Dos variables que no pueden separarse para comprender la realidad son el poder y el dinero. La relación entre ambas está ligada de tal manera que se requieren instrumentos precisos y transparentes para delimitar sus esferas de acción. Es cierto que para alcanzar la cúspide de mando se necesita contar con recursos económicos a veces inconmensurables con el objetivo de aceitar una maquinaria que sea lo suficientemente eficiente como para ganar elecciones.
Una vez en el poder, el acceso a recursos materiales de todo tipo se convierte en un incentivo perverso destinado a garantizar la permanencia en el mando del grupo ganador cuya resistencia a perder privilegios es lo que los une. Por ello una democracia efectiva requiere de mecanismos de supervisión y transparencia que le permitan amarrarle las manos al político insaciable.
Es esto lo que la incipiente democracia mexicana iba construyendo lentamente con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo era crear los instrumentos necesarios para evitar el enriquecimiento ilícito de los políticos en el poder, de manera tal que no pudieran hacer uso discrecional de recursos sin sufrir las consecuencias de ese delito.
Y fue precisamente esto lo que López Obrador destruyó para evitar que la reconstrucción del nacionalismo revolucionario se viese estorbada por limitaciones burocráticas. Así, el fenómeno de la corrupción que estaba enquistado dentro del sistema político mexicano desde hace décadas y cuyo funcionamiento apenas había sido tímidamente controlado a nivel federal, recobró sus fuerzas para hacerse de miles de millones de pesos en un saqueo que hasta la fecha es imposible dimensionar.
Segalmex, huachicoleo fiscal, robo y contrabando de combustible, compra y distribución de medicamentos, Dos Bocas, Tren Maya y otros casos más, son ejemplos de corrupción protegida con el manto del poder político y sin consecuencias legales, debido a la negativa oficial del gobierno federal de proceder contra los responsables. Sin Poder Judicial autónomo, el Ejecutivo puede hacer casi todo lo que le plazca.
La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay es parte de una demanda específica de Washington en su guerra contra el narcotráfico, aunque sus consecuencias puedan derivar en una crisis política dentro de Morena dada la cercanía entre Bermúdez y Adán Augusto López y el beneficio que podría obtener Sheinbaum de este arresto.
Sin instituciones autónomas que puedan investigar, controlar y denunciar actos de corrupción, y sin un sistema judicial profesional e independiente, este fenómeno seguirá siendo el aceite con el que el aparato de gobierno funcione en contra de los propios ciudadanos.
Cortesía de El Economista
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