Otorgar apoyos económicos a jóvenes estudiantes es uno de los más apreciables beneficios que pueden darse a una sociedad, conscientes de la importancia que tiene en el mundo actual la preparación académica en el desarrollo y crecimiento de las naciones. En innumerables países, Gobiernos, empresas, fundaciones e instituciones educativas de prestigio otorgan becas para apoyar a los jóvenes en las diversas etapas académicas, incluyendo desde luego los posgrados, dentro y fuera del propio país.
Hoy día son ya numerosos los estudiantes mexicanos que han estudiado fuera de nuestra nación, sujetándose a los requerimientos que universidades extranjeras estipulan. Muchos de ellos se han quedado a trabajar en esos países contratados por firmas nacionales o internacionales, siempre y cuando no hubiese habido un compromiso formal de regresar al país de origen para aplicar ahí los conocimientos adquiridos.
Esta incontable serie de becas nacionales o extranjeras ha estado siempre sujeta a condiciones de rendimiento, pues a nadie le agrada tirar su dinero a la basura: mostrar un promedio de resultados académicos previos, sostener un promedio durante el tiempo que dure la beca, así como algún otro tipo de servicios, son una garantía de que el estudiante no solamente da el resultado esperado, sino que, esforzándose en lograrlo, enriquece su voluntad y su carácter, a la vez que aprecia de mejor manera el beneficio que recibe y el éxito que alcance. Los seres humanos tendemos a valorar lo que nos cuesta y a despreciar lo que no requiere esfuerzo.
Esta experiencia histórica -porque tenemos noticias de la existencia de becas desde los tiempos medievales- no está siendo valorada en México en lo que mira a los apoyos económicos que la sociedad está dando a jóvenes estudiantes, debido a un abuso en el manejo de nuestros recursos.
Es la sociedad la que otorga al Estado los medios para que pueda dar estos apoyos, pero esa misma sociedad aportadora no es tomada en cuenta a la hora de definir las reglas y condiciones para dar este beneficio. El Gobierno, por su cuenta y sin atender la opinión de la gente, ha estado dando dinero directo a los jóvenes sin otro requisito que demostrar que están inscritos en alguna escuela. Con tal medida no solo se ahorra el trabajo de averiguar el destino final del dinero que da sin ser suyo, sino que afecta seriamente al conjunto de la sociedad. ¿En qué gastan los alumnos este dinero? ¿Alcohol, droga, diversión? ¿O lo entregan a sus padres para casa, vestido y sustento? ¿O lo usan para transporte, útiles escolares y abundancia de libros? ¿O para comprar tiempo aire y desvelarse en sus redes sociales? La verdad es que no lo sabemos, y como que a nadie le importa, pero resulta evidente que, si estos jóvenes no tienen ninguna obligación de mostrar que ese apoyo está redundando en obtener mejores resultados escolares, ese dinero, nuestro dinero, está siendo tirado a la basura a causa de la irresponsable forma de distribuirlo.
¿Y, cuando dejen la escuela y ya no reciban el dinero? ¿Deberán aguardar pacientemente al paso de los muchos años para de nuevo obtener un apoyo económico, ahora por tercera edad? Y, acostumbrados como se quedaron a recibir dinero gratis sin desquitarlo de ninguna forma, ¿qué harán para no perder tan feliz costumbre? ¿Delinquir? ¿Venderse ellos mismos?
Apoyar económicamente a los jóvenes estudiantes es una incuestionable excelente acción, siempre y cuando los beneficiarios se atengan a un control que demuestre que sí están estudiando y que sí están logrando resultados. De otra forma, lo que estamos creando son nuevas escuelas de malvivientes y atenidos, y de manera masiva.
Cortesía de El Informador
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