La reforma en el Poder Judicial ha dejado un damnificado en la Ciudad de México. Él magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, depende de los apoyos de Palacio Nacional para quedarse en su cargo….y de conseguir el respaldo de 80 integrantes de la magistratura capitalina.
La jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, le ha dado su respaldo. Aun así, se vive una época de tensión por la sucesión en el Poder Judicial de la CDMX. Hay una treintena de magistrados constituidos como detractores del presidente, pero esa minoría no podría alterar el curso de los acontecimientos.
La ley orgánica del Poder Judicial en la CDMX tiene varios matices, que permiten la reelección de Rafael Guerra. Todos los magistrados pueden competir incluso él, a excepción de los que integran el nuevo órgano de administración.
El futuro del Judicial en la CDMX depende de equilibrios precarios. Los nuevos magistrados y ministros enfrentan varios dilemas. Al igual que los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, que triunfaron en las urnas, deben esperar la adscripción definitiva, a cargo del órgano administrativo.
El magistrado presidente, Rafael Guerra, mantiene un control férreo del aparato no obstante la parálisis que impera desde hace seis meses, propiciada por reyertas laborales.
A nivel federal, hay un cúmulo de renuncias a las nuevas adscripciones. En la CDMX podría ocurrir un fenómeno similar, producto de las luchas intestinas. El magistrado presidente apostaba a su relación con la ministra Yasmín Esquivel Mossa, pero la unción de Hugo Aguilar trastocó los equilibrios precarios.
En lo federal, hay renuncias motivadas por objeciones de conciencia, pero también por incompetencia e incapacidad. Es la corrección en los hechos de un error cometido en las urnas. En la CDMX muchos de los jueces y magistrados podrían completar la curva de aprendizaje.
Las deficiencias de carácter político y procesal pueden perpetuar la justicia clientelar. En el fondo, lo saben dentro y fuera del Poder Judicial, una mala decisión tienen un impacto. Y un factor determinante puede ser su presunción legal y humana, la notoria ineptitud. ¿Y acaso actuará la comisión de disciplina del órgano administrativo?
Nada justifica tener un sistema paralizado. No es posible que hoy por hoy se fijen fechas de audiencia dentro de dos años. Y menos, con un presupuesto insuficiente.
Efectos secundarios
RECLAMOS. Las deducciones aplicadas por la Unidad de Administración y Finanzas del IMSS-Bienestar al monto del contrato asignado a la firma Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales para la limpieza y el mantenimiento de los inmuebles de ese organismo provocaron una airada reacción de los representantes de esa contratista, que tuvo una manifestación violenta. José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote trataron de entrevistarse con la encargada de administar el contrato, Cristian Lilian García Romero. Entre los detalles destaca que ambos personajes adelantaron posibles golpes mediáticos por un supuesto adeudo, mismos que ya comenzaron a observarse en algunos ‘reportajes’ televisivos.
Cortesía de El Economista
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