La discusión sobre la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que forma parte del Paquete Económico 2026 llega en un momento crucial para México, no sólo por las metas de recaudación que busca alcanzar el Gobierno federal, sino también por la necesidad de consolidar al país como un destino confiable y competitivo en medio de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Con la mirada puesta en el fenómeno del nearshoring y la expectativa de aprovechar la cercanía con Estados Unidos y el T-MEC, la reforma no puede leerse únicamente como un ajuste técnico de carácter fiscal, sino como una pieza estratégica de política pública que debe equilibrar el control interno con la facilitación del comercio exterior.
El objetivo es claro: modernizar las aduanas, cerrar espacios a la evasión y corrupción, y fortalecer la capacidad de fiscalización. Para ello, se propone un despliegue sin precedentes de tecnología que incluye inteligencia artificial, biometría y sistemas de análisis de riesgo, junto con la asignación de un porcentaje directo del Derecho de Trámite Aduanero ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). La apuesta es que, con estas herramientas, el Estado pueda detectar irregularidades con mayor precisión y reducir la dependencia de procesos manuales sujetos a discrecionalidad. Sin embargo, cualquier salto tecnológico implica costos de adaptación para las empresas, que deberán invertir en sistemas compatibles y en capacitación de su personal. El riesgo es que la velocidad con la que se pretenden implementar estas transformaciones deje atrás a muchas pequeñas y medianas empresas que carecen de los recursos para ajustarse con rapidez al nuevo sistema.
En paralelo, Estados Unidos ha señalado con creciente preocupación que México aplica cambios regulatorios con escasa anticipación y de manera inconsistente en distintas aduanas, lo que genera un ambiente de incertidumbre para las empresas que dependen de la previsibilidad en sus operaciones. Washington ha descrito estas prácticas como barreras no arancelarias que dificultan el flujo comercial bajo el T-MEC. La lista de señalamientos es amplia: desde restricciones en puertos de entrada para ciertos bienes, pasando por limitaciones al número de aduanas en las que pueden operar los agentes no afiliados, hasta retrasos en la puesta en marcha de sistemas de pago para envíos exprés y la imposición de requisitos fiscales que complican el comercio electrónico de bajo valor. En la práctica, estas medidas afectan sobre todo a sectores dinámicos como la logística, la manufactura de exportación y el comercio electrónico transfronterizo, que dependen de procesos ágiles y uniformes.
El dilema es profundo: mientras México busca cerrar brechas de evasión y contrabando, su principal socio comercial exige claridad, homogeneidad y rapidez en la aplicación de reglas. No se trata únicamente de un diferendo administrativo, sino de un tema que puede escalar en el tablero del T-MEC y convertirse en un factor de tensión política. Por ello, una visión constructiva requiere reconocer que la competitividad del país depende tanto de la recaudación interna como de la confianza de los inversionistas externos en el sistema aduanero. Por ello, si el objetivo de la reforma es catalizar la política aduanera como un motor del nearshoring, la misión desde la presidencia de la República podría ampliarse a más acciones, como la incorporación de mecanismos de consulta y participación con el sector privado, reglas claras para la transición de los sistemas y el establecimiento de protocolos y comunicación oportunos sobre el proceso legislativo y el plan de implementación.
En este escenario, los agentes aduanales ocupan un lugar central. La reforma los convierte en corresponsables legales junto con las empresas, lo que significa que, en caso de irregularidades, ambos enfrentarán consecuencias. Esta disposición, diseñada para evitar abusos, también genera inquietud en el gremio, que teme un incremento en los costos de operación y un posible deterioro en la relación de confianza con sus clientes. No hay que olvidar que los agentes aduanales son auxiliares del Estado, actores técnicos aliados en la modernización del sistema.
Pero al mismo tiempo, enfrentan fuertes presiones. Por ejemplo, su figura se encuentra bajo la sombra del “huachicol fiscal”, una práctica que ha permitido la importación ilegal de combustibles mediante documentos falsos y empresas fachada. Las investigaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Fiscalía General de la República (FGR) han derivado en más de 200 órdenes de aprehensión contra funcionarios, empresarios y agentes aduanales presuntamente implicados en estas redes. Ante ello, la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) ha iniciado una depuración interna y ha incorporado sistemas tecnológicos de control para avanzar en materia de integridad en el gremio convirtiendo este momento en una oportunidad para lograr avances en legitimidad y confianza bajo una estrategia inteligente.
Un desafío relevante para el sistema aduanero será la implementación de las 1,400 fracciones arancelarias propuestas por la presidenta Sheinbaum en el Paquete Económico 2026, dirigidas a mercancías provenientes de países sin tratado comercial con México. Esta medida busca incrementar la recaudación fiscal en aproximadamente 254,800 millones de pesos anuales, pero también impone una carga operativa significativa, especialmente en materia de clasificación arancelaria. La aplicación de este volumen de aranceles exige una precisión técnica mucho mayor en la identificación y asignación de fracciones específicas para cada producto importado. Cualquier error en la clasificación podría derivar en tarifas mal aplicadas, con implicaciones fiscales, legales y logísticas. Por ello, será indispensable reforzar los procesos técnicos y capacitar al personal aduanero de forma preventiva, lo que implica costos adicionales en tiempo, recursos y coordinación institucional.
En el marco de esta reforma, el Programa IMMEX —crucial para maquiladoras y fábricas exportadoras— también tendrá modificaciones, ya que estará sujeto a vigilancia reforzada: las empresas deberán probar no solo que los insumos importados temporalmente fueron transformados sino también que los productos resultantes efectivamente salieron del país, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Aduanera y las reglas del programa IMMEX. Se busca detener el fenómeno conocido como “huachicol aduanero”, que consiste en que mercancías importadas bajo este régimen no se exportan ni retornan al extranjero ni cambian al régimen definitivo, práctica tipificada como infracción administrativa o delito cuando se comprueba contrabando presunto, según la Ley Aduanera y el Código Fiscal.
Aunque la lógica detrás de esta vigilancia es perfectamente legítima —evitar pérdidas recaudatorias y proteger la equidad— la experiencia internacional advierte que controles demasiado rígidos o auditorías sorpresivas pueden elevar los costos operativos, desalentar inversión y generar cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. Así lo documenta el informe “2024 Global Trade Report: Supply chain vulnerabilities & trade complexities dominate concerns” que señala que las empresas alrededor del mundo están siendo cada vez más afectadas por el “due diligence” de la cadena de suministro, regulaciones aduaneras cambiantes, crecientes complicaciones en los sistemas aduaneros, lo que se traduce en mayores costos, demoras operativas y riesgos logísticos por demoras en embarques o bloqueos en fronteras debido a exigencias de cumplimiento más estrictas.
Para no perder la ventaja comparativa que concede el Programa IMMEX en logística, costos fiscales y eficiencia exportadora, México necesita articular candados precisos pero flexibles: criterios claros de auditoría, plazos razonables para demostrar cumplimiento, mecanismos de transición para empresas que adopten nuevas obligaciones, y una coordinación interinstitucional robusta que reduzca incertidumbre. Solo así se lograría frenar abusos sin detener el crecimiento, manteniendo al Programa como motor del desarrollo manufacturero exportador y no como fuente de litigios o restricciones excesivas.
No es casualidad que, desde hace algunos años, el control de las aduanas haya pasado a la Secretaría de Marina con el argumento de combatir la corrupción. La militarización logró aumentar la recaudación en los primeros meses y permitió inversiones en tecnología de inspección no intrusiva. Sin embargo, la persistencia de redes ilícitas y los señalamientos de corrupción, incluso dentro de la propia Marina demuestran que el problema es más profundo. El reto, por lo tanto, es construir un modelo híbrido donde la seguridad, la eficiencia administrativa y la transparencia convivan, sin que ninguna dimensión cancele a la otra.
México ha firmado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que promueve la simplificación y armonización de trámites; pero aún no ha adoptado otros convenios clave como el de Estambul para admisión temporal o el TIR para tránsito terrestre. Esta falta de adhesión limita la competitividad del país en comparación con otros socios que ya operan bajo estándares más modernos y confiables. En un entorno donde los inversionistas evalúan no solo los costos laborales o logísticos, sino también la certidumbre jurídica y aduanera, cerrar esta brecha debería ser parte de la agenda estratégica.
La reforma a la Ley Aduanera puede ser vista entonces, como una oportunidad para dar un salto cualitativo en la manera en que México gestiona su comercio exterior. No basta con aumentar la recaudación; se trata de construir confianza hacia dentro y hacia fuera. La clave está en combinar tecnología con diálogo, fiscalización con gradualidad, seguridad con competitividad. Una aduana moderna no es aquella que acumula más candados, sino la que garantiza transparencia y certidumbre sin frenar la dinámica del comercio legal de mercancías por la cantidad y complejidad de los trámites, las sanciones o los litigios.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana
Cortesía de El Economista
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