El registro de telefonía móvil ya es una realidad en México, al menos en su fase de prueba. Desde el 1 de septiembre de 2025, quienes deseen adquirir una nueva línea telefónica de forma presencial deben proporcionar su CURP para completar la compra.
Ante este manejo de información personal, surge una pregunta clave: ¿quién controla y almacena los datos que proporcionan los usuarios?.
El almacenamiento de los datos
La respuesta es directa: los datos personales de los usuarios quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas y no del gobierno. Esto se alinea con la Ley General para la Protección de Datos Personales, que indica que las autoridades federales no tendrán acceso directo a la información.
Sin embargo, la ley sí permite que las autoridades consulten los datos para realizar trabajos de verificación de seguridad y confirmar la identidad del titular de una línea en caso de una investigación.
El objetivo de esta prueba piloto es definir y mejorar los procesos de registro que implementan los concesionarios y comercializadores de servicios móviles. Para ello, se requiere que los usuarios presenten un documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP) para vincularla con la línea telefónica que adquieran.
Un proceso gradual
La prueba piloto actual se realiza desde el 1 de septiembre y concluirá en octubre de 2025. Una vez finalizada, el registro se volverá obligatorio para todas las líneas nuevas que se compren en el país antes de que termine el año.
Para los usuarios que ya tienen una línea activa, también será obligatorio el registro. Las compañías habilitarán una modalidad remota para facilitar el proceso, el cual deberá completarse antes de junio de 2026.
Este esfuerzo, que busca combatir la extorsión y otros delitos, está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con operadoras como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.
Una metodología con riesgos
A pesar de los argumentos de las autoridades sobre la seguridad, organismos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierten que la estrategia plantea riesgos adicionales para la población. Señalan que es una metodología de verificación que se puede eludir fácilmente con técnicas ya conocidas:
- Clonación y duplicación de tarjetas SIM (SIM swapping)
- Uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones sin registro obligatorio
- Uso de servicios de Voz sobre IP (VoIP)
- Robo de dispositivos móviles para usar la línea de la víctima
Además, R3D advierte que esta medida abre la puerta a que personas inocentes puedan ser incriminadas si su línea es suplantada para cometer ilícitos.
Otro problema grave es la creación de bases de datos centralizadas y masivas en manos de las operadoras, lo que las convierte en un objetivo vulnerable a ataques informáticos. Ya existe un precedente con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT) del gobierno de Felipe Calderón, cuya base de datos se filtró, lo que expuso no solo números telefónicos, sino también la ubicación geográfica de las personas.
Finalmente, aunque en esta ocasión no se solicitarán datos biométricos, R3D recuerda que la nueva iniciativa de la CURP con datos biométricos sí es obligatoria. Esto crea el riesgo de que, en el futuro, se pueda cruzar información entre múltiples bases de datos del gobierno y las operadoras.
Cortesía de Xataka
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