Este lunes en la noche, en lo que fue un anuncio improvisado, el presidente Gustavo Petro anunció que Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En medio de un Consejo de Ministros sobre salud el mandatario solo dijo: “Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”.
Minutos después, la Presidencia de Colombia publicó en redes el fragmento de lo dicho por el mandatario agregando que la descertificación se dio “pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.
En el mismo consejo de ministros, el presidente anunció que Colombia dejará de depender del armamento proveniente de Estados Unidos. “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, dijo el jefe de Estado.
Por ley norteamericana, la Casa Blanca tenía hasta este 15 de septiembre como plazo de enviarle al Congreso el memorando que define la descertificación no sólo de Colombia sino de otros 23 países.
Según un documento del Departamento de Estado, se trataría de una descertificación parcial o waiver (exención), que era uno de los escenarios “favorables” en comparación a una descertificación total.
El documento señala que a lo largo de 2024, Colombia, Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar “fallaron de manera demostrable” en la lucha contra los estupefacientes.
Sin embargo, la administración del republicano aplicó el waiver, salvo en el caso de Afganistán. “(…) he determinado, de conformidad con lo dispuesto en la sección 706(3)(A) de la FRAA, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.
Por eso, en el caso concreto de Colombia, el documento dice que “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la Presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.
También señala que bajo el liderazgo del presidente Petro, “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas”. Esto último, a la luz de Washington, socava la relación histórica de cooperación “beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”.
Desde que asumió la Presidencia en 2022, Petro impulsó un viraje en la estrategia antidrogas. Considerando un fracaso la política tradicional, decidió suspender elementos clave en la erradicación forzada de cultivos de coca, la materia prima de la cocaína. Esta postura, sumada a sus críticas a la política migratoria de Donald Trump, ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre ambos líderes.
Sin embargo, hay matices en lo que Estados Unidos ve en Colombia. Particularmente, sobre lo que ellos llaman “las instituciones de seguridad y las autoridades municipales” que “siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”.
Es más, Estados Unidos dice textualmente que “el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”.
Trump, quien firma el memorando, expone una condición para cambiar la decisión que no ocurría desde hace 29 años en tiempos del Gobierno de Ernesto Samper.
“Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”, dice la Casa Blanca.
Se puede interpretar que deja las puertas abiertas a la cooperación entre un gobierno que va de salida, al que le quedan menos de 11 meses, y otro que va apenas en el inicio de su segunda administración.
En el papel, todo este tema parece lejano, de diplomáticos y oficinas en Washington, pero tiene enormes implicaciones para el país.
Además de la pérdida de recursos en ayuda militar, programas de asistencia social, económica y seguridad civil, la descertificación implicaría también un bloqueo a créditos con la banca multilateral —FMI, BID, Banco Mundial, entre otros— e incluso sanciones arancelarias, aún más en tiempos de Donald Trump, que utiliza ese mecanismo como una amenaza en el tablero geopolítico. Por lo pronto, el documento conocido este lunes no menciona esos efectos, pero son escenarios que expertos vaticinan.
Incluso, el país podría dejar de percibir por materia de ayudas económicas alrededor de US$453 millones, según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham).
Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explica por qué la descertificación no es un hecho menor. Por disposición legal en Estados Unidos esta decisión tendría un efecto automático: “Ciertamente tiene de manera automática una consecuencia y es que, por ley de los Estados Unidos sobre ayuda extranjera, implica que el país que está recibiendo esa ayuda en cooperación, particularmente policiales y de seguridad, pierde el 50 % de esa ayuda”.
Aún no se sabe la consecuencia en términos de porcentajes, pero el documento aclara que Estados Unidos sostendrá apoyo o financiación en operaciones militares y de interés para ese país.
A ese impacto inmediato podrían sumarse sanciones adicionales, tomadas a discreción del presidente de Estados Unidos, que van desde la imposición de aranceles y la revocación de visas hasta medidas más severas contra funcionarios del gobierno colombiano. Eso no ha sucedido, por ahora.
Frente a la descertificación parcial, el experto analiza que “se castiga al gobierno del país que presuntamente no está cooperando con Estados Unidos en su lucha contra las drogas, pero se mantiene la cooperación sectorial. Puede que la descertificación castigue al gobierno, pero no implica que los programas vayan a cerrarse del todo; se mantienen con los actores que Estados Unidos considere comprometidos”.
El alcance de estas sanciones, advierte, va más allá de lo inmediato. La descertificación no solo supone recortes en la cooperación en seguridad, sino que detona un efecto bola de nieve sobre la imagen internacional de Colombia.
“Esto no solo implica que Colombia pierda cooperación en términos de seguridad, sino que también afecta la reputación internacional del país. Estar vetado por Estados Unidos para acceder a créditos o ayudas extranjeras generaría un ambiente poco propicio para actividades económicas y financieras, e incluso podría impactar sectores como el turismo”, agrega.
Para recuperar la calificación, Colombia deberá mejorar sus indicadores, en concreto los que señaló el documento de este lunes: reducir los cultivos ilícitos, cooperar con las extradiciones, interdicción y transparencia.
Otros expertos consultados señalan que algunas formas de cooperación pueden mantenerse si EE. UU. considera que ciertos sectores siguen haciendo esfuerzos, o por razones de interés nacional.
Las exenciones presidenciales ayudan a mantener parte de la ayuda, bajo control específico. No es casualidad que Estados Unidos ponga en entredicho los resultados de Colombia en la lucha antidrogas. El país produce el 71,84% de toda la cocaína que circula en el planeta.
A diferencia de años anteriores, la expectativa sobre esta decisión era mayor porque el presidente Petro ha tenido enfrentamientos con Trump prácticamente desde que este regresó a la Casa Blanca a finales de enero de este año. En ese momento, la relación diplomática con quien fuera el aliado histórico de Colombia estuvo de romperse en un fatídico domingo. Finalmente, los mediadores lograron desactivar esa bomba que hubiera sido catastrófica en términos económicos y políticos, sobre todo, para Colombia.
Desde entonces ha habido otros episodios de tensión. Ya no solo de Petro contra el magnate republicano sino el mandatario colombiano contra el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en el pasado lo criticó ferozmente en su calidad de senador. Si a lo anterior se suma los pobres resultados del Gobierno no solo en la política contra las drogas sino con la “paz total”, el escenario no es el mejor.
El número de hectáreas de cultivos de uso ilícito es un indicador relevante para la decisión EE. UU. y el Gobierno se raja: expertos señalan que el país habría superado las 300.000 hectáreas en 2024. El informe más reciente, en 2023, indica que eran 253.000 hectáreas.
Según el Reporte Mundial de Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (Unodc), el mercado mundial de la cocaína alcanzó niveles récord. Los datos indicaron que se alcanzó una producción potencial anual de 3.708 toneladas métricas de cocaína de alta pureza, 34% más que en 2022. De ese total, Colombia aportó un potencial de 2.664 toneladas. (71.84%) a corte de 2023.
Quizás por eso el presidente Petro anunció de forma tardía e improvisada que era necesario volver a la aspersión aérea con glifosato, algo que la Corte Constitucional prohibió y el propio mandatario criticó en el pasado.
El Ejecutivo se defiende diciendo que se han concentrado en las incautaciones con logros destacables: “700 toneladas incautadas, ese es el hito histórico más alto que hemos tenido en incautación”, dijo este lunes el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. “Eso corresponde a más de 450 millones de dosis letales de cocaína que no llegaron a las calles”.
El funcionario también destacó que el esfuerzo no se limita a la cocaína incautada, sino a toda la cadena de producción: “Afectando también el combustible, un laboratorio cada cuarenta minutos, casi un 30 % más de lo que veníamos haciendo el año pasado”.
El embajador del Gobierno Petro en Washington, Daniel García-Peña, le dijo a EL COLOMBIANO este fin de semana, antes de que se conociera la decisión de este lunes, que ellos merecían la certificación porque “Colombia como ningún otro país ha dado resultados en incautaciones, destrucción de laboratorios, extradiciones y los diferentes ítems en esa lucha; segundo, reiteramos que Colombia lo hace por convicción, por interés nacional, porque es el país que ha sido más afectado por el narcotráfico”.
Pese a ser uno de los principales productores de cocaína del mundo, Colombia está obligada a redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Así lo defendió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez este lunes: “No hay país en el mundo que actúe con tanta determinación para combatir el narcotráfico como lo hacemos nosotros”.
A pesar de eso, las prisas por mostrar resultados han empujado al Gobierno a decisiones de impacto inmediato sin planeación; como abrir la puerta a retomar la fumigación aérea con glifosato, por ejemplo, que según expertos y otros sectores de la sociedad civil implicaría un retroceso en políticas públicas, un riesgo para la salud de poblaciones rurales, daños al ambiente y un dilema legal internacional.
Además, implicaría revertir medidas que fueron prohibidas por la Corte Constitucional, esto pondría al Estado en un choque frontal con la jurisprudencia y reavivaría conflictos sociales en zonas ya golpeadas por la violencia y la exclusión. En ese sentido, los expertos alertan que las respuestas rápidas, pensadas para mitigar presiones externas, pueden agravar el problema estructural que se pretende resolver.
Leonardo González, director de Indepaz, plantea en diálogo con EL COLOMBIANO que reabrir el debate sobre el uso del glifosato sería un error.
“Pues es un error, un error grave volver a pensar siquiera en la utilización del glifosato. Esta discusión ya se ha dado durante muchos años; el impacto en la población, en la naturaleza, en el medio ambiente del glifosato ya ha estado demostrado. La Corte Constitucional lo ha prohibido. Entonces, volver a hablar de una fumigación del glifosato es un error y, sobre todo, pretender hablar de ello por el fracaso de una política antidroga es volver al pasado”.
El investigador subrayó que, en vez de insistir en fórmulas que ya demostraron sus limitaciones, el país debería apostar por lo que realmente está escrito en el Acuerdo de Paz. Allí, en su punto cuatro, se estableció una hoja de ruta clara y es la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito con las comunidades campesinas. Para González, ese es el camino que se debería fortalecer en lugar de reactivar prácticas con graves efectos colaterales.
“Se debe realmente implementar el acuerdo de paz en el punto cuatro, especialmente en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito, y no repetir los errores del pasado. (…) Las familias campesinas están esperando una solución urgente a la pobreza que han vivido durante tantos años, situación que ha llevado, entre otras cosas, al uso de estos cultivos”.
Esa acumulación de promesas incumplidas, sostiene, ha generado frustración y desconfianza en los territorios. Los campesinos no esperan fumigaciones, sino oportunidades de vida digna y proyectos de desarrollo que les permitan abandonar definitivamente la dependencia de la coca. Por eso, el retorno al glifosato no solo sería visto como un castigo, sino como una afrenta a décadas de reclamos sociales.
“Hay desazón en las comunidades, en las organizaciones sociales y campesinas ante la posibilidad de volver al veneno, al glifosato”, concluye.
El embajador García-Peña había advertido que la descertificación no se trata únicamente de un golpe diplomático que afecta al gobierno colombiano en términos de cooperación y reputación internacional, sino de un escenario en el que ambas naciones resultan perjudicadas. Según él, la relación bilateral en materia antidrogas funciona como un engranaje en el que Colombia asume enormes costos humanos, ambientales y financieros en la erradicación de cultivos y la persecución de estructuras criminales, mientras que Estados Unidos se beneficia de una reducción en la cantidad de cocaína que alcanza sus calles.
“Con esta decisión pierde Colombia, sin duda, porque esta colaboración es importante para nosotros; pero también pierde Estados Unidos, porque estamos conectados y las vías que existen es para evitar que esa cocaína no llegue a las calles de los Estados Unidos. Los únicos que ganan serían los criminales y las organizaciones narcotraficantes que viven de estas acciones criminales transnacionales”, concluyó.
Cortesía de El Colombiano
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