En el año en el que México será sede del Mundial de Futbol y se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), el gobierno federal comandado por Claudia Sheinbaum continuará con ajustes a los gastos que sirven para brindar servicios y bienes públicos, como educación, salud, infraestructura y seguridad.
Tras los ajustes, que serán presentados este lunes en el Paquete Económico 2026 por el gobierno federal al Congreso de la Unión, están los objetivos de seguir la política de austeridad republicana y lograr la consolidación fiscal, que radica en reducir la diferencia entre el gasto público y los ingresos (déficit), la cual es compensada con deuda (Requerimientos Financieros del Sector Público, RFSP).
“Sí, la idea es no aumentar el déficit, mantener una deuda razonable respecto al PIB, (que) hoy está en alrededor del 50%, una de las más bajas de la OCDE, hay que decirlo. Mantener la austeridad republicana, que ha marcado a los gobiernos de la cuarta transformación. Reducir todavía cualquier gasto que no sea, que no esté relacionado directamente con los beneficios para la gente”, adelantó la presidenta en la conferencia matutina del 29 de agosto.
La intención se plasma en el documento previo al Paquete Económico, conocido como los precriterios económicos, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Édgar Amador Zamora, estipula la disminución de los RFSP en un rango de entre 3.9 y 4.0% al cierre de 2025 a un rango de entre 3.2 y 3.5% del PIB.
“Va a seguir la consolidación, le van a bajar un poco al déficit, quizás no tanto como lo que hicieron o como lo habían planeado, pero seguirá”, comentó José Luis Clavellina, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los analistas de Banamex prevén que la SHCP proyectará un déficit público amplio (RFSP) de 3.2% del PIB, mientras ellos lo prevén en 3.5% del PIB.
Las metas para el déficit implican un recorte estimado en 245,900 millones de pesos (mdp), de acuerdo con Hacienda, el 73% se aplicará a transferencias para estados y municipios (participaciones), el costo financiero de la deuda, y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas), los cuales generalmente concentran los pagos atrasados a proveedores de Pemex.
Si bien los esfuerzos en materia tributaria, especialmente para aranceles e impuestos al comercio exterior, pueden ayudar a reducir el déficit el próximo año, y por ende evitar algunos recortes, “una de las grandes preocupaciones hacia 2026 es que estos continúen, pues parecería que ya no existen muchas vías para seguir recortando el gasto público”, explicó Cynthia Valeriano López, profesora de Economía del Tec de Monterrey Campus Toluca.
Tras la meta de consolidación fiscal, los programas orientados a la generación de competencias o aumentar la productividad se han visto afectados este año, pues se da prioridad a los programas de política social, “una política social que sigue creciendo y generando una presión sobre el gasto”, consideró la académica.
En tanto, Banamex estima que el recorte al gasto público total sea de 0.8 puntos porcentuales, algo equivalente a unos 40,720 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de Expansión con datos de Hacienda.
Un recorte de esa magnitud sería asequible, este se conseguiría a costa de una menor inversión pública (dado que gran parte del resto del gasto está comprometida), lo que tendrá repercusiones negativas en el crecimiento económico de corto y mediano plazos, refiere la institución financiera.
De acuerdo con la académica del Tec de Monterrey, los recortes a la inversión son cuestionables, pues esta tiene una aportación fundamental en el crecimiento de la economía, permite establecer alianzas directas con la iniciativa privada, fomentar condiciones de empleo importantes para la sociedad, además de contribuir en el incremento de los ingresos de los ciudadanos.
Cortesía de Expansión
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