Una empresa privada, creada con las aportaciones de capital que poseen algunas unidades económicas familiares, tiene como objetivo principal la maximización de las utilidades. Para ello, con el capital aportado adquieren los activos fijos (planta, maquinaria y equipo), que combinan con los servicios laborales ofrecidos por los trabajadores que hayan contratado, pagándoles a cambio un salario.
El dueño de la empresa busca maximizar las ganancias porque con ello maximizaría el rendimiento sobre el capital que posee y le provee el ingreso para adquirir los bienes y servicios de consumo que satisfagan algunas de las necesidades de los miembros de la familia. Además, que una empresa privada maximice las utilidades, suponiendo que opera en un contexto de competencia, es la mayor contribución que puede hacer al bienestar de la sociedad en su conjunto. Todo ello es posible porque, en el caso de una empresa privada, están perfectamente definidos los derechos de propiedad, lo cual les permite a los accionistas apropiarse de las ganancias netas, pero también asumir íntegramente el costo en el caso en que hubiese pérdidas.
Tenemos, por otra parte, a las empresas gubernamentales, las cuales generalmente tienen pérdidas, mismas que se socializan, es decir, la sociedad en su conjunto las absorbe principalmente de dos formas. La primera es que, por cubrir las pérdidas en las que incurren, el gobierno destina menos recursos a la provisión de servicios como son educación, salud y bienes públicos en general (seguridad, impartición de justicia, parques, calles, redes de agua potable y drenaje, etcétera), o incurre en mayor endeudamiento. La segunda es que, generalmente, son empresas que se crearon sin una rigurosa e integral evaluación social de los proyectos, por lo que no son socialmente rentables y, en consecuencia, destruyen riqueza nacional y reducen el potencial de crecimiento de la economía.
Las empresas gubernamentales adolecen principalmente de dos problemas, ambos graves. El primero es que no están definidos los derechos de propiedad; todos los mexicanos somos dueños de cada una de las empresas y, en consecuencia, son de nadie, pero alguien se las apropia (quiénes se verá más adelante), por lo que efectivamente nadie termina siendo el responsable de las pérdidas. El segundo problema es que a estas empresas se les asigna una “función social”, por lo que de entrada se descarta la posibilidad de que generen utilidades (a diferencia de una empresa privada, cuya función social es precisamente maximizar las ganancias).
Cuando a una empresa gubernamental se le asigna una supuesta “función social”, normalmente se entiende como que venderá el bien o servicio que produzca a un precio menor al costo marginal de producirlo, por lo que con sus ingresos no alcanza a cubrir ni siquiera los costos variables o de operación (salarios, materias primas e insumos, etcétera), y, por lo mismo, requerirá de transferencias gubernamentales que le permitan cubrirlas. Además, dado que ni siquiera cubre los costos variables, menos aún cubre sus costos fijos, principalmente el costo del capital, por lo que incurre en pérdidas económicas y, de ahí, que sean unidades de producción que destruyen parte de la riqueza nacional.
Regresando al punto de la deficiente definición de los derechos de propiedad, como efectivamente nadie es el propietario de las empresas gubernamentales (la población, no el gobierno, son nominalmente los dueños), habrá quien se las apropie y, generalmente, terminan siendo los trabajadores de las empresas, tanto la burocracia que las administra (“white collar workers”) como los trabajadores que se utilizan directamente en el proceso de producción (“blue collar workers”).
El que sean los trabajadores quienes efectivamente se apropian de las empresas gubernamentales lleva a que, por una parte, haya un exceso de personal y, por otra, a que su salario integral, incluyendo las prestaciones (días de vacaciones pagadas, días con derecho a licencia, licencia para labores sindicales, aguinaldos, retiros a una edad más temprana y/o con menor número de años trabajados que un empleado de una empresa privada, y una pensión significativamente mayor que un jubilado privado), sea mayor que el valor de su productividad. Esto se constituye en otra fuente adicional de mayores costos variables o de operación y, por lo mismo, de pérdidas.
Así, una empresa gubernamental pierde por dos fuentes: menores ingresos, dado que vende por debajo del costo de producción, y por tener, a su vez, mayores costos de operación de los que tendría si la empresa fuese privada. Y ello requiere que las empresas tengan que recibir transferencias por parte del gobierno, que se ve forzado a recortar el gasto en otros rubros y/o incurrir en mayor endeudamiento.
Esta ha sido y seguirá siendo la historia del sector paraestatal mexicano. Para muestra, es suficiente ver el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año: transferencias a Pemex, CFE, Tren Maya, Mexicana de Aviación, Litiomex, AIFA y más. Y el gobierno actual sigue con su estrategia de crear más empresas para ahora producir café, videojuegos y trenes de pasajeros, más lo que se les ocurra, todos ellos operando con pérdidas.
Cortesía de El Economista
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