Aun cuando sus hijos no están en la casa de San Miguel del Padrón, en La Habana, donde crecieron, sino a cientos de kilómetros de distancia en el centro de detención Eloy, de Arizona, Zaida Martínez prefiere que estén en Estados Unidos que en manos del Gobierno cubano. “Para una madre, lo mejor siempre va a ser tener a los hijos a su lado”, asegura la mujer, de 57 años. “Pero yo tengo muchísimo miedo de que sean devueltos a Cuba. Lo digo con gran dolor en mi corazón, pero que se queden allá antes de que se los lleven aquí presos”.
Liosmel Sánchez —25 años, exestudiante de la carrera de Medicina y, según su madre, “más abierto en cuanto a expresar sus sentimientos e ideas”— y Liosbel Sánchez —28 años, técnico medio en Informática y, de acuerdo a la mamá, “más reservado, pero muy cariñoso y sociable”— habían asistido a su cita el pasado 20 de mayo ante la corte de inmigración en la ciudad de Phoenix, al suroeste del país. No era la primera vez que se presentaban ante el juez y todo siempre estuvo en regla: como beneficiarios de CBP One, entraron a Estados Unidos con el permiso temporal conocido como parole a finales de 2024, no presentaban ningún historial criminal y, por si fuera poco, tenían un justificado caso de asilo político ante las autoridades estadounidenses.
Los días anteriores al 11 de julio de 2021, fecha de las mayores protestas antisistema en Cuba en más de medio siglo de castrismo, Liosmel, el menor de los hermanos, y su amigo Cristhian González de la Moneda se preguntaron qué iban a hacer si de un momento a otro se daba en la isla un estallido social. “Sabíamos que era inminente que la gente tomara las calles”, asegura Cristhian. “También éramos muy ilusos y pensábamos que se iba a acabar la dictadura”. El país era una bomba de tiempo entre el encierro por la pandemia de la covid-19, la caída de la economía con el cierre del turismo, la falta de medicamentos, el colapso del sistema de salud y la constante manipulación del Gobierno. “El régimen te decía que había un muerto, cuando en tu barrio había cinco”.
Para ese entonces, los jóvenes formaban parte de un movimiento de memeros que tomó Twitter por asalto, gracias al acceso a internet en el país. Con la fuerza de un meme, lo mismo se divertían que señalaban el mal desempeño de los gobernantes, exigían la apertura de un corredor humanitario ante la crisis o se unían para recolectar medicinas y enviar a las provincias de la isla. Al inicio, dice Cristhian, no buscaban forcejear con el sistema. “No fuimos buscando la política, sino que la política nos alcanzó a nosotros”.
Cristhian ahora piensa que, entre todos sus amigos, Liosmel “siempre fue el más gusano”, es decir, quien más en contra estaba del actual Gobierno de Miguel Díaz-Canel. También era fanático del rap disidente de Los Aldeanos, la música que repartió entre el resto y que los hizo disentir. Así que el 11 de julio, cuando Liosmel vio que las protestas que comenzaron en el poblado de San Antonio de los Baños se estaban replicando por todo el país, telefoneó a Cristhian. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó. E hicieron lo que habían acordado. Avisaron a un tercer amigo, agarraron el autobús P-2 hasta el céntrico Vedado, buscaron el malecón y fueron caminando al compás de las consignas de la canción Patria y Vida, mientras se les unían grupos de cubanos en todo un recorrido que los llevó hasta el Capitolio habanero. Un mar de gente disgustada, con ganas de cambios, también estaba allí congregada.
Después vendrían una serie de escenas que guardan hasta hoy: la llamada a Liosmel para avisarles de que Díaz-Canel había dado “la orden de combate”, los grupos de militares con palos en las manos, la detención de uno de sus amigos y las visitas a varias estaciones de policía por toda la capital para encontrarlo.
Liosbel, por su parte, también había salido a la calle en su barrio. La madre no supo en ese momento que sus hijos se sumaron a la revuelta. “Nunca me imaginé que estaban entre los jóvenes que alzaron sus voces, pidiendo un cambio para nuestro país”, cuenta. Se enteró tras la detención de uno de los amigos de sus hijos. “Sentí miedo, mucho miedo de que también a ellos los fueran a detener o les hicieran algo peor”. El temor no era infundado. Las protestas dejaron un saldo de más de 1.500 personas detenidas, con condenas que se alargan hasta los 20 años de privación de libertad.
Aunque los hermanos Sánchez no fueron a la cárcel, tampoco escaparon de la larga sombra de la represión en Cuba. Hasta que se marcharon del país, no los dejaron tranquilos. A Liosbel le robaron en su pequeño negocio de plomería que las autoridades inspeccionaban semana tras semana. A Liosmel lo citaba con frecuencia la Seguridad del Estado en la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo. “Fueron amenazados”, dice la madre. “A Liosmel le decían que hasta podría perder su carrera. Por eso decidieron irse de Cuba, porque ya no aguantaban más las injusticias que vivían a diario y sabían que en cualquier momento vendrían por ellos para llevarlos a la prisión si seguían aquí con sus ideas en contra del régimen”.
El asilo en la mira del gobierno de Trump
Ya en Estados Unidos, por varios meses, los hermanos Sánchez vivieron en Seattle, en un cuarto de la casa de Cristhian, quien llegó al país un año antes que ellos, tras recibir amenazas en la Universidad de Ciencias Informáticas por su participación en la protesta del 11 de julio. Nunca los dejó trabajar, más bien les pidió que se estuvieran tranquilos, que colaboraran en los quehaceres de la casa y que esperaran con paciencia su permiso de trabajo.
Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los detuvo, los hermanos Sánchez se habían mudado solos a un departamento que ya podían costearse. Estaban felices. Habían comprado un televisor, una vajilla nueva, un escurridor de platos y varios cestos de basura. “Se sentían emocionados con su casa”, cuenta Cristhian.
Sobre el mediodía del 20 de mayo, a Cristhian le pareció sospechoso que los hermanos no le mandaran un mensaje dejándole saber cómo les había ido ante la corte. Desde Cuba, la madre les había escrito, pero tampoco recibía una respuesta de vuelta. “Les volví a escribir y nada. Los llamé y tampoco contestaron. Estaba preocupada por el silencio, comencé a llorar”, recuerda Zaida.
La sospecha de que estuvieran detenidos se convirtió en una confirmación cuando Cristhian ingresó sus identidades en el localizador del ICE, y vio que, efectivamente, sus amigos eran víctimas nuevas de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump y su Gobierno. “Se me cayó el mundo”, dice. “Pensé que era un error, que los iban a soltar”. Pero a los hermanos Sánchez la justicia les había cerrado el caso de asilo. Desde que están detenidos, han vuelto a empezar. Ya superaron una entrevista en la que validaron su miedo creíble y ahora están a la espera de defender su petición de asilo en prisión a finales de septiembre.
No son los únicos que han llegado a Estados Unidos huyendo de la represión en sus países y a los que se les ha negado o desestimado el caso de asilo, la protección a la que por años se les daba acceso a quienes tenían que dejar su país por motivos políticos. Al rapero cubano Eliexer Márquez Duany, El Funky, coautor del tema Patria y Vida, que se convirtió en himno de la protesta de 2021, le fue rechazada su solicitud de residencia permanente tras aplicar a la Ley de Ajuste Cubano que por décadas ha amparado a emigrantes de la isla. El activista opositor venezolano Gregory Antonio Sanabria Tarazona, quien estuvo más de tres años encarcelado en El Helicoide, fue detenido por el ICE cuando compareció en junio en la corte de inmigración.
Las cortes se han vuelto nuevos focos para la caza de migrantes del Gobierno republicano, el lugar de donde salen directamente a manos del ICE. Según el abogado de emigración Willy Allen, es parte de la misma estrategia política. “El Gobierno tiene que detener a 3.000 personas al día. Es muy difícil encontrar 3.000 criminales, pero muy fácil encontrar a 3.000 personas que se presentan en corte y lo hacen todo bien ante la ley”, asegura.
Estados Unidos es el país que en los últimos años ha concedido el mayor número de peticiones de asilo en todo el mundo. Hasta finales del pasado año tenía casi 1,5 millones de solicitudes pendientes, según el American Immigration Council. Pero muchos coinciden en que en estos momentos es mayor el número de casos de asilo denegados. En marzo de este año —el último en el que hay cifra disponible—, el 76% fueron rechazados por las autoridades.
Allen asegura que, en 40 años de abogado, nunca un cliente suyo había sido detenido en la corte. Ahora el ICE se ha llevado a cuatro. “Empezaron a cerrar los casos para tener la excusa de detener a las personas sin derecho a fianza”, dice. “En la cárcel, tendrán que someterse a una entrevista de miedo creíble y, solo si la pasan, se pueden quedar”. No obstante, el letrado insiste en que los procesos en las cortes se complican más, y que incluso quienes llegan huyendo de la represión en sus países, quedan en condiciones “muy vulnerables”: en el limbo, como Liosmel y Liosbel Sánchez.
Cortesía de El País
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