La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió aplazar la discusión de decenas de impugnaciones interpuestas en contra de las multas que el impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a diversos candidatos de la elección judicial por aparecer en los llamados “acordeones”.
Dicha determinación se dio tras la ausencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien se encuentra de vacaciones, y ante las solicitudes para excusarse de la discusión de los dos nuevos magistrados electorales, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto De Guzmán Bátiz García.
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Y es que ambos magistrados se encuentran entre las entonces candidaturas judiciales que fueron sancionadas por el INE por verse beneficiados tras aparecer en los llamados “acordeones”. En el caso de Claudia Valle Aguilasocho la multa fue de 69,467.96 pesos; mientras que a Gilberto De Guzmán Bátiz García, se le impuso el pago de 37,109.92 pesos.
Es así que al formar parte de estas sanciones no pueden participar en la discusión de los casos, sumando a que la ausencia del magistrado Rodríguez Mondragón no permite que se cumpla con el quorum legal para sesionar dichos asuntos.
Revocan sanción contra Salinas Pliego
La Sala Superior revocó la determinación del Tribunal Electoral de Campeche que validó un procedimiento especial sancionador en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, derivado de una queja presentada por la gobernadora de esa entidad, Layda Sansores San Román, por la presunta comisión de violencia política de género.
Por mayoría de votos, las y los magistrados electorales decidieron revocar la sanción al señalar que el caso no es materia electoral.
Este asunto se deriva de una queja interpuesta por la mandataria local tras diversas publicaciones que realizó el empresario en sus redes sociales y en las que se burlaba del físico de la gobernadora.
Durante la discusión de este asunto, la nueva magistrada electoral, Claudia Valle Aguilasocho, sostuvo que el instituto electoral de Campeche carece de competencia debido a que los hechos objeto de denuncia no son materia electoral.
“En el caso concreto las publicaciones que son objeto de denuncia, en ninguna de ellas es posible advertir desde mi punto de vista una incidencia en el ejercicio del desempeño del cargo de la gobernadora quejosa, como tampoco el desarrollo, la afectación al desarrollo de la función pública que está a su cargo o de la toma de decisiones como titular del Ejecutivo estatal.
Los mensajes, efectivamente, se destacan desde el punto central de su contenido, se enfocan en tópicos relacionados con el aspecto a la constitución física de una persona lo cual, desde luego, debe ser analizado, pero en otra sede, en la competencia distinta a la que ejerce el Tribunal Electoral”, argumentó.
Cortesía de El Economista
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