México vivió el pasado 1 de septiembre de 2025 un momento histórico con la instalación de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegida por voto popular, un hecho inédito que abre una etapa marcada por simbolismos, cuestionamientos y el reto de recuperar la confianza ciudadana en un sistema judicial señalado por la corrupción y la impunidad.
Una ceremonia con carga simbólica
La jornada comenzó con un ritual indígena en el Zócalo capitalino. Entre danzas, humo de copal y discursos en lenguas originarias, autoridades comunitarias entregaron a los nuevos ministros el “bastón de mando”, símbolo del poder legítimo y de la conexión con los pueblos originarios. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, jurista mixteco de Oaxaca, se convirtió así en el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal, después de Benito Juárez en el siglo XIX.
Más tarde, los nueve integrantes de la Corte acudieron al Senado para rendir protesta ante legisladores, en una ceremonia donde no faltaron tensiones políticas: el PRI se ausentó y la bancada del PAN abandonó el recinto en señal de rechazo al nuevo modelo judicial.
Por la noche, Aguilar abrió de manera simbólica las puertas de la sede de la Corte en la calle de Pino Suárez, declarando que el tribunal estará “totalmente abierto” para la ciudadanía.
¿Quiénes integran la nueva Corte?
La SCJN está conformada ahora por nueve ministros y ministras, en lugar de once. Entre ellos figuran perfiles que ya ocupaban asiento en el tribunal y que optaron por someterse a la elección, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes podrán extender su permanencia entre 15 y 17 años gracias a la regla especial que contempla la reforma judicial.
Junto a ellos llegan figuras de reciente elección, como Sara Herrerías, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero, además de Aguilar, quien encabezará la Corte al haber sido el candidato más votado. La duración de los cargos varía entre 8 y 17 años, lo que garantiza que este tribunal tenga continuidad en el largo plazo.
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Poder judicial en el centro del debate
El estreno de la nueva Corte ocurre en medio de fuertes cuestionamientos. Por un lado, la participación en los comicios apenas alcanzó 13% del padrón electoral, lo que genera dudas sobre la legitimidad del proceso. Además, opositores y organizaciones civiles han denunciado irregularidades, uso de recursos oficiales y vínculos de algunos jueces electos con el crimen organizado.
En contraste, el partido oficialista Morena y sus aliados defendieron la elección como un paso necesario para “sanear” al poder judicial, al que acusan de estar capturado por intereses económicos y políticos.
Novedades en el funcionamiento
La nueva Corte no solo se reduce en número de integrantes, también cambia su manera de operar:
Sesiones itinerantes: podrá celebrar audiencias en distintas regiones del país, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas, en coordinación con autoridades locales.
Prioridad a lo fiscal y penal: los ministros acordaron dar trámite preferente a estos temas, que concentran la mayoría de rezagos.
Sistema automatizado: se implementará un modelo tecnológico para dar trazabilidad a los casos, con el fin de evitar discrecionalidad en la asignación de expedientes.
Debate más ágil: el nuevo reglamento fija tiempos específicos para la exposición de proyectos y rondas de discusión.
Entre esperanza y desconfianza
El arranque de esta Suprema Corte se mueve entre dos narrativas. Por un lado, el discurso oficial que presenta la reforma como el inicio de una etapa de “legalidad y justicia para todos”, y por el otro, las voces críticas que advierten sobre el riesgo de politización y captura del poder judicial por parte del gobierno.
Lo cierto es que México transita hacia un modelo inédito en el mundo, una Corte electa por voto popular, que deberá demostrar si este mecanismo fortalece la independencia judicial o si, por el contrario, la expone aún más a presiones políticas y criminales.
Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Diego Badillo, reportero de Política, analizan los desafíos que enfrentan las y los nuevos ministros de la Suprema Corte tras asumir el cargo el 1 de septiembre, las primeras señales de su agenda y los retos que plantean las nuevas reglas para el funcionamiento del máximo tribunal.
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Cortesía de El Economista
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