La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes a los agentes de inmigración detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, al suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable. Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal estadounidense se puso del lado del gobierno del presidente Donald Trump, quien apeló el fallo de un juez federal que detuvo temporalmente en julio pasado las redadas migratorias en Los Ángeles, basadas simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o el trabajo que realizan.
“Racismo con placa”
La intensificación de las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos genera polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump. El dictamen representa un duro revés para los inmigrantes del sur de California. “Cuando el ICE me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué.. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Es racismo con placa”, dijo en un comunicado Pedro Vásquez Perdomo, el inmigrante que encabeza la querella judicial contra la Casa Blanca.
La decisión del máximo tribunal estadounidense bloquea la orden de la jueza Maame Frimpong, del Distrito Central de California, que en julio pasado prohibió temporalmente las redadas migratorias indiscriminadas en la zona metropolitana de Los Ángeles y otros dos condados, y que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.
La decisión de la magistrada se dio en respuesta a una demanda presentada por inmigrantes y ciudadanos estadounidenses afectados por las redadas, y por organizaciones defensoras de derechos humanos, que denunciaron que en los operativos masivos iniciados el pasado 6 de enero se cometieron múltiples violaciones constitucionales y discriminación racial.
Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Brett M. Kavanaugh escribió en el fallo de este lunes que la ley federal establece que las detenciones migratorias basadas en sospechas razonables de presencia ilegal “han sido un componente importante de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos durante décadas”, a lo largo de varias administraciones presidenciales. Kavanaugh expresó que “la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles”, con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10 por ciento de la población.
Por su parte la jueza de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor escribió en nombre de los tres miembros liberales de la Corte que votaron en contra, que “innumerables personas” en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o el trabajo, por lo que la decisión del máximo tribunal refleja un “grave abuso” en los fallos de emergencia.
“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”, relató la jueza, reprochando a sus colegas conservadores que creen con su decisión “un estatus de ciudadano de segunda clase”. La inmigración, incluso la indocumentada, aporta una mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense: el 42 por ciento de los trabajadores agrícolas no tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022.
Un “peligro mayor” para los migrantes
Mark Rosenbaum, asesor legal de Public Counsel y uno de los abogados demandantes, explicó en un comunicado que la decisión permite a la administración Trump “reanudar las redadas racialmente discriminatorias en Los Ángeles”, lo que otorga a los agentes federales la facultad de detener a personas sin pruebas ni el debido proceso simplemente por el color de su piel, el idioma que hablan o el trabajo que desempeña.
Por su parte Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que también forma parte de la demanda, advirtió que el fallo de la Corte Suprema pone a los trabajadores agrícolas, y a todo californiano que parezca o suene como si pudiera ser inmigrante, “en mayor peligro”. La decisión del máximo tribunal representa una victoria significativa para la Casa Blanca, que impulsa su política de deportaciones masivas y había puesto como uno de sus principales objetivos Los Ángeles y puede crear un precedente para operativos en grandes ciudades con gran concentración de inmigrantes.
Precisamente el ICE anunció este lunes una operación en Illinois. La capital del estado, Chicago, registró 573 asesinatos en 2024. Desde hace trece años es la ciudad que sufre más asesinatos en Estados Unidos en cifras absolutas, aunque la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes no es la más elevada del país. “Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y su política de santuario los protegerían”, anunció el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cortesía de Página 12
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