Formalmente fue revocada la autorización al Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) para funcionar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) e inició el proceso para su liquidación.
El patrimonio de los ahorradores se encuentra cubierto por el Fondo de Protección (Prosofipo) hasta por la cantidad equivalente a 25,000 UDIS.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la autorización a CAME con lo que inicia su disolución y liquidación.
El regulador detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la decisión fue aprobada por su Junta de Gobierno el 19 de septiembre, durante una sesión extraordinaria.
El pasado 9 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino, a la sofipo CAME, por insolvencia financiera.
El órgano regulador, actuó tardíamente y, luego del apoyo de la Secretaría de Gobernación, para evitar la escalada del conflicto social.
Con la resolución de revocación, de manera inmediata se dieron a conocer las bases para el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores y el procedimiento que deberán atender para su trámite.
Cuando la intervino, la CNBV fundamentó que la entidad enfrentaba una pérdida de capital significativa, lo que la colocó en categoría 4 del Nivel de Capitalización (NICAP), la más baja del esquema y que representa una situación de insolvencia financiera crítica.
Al cierre de diciembre del 2024, la Sofipo reportaba un total de 1 millón 371 mil 315 clientes. Con esa cantidad de clientes se ubicaba como la novena entidad más grande del sector en número de usuarios, según datos oficiales.
Extraoficialmente se dice que el caso pone en riesgo un monto superior a los 2,600 millones de pesos, de los ahorradores. De los 1.3 millones de ahorradores afectados, alrededor de 14,000 ahorradores, o alrededor del 1% del total, tienen depósitos superiores a los 212,000 pesos y perderán la cantidad que excede el límite que cubre el Prosofipo.
CAME ofrecía tasas de interés de hasta 16% anual. Se trata de un caso más del grupo de Sofipos que atraen numerosos grupos de inversionistas, al ofrecer elevadas tasas de interés y con el tiempo incurren en problemas.
La crisis de CAME se cocinó a fuego lento y ante la mirada omisa de la autoridad regulatoria. El deterioro financiero de CAME se intensificó en los dos o tres años previos a su intervención.
Se gestó un cocktail explosivo de factores: desde la mala gestión y decisiones de sus directivos; el presunto desvío de recursos; y, la falta de supervisión efectiva de la CNBV, que sólo actuó hasta que presionaron la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal.
Entre las irregularidades en las que incurrió CAME, están: falta de transparencia y omisión de reportes financieros; irregularidades contables; deficiencias en la prevención de lavado de dinero; cierre de operaciones sin notificación adecuada, promesas de altos rendimientos y posibles prácticas engañosas; insolvencia financiera.
De los más de 1.3 millones de ahorradores, aproximadamente 13,700 tiene depósitos superiores a los 212,000 pesos que protege el seguro de depósito.
CAME es un caso más de docena de revocaciones de autorización a Sofipos que ha resuelto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A 16 años de que iniciaron operaciones este tipo de intermediarios financieros, con el propósito de aumentar la inclusión financiera, a sectores económicos y segmentos de la población sin acceso, se han registrado un conjunto de casos en los que mayoritariamente se repite la misma historia.
Prácticamente todas incurrieron en incumplimiento de niveles de capitalización e información fiscal y contable inadecuada; operaciones indebidas, insuficiencia de capital y omisiones documentales, irregularidades en requerimientos de ley, operaciones no autorizadas, y manipulación de información, riesgos de fraude y baja liquidez.
La cobertura de los ahorradores, ha significado importantes desembolsos para el Proceso.
Aunque en el caso específico de CAME, es evidente la tardía intervención del órgano regulador, la cantidad de casos de Sofipos a las que se les ha revocado su autorización, que se han registrado, deja ver, que es necesario poner a revisión la regulación de este tipo de intermediarios, para evitar el fraude en contra de los ahorradores. Al tiempo.
Atisbos
Si se aprueba el aumento del 0.5% a 0.9% al impuesto que se cobra sobre los intereses que generan las cuentas bancarias, las inversiones y otros instrumentos financieros, afectará a los ricos y a los pobres, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Alrededor de 48 millones de mexicanos que trabajan en actividades informales y los trabajadores formales que ganan bajos salarios (33 millones de los primeros y 15 millones de los segundos) resultarán afectados por el aumento del Impuesto Sobre la Renta a los intereses financieros. Estos grupos de trabajadores no podrán recuperar el gravámen porque no presentan declaración anual de impuestos, advierte, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF.
Cortesía de El Economista
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