos judiciales.
El Caso Grobson y cómo “ampliar” las obras con millones extras
Un ejemplo temprano de los efectos de la administración de Rocha Moya y de la forma de operar de sus funcionarios, fue la crisis provocada por las construcciones de la compañía Grobson S de RL.
En ocho semanas de 2022, Grobson participó y fue ganadora de tres contratos que sumaron 86 millones 906 mil 870.62 pesos. Gracias a la ampliación de dos de estos contratos por cantidades por encima de las permitidas por ley la cifra alcanzó los 102 millones de pesos.
El 9 de mayo, Grobson S de RL, junto con Bosco Ingeniería y Construcción SA de CV, recibió el contrato OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 para la rehabilitación en la ciudad de Los Mochis del municipio de Ahome del drenaje colapsado en Calle Niños Héroes, entre Hermenegildo Galeana e Ignacio Ramírez.
Se trató de un acuerdo por 17 millones 712 mil pesos. De nueve empresas una compañía, MK Urbanizaciones, hizo una oferta económica por 10 centavos menos que la propuesta ganadora; otra, ofreció 15 centavos más y una, 1 centavo más. Seis ofertaron la misma cifra por la que ganó la propuesta de Grobson y Boscoso.
Un mes después, Grobson, que aún trabajaba en el drenaje de Los Mochis, ganó con una propuesta de 48 millones 241 mil 750 pesos el contrato para la reconstrucción en 2022 de la segunda etapa del puente El Quelite II, ubicado en el kilómetro 31 +900 de la carretera Mazatlán-Culiacán en el municipio de Mazatlán. Una obra fuera de su experiencia en obras de menor escala, como vialidades, adoquinamientos, rehabilitación de calles e infraestructura hidráulica.
El contrato OPP1-FED-LP-SICT-VIAL-1406A-2022 con fecha del 14 de junio del 2022 fue firmado por el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, José Luis Zavala Cabanillas.
El 21 de julio, la empresa Grobson resultó nuevamente ganador de otro concurso OPPU-EST-LP-050-2022, en esta ocasión para la reparación de drenaje colapsado en la calle Niños Héroes, entre Tenochtilán a Callejón Galena. El contrato signado fue por la cantidad de 20 millones 952 mil 770.09 pesos, cifra que coincide con la cotización de seis de los participantes.
Tres meses después, el 5 de septiembre, Grobson recibió otros 7 millones 45 mil 651.45 pesos como ampliación al contrato del 9 de mayo. El contrato del 21 de julio se amplió en 8 millones 366 mil 101 pesos. Ambas ampliaciones rebasaron el límite del 25% que permite variar la ley sinaloense sobre lo estipulado en un contrato original.
Las imágenes dieron la vuelta en las redes sociales de todo el país: el puente El Quelite se cayó el 6 de diciembre de 2022, tres semanas antes de la fecha de inauguración establecida en el contrato. Afortunadamente, sin pérdida de vidas humanas.
“¿Qué descubrieron? Que la empresa es mala para hacer esa maniobra, se le cayeron cinco trabes”, dijo Rocha Moya en conferencia de prensa . “Bueno, todo eso tiene que revisarlo, y como no tenemos ningún compromiso, no andamos haciendo componendas para ver si nos sale alguna feria adicional. No nos busquen… bueno, sí, busquen. Tienen toda la libertad”, autorizó el gobernador a la prensa.
El DIF de Eneyda Rocha Ruíz utiliza la técnica “Javier Duarte”
No todo es carrusel en el Plan Banda Sinaloense. Algunos esquemas de reparto del presupuesto público siguen la partitura del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, condenado a 9 años de prisión por desvío de recursos. Aunque no consta la existencia de empresas fantasma, se dan irregularidades en común.
Por ejemplo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa -que preside Eneyda Rocha Ruíz, hija del gobernador-, asignó contratos a empresas “fachada” por cientos de millones de pesos, confirma la investigación de XPECTRO FM.
Del año 2021 al 2025 el DIF-Sinaloa convocó a 16 licitaciones públicas nacionales y 30 concursos por invitación a cuando menos tres personas (físicas o morales), de acuerdo a la plataforma oficial Compranet Sinaloa.
Una gran ganadora es la empresa Berries Company S de RL de CV, que en marzo de 2025 ganó un contrato por 315 millones de pesos 608 mil 941 pesos para atender el “Programa de alimentación escolar, de atención en los primeros 1000 días y de atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad”. Esta cifra representa 90% del presupuesto del DIF para este año.
La licitación se abrió el 5 de marzo, y se cerró el 12 de marzo con un único participante. La empresa Berries Company no tiene un domicilio fiscal vigente registrado y ha tenido desde 2022 dos apoderadas legales que fueron receptoras de programas del DIF para población en condición de vulnerabilidad. Las viviendas de ambas mujeres se encontraban desocupadas en varias visitas realizadas.
La inexistencia de un domicilio fiscal y el uso de prestanombres es la seña de identidad de las empresas “fachada”, que ocultan a sus verdaderos accionistas.
Berries Company S de RL fue constituida el 6 de octubre del año 2016 en el municipio de Compostela, Nayarit, ante el notario 34 Marco Antonio Meza Echeverria, con un capital social de 5 mil pesos, pero fue dada de alta en el Registro Público de la Comercio el 4 de noviembre de ese año en Bucerías (18 mil habitantes) ese mismo día por la tarde.
En el año 2020, un supuesto empresario de nombre Rafael Castro Castro tramitó -ante el notario 198 de esa ciudad, Jorge Julián Chávez Murillo- el cambio de domicilio al municipio de Culiacán
Castro Castro es un ex funcionario de primer nivel en el gobierno de Mario López Valdés (Malova) en Sinaloa y ocupó distintos cargos en administraciones municipales, entre los que destacan director de recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas durante el mandato de Malova.
Berries Company comenzó sus operaciones en Sinaloa cuando designó como apoderada legal a Martha Idania Ramírez Rueda ante notario el 4 de mayo de 2022. No pudo registrarla oficialmente hasta el 19 de mayo en Bucerías, Nayarit, y el 6 de junio en el Registro Público de Comercio de Culiacán, Sinaloa. A Ramírez Rueda se le dotó de amplios poderes para las operaciones financieras, legales y laborales de la empresa.
Una primera irregularidad es que 16 de mayo de 2022, antes de que la firma de Ramírez Rueda constara en el Registro Público, ella firma el contrato SDS013-202 ante la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Sinaloa, a cargo de Cuauhtémoc Chacón Mendoza, por el que el DIF que preside la hija del gobernador le otorgó un contrato a Berries Companies por 3 millones 487 mil 338 pesos para proveer despensas en dos partidas distintas.
Otro dato revelador es que que solo siete años antes, la apoderada Ramírez Rueda, era en 2015 beneficiaria en el padrón de beneficiarios del DIF Culiacán junto a otras 403 personas, quienes solicitaron apoyos económicos y materiales de la institución debido a sus condiciones de vulnerabilidad.
En siete años, Ramírez Rueda pasó de ser una persona en condición de vulnerabilidad, Martha Idania Ramírez Rueda, a firmar un contrato ganador por casi 3.5 millones de pesos como representante legal de la empresa ante el DIF.
Luego de no recibir ningún contrato por parte del DIF en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024, Berries Company volvió a ser activada por el organismo asistencial en marzo 2025, cuando le fue otorgado el programa de 315 millones 608 mil 941.56 pesos.
Pero en esta ocasión, quien firmó el acta de falló multimillonario fue Martina Moreno, quien de forma inexplicable “reemplazó” a Martha Idania Ramírez Rueda, al menos en la documentación localizada ante el DIF.
Esta nueva representante legal de la compañía, solicitó en 2028 -de acuerdo a los padrones de beneficiarios del DIF Culiacán- una silla de ruedas que fue entregada hasta su domicilio en El Higueral (El Dorado), según consta en el informe de comisión del personal de la institución firmado por el funcionario municipal Aníbal Fernando López Cuadras.
Al acudir al domicilio fiscal señalado por la empresa ante las autoridades, situado en Avenida Álvaro Obregón 623 de la colonia Centro, no se encontraron sus oficinas. En su lugar, hay una sucursal del Banco del Bienestar. La compañía, según reportó el oficial de guardia, ya no tiene sus operaciones en ese lugar. Tampoco ha dado de alta su nuevo domicilio social.
Tienen Hijos de Rocha Moya “Pull” de Empresas en Sinaloa
En el Plan Banda Sinaloense y su carrusel de reparto de contratos entre un grupo de empresas, no todos los participantes están en el escenario de los contratos disponibles en las plataformas de transparencia.
Los tres hijos varones del mandatario Rubén Rocha Moya, Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz constituyeron, participaron o compraron empresas a lo largo de los años, que durante la administración de su padre como gobernador de Sinaloa, tienen relación con otras que participan en la asignación de contratos y obras públicas.
La investigación revela que existen dos modos de operación que llevan a las empresas de los hijos del gobernador a ganar concursos de manera directa o indirectamente; después, una de esas compañías (Constructora Chocosa SA de CV), recibe pagos por diversos servicios o proveedurías.
Un ejemplo es el de la Constructora Bogax SA de CV, que el 18 de febrero del año 2022 -tres meses después de la toma de Rocha Moya-, concursó con una propuesta de 16 millones 410 mil 828.05 pesos, misma cifra presentada por otras nueve empresas.
El 23 de febrero de ese año, sólo cinco días después, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, le otorgó la victoria a la Constructora Bogax de dicha obra. Diez días después del acto inicial del concurso (el 28 de marzo), el representante legal de la compañía, Manuel Octavio Borboa Robles, firmó el contrato ganador.
Y tres semanas más tarde, el 14 de marzo, Bogax realizó un pagó a la firma Chocosa por 3 millones 16 mil 475.60 pesos por concepto de agregados de material para terraplén, subrasante y base triturado.
Los socios de Chocosa son Rubén Rocha Ruíz, Ricardo Rocha Ruíz, hijos de Rubén Rocha Moya. Además, a partir del año 2015, se sumó como socio Francisco Javier Barrón Sandoval, padre de Francisco Javier, Jefe de Departamento de la Secretaría de Finanzas de Gobierno, y Fernando Barrón Aguayo, Director de Administración y Finanzas de la Comisión de Vivienda del Estado.
Al buscar en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para verificar si el comprobante fue certificado por esta entidad, el resultado fue: “Este comprobante no se encuentra registrado en los controles del servicio de administración tributaria”.
Es decir, la factura emitida no existe, pero el pago sí fue hecho y después, la factura cancelada.
Se contactó a las empresas Chocosa, Boscoso para conocer su punto de vista y al momento del cierre no se había obtenido respuesta. Los números de contacto en el Registro de Proveedores de Bogax, Grobson no estaban vigentes, así como los disponibles en buscadores.
Por su parte, al intentar contactar al número telefónico de Sendero Empresarial, sólo se activó un fax y no hubo respuesta en sus redes sociales ni en su correo electrónico.
Solapan operaciones ilegales
Toda la Operación Banda Sinaloense, que en repetidas ocasiones viola la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa, ha sido permitida y solapada con el silencio de los responsables de vigilar los recursos públicos, como los órganos de control de las dependencias, comités de adquisiciones y/u obras, Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y, mucho menos, de la Auditoria Superior del Estado y de la federación.
El Congreso del Estado, liderado por la diputada oficialista Tere Ayala, no sólo aprobó las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, sino con un reconocimiento público al Ejecutivo por –dijo- su manejo de la deuda.
“Estamos aquí para para refrendar, como integrantes de la fracción mayoritaria de la 65 Legislatura, nuestra plena confianza en el trabajo que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya”, dijo en diciembre de 2024 la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado, María Teresa Guerra Ochoa
“Está a mitad del camino y sabremos que va a arreciar el paso para seguirle cumpliendo al pueblo sinaloense”, remachó durante la entrega del Tercer Informe de Gobierno.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), dependiente del Congreso local, hizo observaciones al Poder Ejecutivo por apenas 13 millones de pesos en las Cuentas Públicas del 2022 y 2023, cuando el presupuesto asignado a Sinaloa –tan solo en 2025- fue de 70 mil millones de pesos.
Ninguna observación sustancial corresponde a la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa o a las dependencias involucradas en el esquema descubierto en la investigación periodística, salvo una por 2 mil 741 pesos a la Comisión de Vivienda.
A cuatro de quienes fueron rivales políticos de Rubén Mocha Moya en la pugna por la candidatura de Morena a la gobernatura del Estado a las elecciones de 2021 no les fue tan bien en sus auditorías.
No les fue bien con la ASE a los tres que se regresaron a presidir sus municipios, Culiacán, gobernado por Jesús Estrada Ferreiro, recibió observaciones en el manejo de recursos públicos por 222 millones en el mismo periodo; mientras que Mazatlán, dirigido por Guillermo Benítez Torres por más de 113 millones de pesos; y Ahome, presidido por Gerardo Vargas Landeros, por 50 millones sólo en 2021. Los tres abandonaron sus gobiernos para hacer frente a juicios políticos y cargos por presunta corrupción
En tanto, la Universidad de Sinaloa enfrentó también a una muy activa Auditoría Superior del Estado: 400 millones de pesos observados, una muestra –aseguran analistas- de la pugna política del mandatario morenista con su gran rival el ex rector, Héctor Melesio Cuén, fundador del Partido Sinaloense, quien ejercía sobre la casa de estudios un cacicazgo de facto a través del consejo, y que fue asesinado en la operación en la que “El Mayo” Zambada fue entregado a Estados Unidos.
Las omisiones de la ASE, brazo auditor del Congreso del Estado, llegan a su propia puerta. El Congreso del Estado licitó bajo el mismo esquema de simulación de Banda Sinaloense, la ampliación del edificio de la Auditoría Superior del Estado en Culiacán de Sinaloa en dos concursos por un total de 62.5 millones de pesos.
Se puso al descubierto que la trama incluyó un primer concurso en 2024 con dos licitantes: Ceseco, la cual ofreció la misma cantidad que el derrotado PIMA: 27 millones 184 mil 495 millones de pesos.
En 2025 perdió Ceseco y le tocó a Proseco ganar la licitación de 35 millones 489 mil 228 pesos, es decir la misma cantidad y un 10 por ciento inferior al presupuesto base propuesto por el Congreso y que ofrecieron sus dos rivales derrotados.
“No estamos de acuerdo, nos vamos a inconformar”, firma el acta el representante de Ceseco, descalificada por omitir la instalación de tapial, la limpieza de los trabajos y el cartel informativo.
Sin transparencia
La constante en las operaciones simuladas es la opacidad después de otorgar los fallos a las empresas involucradas en el Operativo Banda Sinaloense y la falta de transparencia de las dependencias estatales en sus operaciones financieras oficiales.
En la plataforma Compranet Sinaloa, no existen documentaciones completas de todos los procesos analizados. En las operaciones investigadas, no se hicieron públicos los contratos o información relevante que sustenten la correcta y legal asignación de recursos.
Por ahora, las dependencias involucradas en el esquema se encuentran encabezadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que dirige Eneyda Rocha Ruíz, hija del Gobernador del Estado.
Además, se registraron operaciones ilegales e irregulares en la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Obras Públicas, Servicios Descentralizados, Servicios de Salud de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, así como la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.
Y las empresas detectadas que participan en el esquema de colusión y carrusel, hasta el momento, son Constructora Remco SA de CV, Constructora Majolva SA de CV, Boscoso Ingeniería y Construcción SA de CV, Infraestructura Urbana de Sinaloa SA de CV, Cribas y Edificaciones Las Flores SA de CV, ADC Construcciones SA de CV, además de Ingeniería de Negocios SA de CV.
El esquema lo completan las compañías Grobson S de RL, XV Electrocostrucciones SA de CV, Construcciones Electromecánicas Omar SA de CV, MA Construcciones SA de CV, Constructora Playa Oriente SA de CV, Hidalgo de Oro SA de CV y Lecani Construcciones SA de CV.
Además Constructora Bogax SA de CV, Tonkas Construcción SA de CV, Constructora del Botánico, Constructora y Mobiliaria Rivang SA de CV, Pinturas Móbil de Culiacán SA de CV, Sueños Bajo Techo SA de CV, Vlama del Noroeste SA de CV, Servicios Aleatorios Moctezuma SA de CV y Berries Company SA de CV.
Todas ellas ganaron al menos un contrato de alguna de las dependencias que licitaban bajo el esquema de Carrusel, y participaron en otras licitaciones ofreciendo cantidades idénticas a las de sus colegas. Esta cifra no coincide con el presupuesto base de la licitación, y en ningún caso se da un esquema de subasta en reversa que pudiera explicar parcialmente la coincidencia en las cifras. Todas se deciden por un sistema de puntos.
La operación Banda Sinaloense de Rocha Moya implicó el reparto de más de 3,100 mdp entre un grupo de compañías que actuaban en armonía, con incidentes de caída de puentes y colapso de drenajes, concursos simulados con un único participante, y derramas a empresas familiares. La música siguió sonando durante la administración que prometió poner fin a la corrupción.
Lo más paradójico es que la partitura está a la vista. Y que todos interpretan la misma melodía.
XPECTRO FM dijo que informó este miércoles 27 de agosto al Gobierno de Sinaloa la publicación del reportaje y sigue abierta la invitación para informar a la audiencia su versión de esta investigación, así como la aportación de datos para difundir su versión a este respecto.
Para consultar la documentación completa y contratos da clic aquí.
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Cortesía de Forbes
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