Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos rechazó la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump de anular la orden de un juez que dictaminó que había revocado ilegalmente las protecciones temporales contra la deportación concedidas a 600,000 venezolanos que viven en Estados Unidos.
En una decisión a última hora del miércoles, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, se negó a poner en pausa el fallo de un juez del 5 de septiembre. Este fallo sostenía que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para finalizar el programa, conocido como Estatus de Protección Temporal.
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“Anular y poner fin al TPS de Venezuela ha sumido en la incertidumbre el futuro de estos ciudadanos venezolanos y los expuso a un riesgo sustancial de expulsión injusta, separación de sus familias y pérdida de empleo”, dijo el tribunal.
El panel, que incluía a tres jueces nombrados por presidentes demócratas, dijo que el Congreso no contempló tal resultado y se negó a dejar en suspenso el fallo del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, mientras el Gobierno presentaba un recurso de apelación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que, si se deniega la suspensión, podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que en mayo suspendió una orden judicial anterior dictada por Chen y allanó el camino para que la administración pusiera fin a la protección temporal de unos 348,000 de los venezolanos afectados.
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Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado que el fallo del 9º Circuito “es nada menos que un desafío abierto contra la Corte Suprema de Estados Unidos”. El Gobierno había sostenido que la decisión de la Corte Suprema de mayo significaba que la última resolución de Chen debía suspenderse de manera similar.
“Afortunadamente para nosotros, y para todos los estadounidenses, el Noveno Circuito no es la última instancia”, dijo McLaughlin. El TPS está disponible para las personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro acontecimiento extraordinario. Proporciona a los inmigrantes que cumplen los requisitos autorización de trabajo y protección temporal frente a la deportación.
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El programa se creó en 1991 y se amplió bajo el mandato del expresidente demócrata Joe Biden para dar cobertura a unos 600,000 venezolanos y 521,000 haitianos. Noem revocó las prórrogas en febrero, alegando que ya no estaban justificadas.
El fallo del miércoles se produjo en el marco de una demanda presentada por varios inmigrantes amparados por el programa TPS y la Alianza Nacional del TPS, un grupo de defensa, que impugnó la medida de Noem.
Cortesía de El Economista
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