Por unanimidad y a partir de criterios de votación; especialidad; nepotismo o conflicto de intereses; integración paritaria; situación de vulnerabilidad, en el caso de haber sido invocada y acreditada, y de funcionalidad y efectividad, el pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó la adscripción de 846 juzgadores federales electos por los ciudadanos en los comicios del pasado 1 de junio, que entrarán en funciones hoy.
“Estas determinaciones se tomaron estrictamente para dar respuesta a las necesidades y cargas de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales que brindan atención a la ciudadanía.
“De esta forma, el Órgano de Administración Judicial sienta las bases para la nueva impartición de la justicia de calidad, ágil, cercana a la gente y con rostro humano”, cita el comunicado de prensa oficial emitido por el nuevo órgano que junto con el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) sustituyen el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Con respecto al criterio de nepotismo o conflicto de intereses, el “Acuerdo General del pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los órganos jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de personas juzgadoras”, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consigna:
“El Poder Judicial ha sido criticado por prácticas de nepotismo y conflicto de interés (sic) en la integración de sus órganos jurisdiccionales. Esta situación motivó la reforma constitucional en materia, con el objetivo de establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos”.
El Artículo Segundo transitorio del decreto por el que se reforma la Constitución, promulgado el 15 de septiembre de 2024, establece que el OAJ “adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025”.
Cortesía de El Economista
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