El Gobierno de Claudia Sheinbaum destaca avances en el combate al robo de hidrocarburos, delito conocido como huachicol. En contraste con la administración anterior, que dejó números modestos en materia judicial, la actual gestión registra un repunte en detenciones y decomisos en lo que va del sexenio.
De acuerdo con cifras oficiales, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) se procesaron apenas a 54 personas por robo de combustible, con sólo nueve sentencias. Sin embargo, tan sólo en 2025 se han reportado acciones de mayor alcance. El 30 de junio, por ejemplo, fueron detenidas 32 personas en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, señaladas como integrantes de una red dedicada al saqueo y distribución ilegal de combustibles. Posteriormente, el 7 de septiembre, la Fiscalía General de la República informó sobre la captura de 14 individuos vinculados al llamado huachicol fiscal; es decir, la importación y venta de hidrocarburos evadiendo impuestos. Estas personas, ya vinculadas a proceso, participaron en el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas.
Entre los arrestados destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina en la pasada administración. También figuran empresarios, marinos en activo y ex funcionarios de Aduanas, lo que evidencia la profundidad de las redes implicadas.
Para Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, estos operativos tienen un impacto doble: “El efecto es mediático porque se demuestra que el delito continúa, pero ahora se reconoce y se enfrenta. Al exhibir a mandos navales y empresarios involucrados, se envía un mensaje de ejemplaridad”, señaló.
No obstante, el académico advierte que las estructuras financieras criminales permanecen intactas y que los nombramientos de funcionarios con presunta relación en estos delitos merecen ser revisados. Por eso exige la detención de los líderes de este delito.
Francisco Jiménez, también catedrático de la UdeG, subrayó: “Deben investigar quién promovió esos ascensos (entre los funcionarios). Todos los involucrados deben ser señalados y determinar en qué administración fueron contratados o tolerados. Incluso, si hubo omisión presidencial, deberá esclarecerse”.
El caso no está exento de tragedias. Al menos siete personas relacionadas con investigaciones de huachicol fiscal han muerto en circunstancias violentas o sospechosas. El pasado martes, la Secretaría de Marina reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. El oficial se había desempeñado como subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima, y su muerte ocurrió apenas horas después de otro hecho inquietante: el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue hallado sin vida en su oficina.
De acuerdo con reportes extraoficiales, Pérez Ramírez recibía sobornos de hasta 100 mil pesos para permitir la entrada de buques con combustible sin declarar.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han multiplicado sus decomisos. Además de los 10 millones de litros asegurados en Tampico, el 7 de julio se informó sobre la incautación de 129 carrotanques y más de 15 millones de litros en Arizpe y Saltillo, Coahuila. Y en agosto, la Secretaría de Marina reportó el decomiso de casi ocho millones de litros en Ensenada, Baja California.
En el primer año de Gobierno se han asegurado casi 100 millones de litros de combustible robado. Cifra récord.
Aunque especialistas coinciden en que los golpes recientes tienen un valor simbólico y envían un mensaje de firmeza, también advierten que la magnitud del negocio ilícito exige un plan estructural de largo plazo. Por ahora, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presume que el combate al huachicol va en serio. La duda es si las detenciones y decomisos bastarán para desmontar un negocio que, durante más de una década, ha demostrado ser tan rentable como difícil de erradicar, acentúan los especialistas.
Jalisco sigue como segundo lugar nacional en tomas clandestinas
El pasado 10 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de 31 mil litros de hidrocarburo robado en el municipio de Tototlán.
Durante el primer semestre, Pemex reportó cuatro mil 813 tomas clandestinas en el país, un promedio de 36 diarias; Jalisco registró 992, ocupando el segundo lugar nacional, solo detrás de Hidalgo, con mil 253 conexiones ilegales.
Por municipios, Tototlán es el segundo con mayor cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburo detectadas en el Estado, con un total de 199. Por encima solamente está el municipio de Degollado, con 405, siendo una de las demarcaciones más afectadas por este delito durante los últimos años.
Otros municipios con alta incidencia de ordeñas de combustible son Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Atotonilco el Alto y Zapotlanejo, varios de ellos también con múltiples incidentes registrados en los últimos años.
Pese al número de ordeñas de hidrocarburo detectadas, solo se han presentado dos mil 545 denuncias ante la FGR por este delito, de las cuales apenas seis corresponden a la Entidad. Pemex reportó que entre 2019 y 2024, de 54 consignados, únicamente nueve personas recibieron sentencia a nivel nacional.
Los especialistas alertan sobre los riesgos del combustible robado, que suele estar adulterado con sustancias como polvo, agua, aceites o disolventes, dañando inyectores y bombas de gasolina.
Además, el huachicoleo ha provocado un quebranto al erario por 20 mil millones de pesos tan sólo durante el año pasado en México, según cifras reportadas por Pemex.
Firmas señaladas por este delito han sido proveedoras del gobierno
Al menos seis compañías bajo investigación por diversas irregularidades vinculadas a la trama de huachicol fiscal han logrado contratos millonarios con dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los nombres de las compañías dedicadas a la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos aparecen en la causa penal 325/2025 que derivó en órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellos el vicealmirante detenido Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Muertes relacionadas
Al menos ocho personas han muerto por casos relacionados con el huachicol fiscal, entre ellos cuatro marinos, tres ex funcionarios federales de la FGR y uno de la Agencia Nacional de Aduanas.
El pasado 9 de septiembre, la Secretaría de Marina reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un supuesto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.
Del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, cargo en el que estuvo hasta 2023, cuando fue reemplazado por el también marino Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien fue secuestrado y privado de la vida en mayo de 2023, dos semanas después de asumir el cargo.
Al respecto, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el homicidio de Martínez Covarrubias fue una respuesta a las acciones de control que su gobierno estaba tomando para combatir el tráfico de fentanilo en Manzanillo.
La muerte de Del Ángel Zúñiga se dio apenas unas horas después de que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fuera localizado sin vida en su oficina. Presuntamente se había quitado la vida luego que se dio a conocer que recibía sobornos de 100 mil pesos a cambio de permitir el ingreso de buques con combustible no reportado para pago de impuestos.
En noviembre del año pasado, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, fue asesinado. Él denunció una red de corrupción en las aduanas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Un mes antes, fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima, hecho que también se relacionó con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Farías Laguna. Y en mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, ex funcionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue asesinado en la Ciudad de México.
Voces de los expertos
Rubén Ortega y Francisco Jiménez, académicos de la Universidad de Guadalajara
Deben de continuar las investigaciones
Expertos en seguridad llaman a seguir investigando el delito de robo de hidrocarburo ante la detención de funcionarios de la Secretaría de Marina y otras dependencias aduaneras.
Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, afirmó que hay un impacto mediático tras las recientes detenciones, en específico, la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda. Por ello, afirmó que es positivo ver que la autoridad federal sí estaría combatiendo este delito.
“El impacto es mediático, porque se está abriendo a la sociedad una verdad que decíamos que seguía ocurriendo, pero que el gobierno no lo reconocía. Al realizar estas detenciones, el impacto es de ejemplariedad y que se va a enfrentar este flagelo”.
Pero menciona que las estructuras criminales siguen funcionando aun cuando los ex directivos presuntamente involucrados ya no ocupan los cargos.
Por ello, Francisco Jiménez, también académico de la UdeG, señaló que se debe investigar a quienes promovieron los nombramientos y ascensos de los involucrados.
“Todos los que estén involucrados en este grave delito deben ser investigados, para determinar en qué administración fueron contratados o ascendido. Hay que conocer de manera estructural quiénes fueron las cabezas, empezando por el presidente, que solaparon, toleraron o participaron según se deslinden las investigaciones”.
Impulsan decomisos de huachicol
Los aseguramientos de combustible robado se han disparado durante la actual administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Una prueba es el decomiso de 129 carrotanques y más de 15 millones de litros de combustible ilegal, por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en los municipios de Arizpe y Saltillo, Coahuila. Es el mayor decomiso de huachicol del que se tiene registro.
Otros ejemplos ocurrieron a finales de marzo, cuando fuerzas federales incautaron 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. A este caso se le vincula al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta responsabilidad con huachicol fiscal. El marino fue detenido el pasado 6 de septiembre.
Mientras que en Ensenada, Baja California, también a finales de marzo se aseguraron casi ocho millones.
La estrategia incluye la revisión y clausura de gasolineras que vendan huachicol, por estos casos, se han realizado 20 operativos en 19 Estados, clausurando 110 estaciones y asegurando 629 mangueras, además de presentar 36 denuncias ante la FGR por venta de litros incompletos.
En Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se clausuraron 12 gasolineras y se inmovilizaron 20 instrumentos de medición durante este año mientras que a nivel nacional, destacan recientes aseguramientos: el 14 de junio en León, Guanajuato; el 20 de junio en Cortázar, también en Guanajuato; y el 20 de agosto en Chapulco, Puebla.
CT
Cortesía de El Informador
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