La legislación en torno a casos como lo ocurrido con la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, es casi nula, pues en el Congreso de la Unión se han presentado sólo tres iniciativas para atender siniestros de este tipo y ninguna es vigente.
Entre las pocas iniciativas en la materia está la presentada en 2023 por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT, quien propuso reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para limitar la circulación de vehículos clasificados como transporte de carga por caminos y puentes federales durante fines de semana largos, inicio y fin de periodo vacacionales.
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Entre lo planteado estaba regular el horario de circulación y establecer la regulación de los horarios de circulación del transporte de carga tomando en cuenta la siniestralidad de las carreteras en un calendario anual que publicará en el DOF. Además de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Guardia Nacional realizarían las acciones de verificación e inspección para el efectivo cumplimiento de las medidas señaladas y aplicarán las sanciones por su incumplimiento.
No obstante, mencionó que habría excepciones para ciertos vehículos, como el de alimentos, de asistencia de vehículos averiados o accidentados, e incluso de transporte cisterna, de traslado de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, por lo que de aplicarse la iniciativa no hubiera evitado casos como el del Puente de la Concordia, en Iztapalapa; al final, la iniciativa fue desechada.
Otra iniciativa al respecto fue la presentada en 2008 por el Congreso de Colima para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y así regular la edad mínima de los conductores de transportes de materiales peligrosos y los requisitos que éstos deberán cumplir para manejo de dichos materiales, por lo que deberán demostrar con documentación oficial que cuentan con 25 años de edad. De igual forma fue desechada en 2013.
En tanto, en 2015, la entonces diputada del MC, Martha Beatriz Córdova Bernal, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Protección Civil para que las personas del sector privado cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos deberán presentar programas de verificación de sus infraestructuras.
Para ello propuso programas de verificación y revisión nacional de sus infraestructuras y equipos operativos de manera preventiva e improrrogable durante los tres primeros meses de cada año. Asimismo, propone que se instruya sobre la inmediata reposición o reparación de los implementos dañados de instalaciones, vehículos de transporte, recipientes portátiles y no portátiles, contenedores y gasoductos de hidrocarburos; también fue desechada en 2015.
Cortesía de El Economista
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