Es evidente que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tomaron nota del problema en el que metieron a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se provocó un intenso debate por aquella disposición que se incluyó en la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió al senado a finales de abril pasado, en la que se establecía la posibilidad de que con apoyo de dicha ley las autoridades del gobierno de México pudieran bloquear el acceso a plataformas digitales. Ello estaba previsto en el ya famoso artículo 109 de la referida iniciativa.
La explicación realizada por el titular de la ATDT el 14 de mayo pasado en la conferencia mañanera muestra de manera diáfana que la motivación de la intención de poner en el marco legal una disposición que otorgara facultades a las autoridades para llevar a cabo el bloqueo de plataformas digitales provenía de SHCP y del SAT. Ese día dijo: “esto era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la Ley del IVA, que es el 18-H para plataformas de venta de bienes, pero, …para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina”.
Tal como se ofreció en esa mañanera, esa disposición con efectos de censura se eliminó en el dictamen que aprobó el Senado de la República, y posteriormente, la Cámara de Diputados, en su papel de cámara revisora.
Sin embargo, todo indica que la SHCP y el SAT no se conformaron con la eliminación de la redacción que les permitiría solicitar a la ATDT el bloqueo de plataformas digitales. Se pusieron creativos y volvieron a la carga con el Paquete Económico 2026, concretamente en el Código Fiscal de la Federación, donde ahora pretenden exigir que a tales tipos de proveedores digitales, prácticamente cualquiera, incluyendo las que proveen servicios de streaming, como Netflix, Prime, Disney+, ViX, Apple TV, Spotify o YouTube, entre otras, estén obligadas a “permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros y relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general”.
El incumplimiento de esta disposición, que aplicaría tanto a proveedores nacionales como extranjeros, tendría como consecuencia “el bloqueo temporal del acceso al servicio digital”.
El acceso permanente en tiempo real a la información que pretenden la SHCP y el SAT es un exceso, que no tiene referente en mejores prácticas internacionales y se constituye en una disposición que da margen para una gran discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales. Con un manotazo podrían alegar que consideran que no les están dando acceso a toda la información que exigen, desde su muy burocrático punto de vista, y entonces, se cumpliría la amenaza: el bloqueo.
A pregunta expresa sobre esta ocurrencia, en la mañanera del 10 de septiembre pasado, el titular de SHCP, Edgar Amador, respondió con mucha seguridad: “es algo que ya ocurre, es un procedimiento estándar, muy protocolizado entre el comercio electrónico”. Pero no, eso es falso, alguien en SHCP está engañando al secretario. No es estándar que la autoridad fiscal quiera vigilar en tiempo real y permanentemente la información sobre la operación de plataformas digitales, en ningún país ocurre eso.
Lo peor, de permanecer esta ansia por entrometerse en la información sobre la operación de las plataformas digitales, incluyendo las extranjeras, muy probablemente provocará una reacción negativa del gobierno del presidente Trump que anda muy celoso de las medidas que se pretendan imponer a las plataformas americanas en otros países, particularmente aquellas que tienen que ver con las intenciones de cobrarles impuestos en otros países, y entonces, la SHCP y el SAT le estarían abriendo un nuevo blanco de desgaste a la presidenta Sheinbaum con la administración Trump. Apenas el 26 de agosto pasado Trump comentó en su cuenta de la red Truth Social: “me enfrentaré a los países que ataquen a nuestras increíbles empresas tecnológicas estadounidenses. Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones de los mercados digitales están todas diseñadas para dañar o discriminar a la tecnología estadounidense”. Pero qué necesidad.
*El autor es economista.
Cortesía de El Economista
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