El Tribunal Federal de Apelaciones del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha rechazado la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump de permitir el despido de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario, antes de la reunión esta semana del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar los tipos de interés.
“Dadas estas circunstancias únicas y la gran probabilidad de que Cook tenga éxito, al menos, en su demanda de debido proceso, la solicitud de amparo del Gobierno se deniega con razón”, ha razonado el juez de circuito estadounidense Brad Garcia en la decisión del tribunal, pese a la disconformidad del único de los tres magistrados designado por Trump, Gregory Katsas, según ha recogido el portal de noticias estadounidense The Hill.
De este modo, Cook participará en la próxima votación de la Fed sobre los recortes de los tipos de interés, después de que un juez dictaminara la semana pasada que su despido probablemente era ilegal y la reincorporara al tribunal mientras continúa la batalla legal.
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Trump despidió a la gobernadora a finales del mes pasado a raíz de una denuncia penal que alega que declaró falsamente propiedades en Michigan y Georgia como residencias principales con apenas semanas de diferencia entre si en 2021, y que presentó indebidamente una tercera propiedad como su “segunda residencia”.
El presidente ha criticado durante mucho tiempo a la Reserva Federal por no bajar las tasas de interés con mayor rapidez, y el despido de Cook marca el último intento del presidente por despedir a un líder de agencia independiente que, según la ley federal, no puede ser despedido sin causa justificada.
La decisión llega después de que el pasado miércoles una jueza federal bloquease temporalmente el despido de Cook, alegando que la acusación de la Administración Trump no constituye una causa justificada para su destitución en virtud de la Ley de la Reserva Federal, y considerando que la forma en que fue despedida pudo violar sus derechos procesales constitucionales.
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Cortesía de El Economista
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