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Cuando los drones MQ-9 Predator sobrevolaron las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles este verano, fue la primera vez que se enviaban a vigilar manifestaciones en territorio estadounidense desde 2020. Su uso refleja un cambio en la forma en que el Gobierno de Donald Trump ha decidido desplegar estas aeronaves antes reservadas para vigilar la frontera y zonas de guerra.
Informes de prensa anteriores señalaron que los drones enviados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaron tareas de vigilancia el fin de semana del 7 de junio sobre miles de manifestantes que protestaban contra las redadas realizadas por el ICE. Sin embargo, los Predators sobrevolaron Los Ángeles por lo menos cuatro días más, según expertos en rastreo que identificaron los vuelos a través de comunicaciones de torres de control aéreo e imágenes de un Predator en pleno vuelo.
Estos investigadores aficionados, que monitorean el tráfico aéreo e identificaron el primer vuelo —confirmado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)—, compartieron sus hallazgos en redes sociales.
Quienes defienden el uso de drones para monitorear protestas sostienen que estas aeronaves, con sus capacidades de alta tecnología, pueden ofrecer a las autoridades información útil y detallada en tiempo real. Pero los defensores de los derechos humanos temen que la nueva política afecte las libertades civiles de los manifestantes.
Los drones, que vuelan a unos 20.000 pies (6.000 metros) de altura para realizar labores de vigilancia, pueden transmitir en vivo imágenes de video a varias agencias gubernamentales —el ICE, el ejército y otras.
Al ser consultado sobre los días adicionales de vuelos sobre Los Ángeles, el Departamento de Seguridad Nacional no respondió directamente a las preguntas, pero afirmó que los vuelos tenían como propósito proteger a la policía y al ejército. “La Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en inglés) de la CBP ha brindado apoyo aéreo, tanto tripulado como no tripulado, a las agencias federales de seguridad que llevan a cabo operaciones en el área metropolitana de Los Ángeles”, dijo el departamento en un comunicado. “Ambas plataformas ofrecen una capacidad sin precedentes con sensores electro-ópticos/infrarrojos y sistemas de transmisión de video que proporcionan conocimiento situacional y apoyo en las comunicaciones, lo que mejora la seguridad de los oficiales”, agregó.
El Departamento de Seguridad Nacional destacó la información obtenida mediante drones en una publicación en X el 10 de junio. La publicación incluía un video de vehículos incendiados y manifestantes enfrentándose con personal de las fuerzas del orden, aparentemente para mostrar por qué fue necesario que la Administración Trump desplegara a la Guardia Nacional en Los Ángeles.
“MIRE: Imágenes de dron del DHS sobre alborotadores en Los Ángeles”, decía la publicación. “Esto no es calma. Esto no es pacífico. Los políticos de California deben detener a su turba alborotadora”. La publicación estaba fechada el 10 de junio, pero no quedaba claro si el video provenía de un dron Predator.
Una amenaza para las libertades civiles
Los defensores de las libertades civiles se preguntan por qué este equipo, que ha sido utilizado para lanzar bombas guiadas por láser sobre objetivos en países como Afganistán, está siendo usado en asuntos internos. El despliegue de drones Predator sobre manifestantes representa un cambio significativo respecto a la política del Gobierno de Estados Unidos de no volar estos drones sobre protestas, para evitar la percepción de que están espiando actividades amparadas por los derechos de la Primera Enmienda, según indicaron funcionarios estadounidenses.
La última vez que el Departamento de Seguridad Nacional envió un dron Predator a sobrevolar manifestantes, según funcionarios, fue en Minneapolis durante las protestas de 2020 contra el asesinato de George Floyd a manos de un policía que posteriormente fue condenado por su muerte.
Cinco demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara calificaron el despliegue como un “grave abuso de autoridad” y pidieron al Departamento de Seguridad Nacional que explicara lo sucedido.
En ocasiones, los drones son solicitados por las fuerzas del orden u otras autoridades para sobrevolar una región, por ejemplo, para ayudar a monitorear incendios forestales o para proporcionar vigilancia durante el Super Bowl, según dijeron los funcionarios.
Los drones Predator están equipados con sensores infrarrojos de última generación y cámaras de video en alta definición, y pueden rastrear a decenas de personas dentro de un radio de 15 millas náuticas (27,8 kilómetros). La designación MQ se refiere a las capacidades y funciones del dron. En la jerga militar, M significa de uso múltiple y Q indica que es un vehículo aéreo no tripulado.
El dron utiliza un programa de inteligencia artificial llamado Vehicle and Dismount Exploitation Radar (VaDER) para detectar objetos pequeños —un ser humano, un conejo, incluso un ave en vuelo—. Los sensores infrarrojos pueden identificar firmas de calor incluso dentro de algunos edificios.
En respuesta a los vuelos de drones sobre Los Ángeles, el representante Jimmy Gómez, demócrata de California, presentó en julio un proyecto de ley que restringiría el uso de drones Predator y otras aeronaves no tripuladas por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre manifestantes. “Mi proyecto de ley para prohibir los drones de vigilancia militar sobre nuestras ciudades pone en jaque a Trump y a su Administración”, dijo Gómez. “Esto no se trata solo de Los Ángeles, afecta a todo el país. Me niego a permitir que Trump use estas armas de guerra, capaces de transportar bombas, como herramientas de aplicación de la ley contra civiles”.
El 16 de septiembre, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una resolución que respalda el proyecto de ley de Gómez para prohibir que drones militares espíen a civiles. “Los Ángeles no permanecerá de brazos cruzados mientras el Gobierno federal convierte armas de guerra en contra de nuestros residentes”, dijo la concejala Eunisses Hernández, quien presentó la resolución. “Espiar a personas que participan en protestas pacíficas es inconstitucional, peligroso y un ataque directo a la democracia”.
Los drones fueron llevados por primera vez a la frontera sur de Estados Unidos en 2005 y adaptados para operaciones de vigilancia. El Departamento de Seguridad Nacional desplegó los aparatos para recorrer las 2.000 millas de la frontera entre Estados Unidos y México y buscar traficantes de drogas y grupos de migrantes indocumentados. A solo una hora al sur de Tucson (Arizona) se encuentra Fort Huachuca, una de las cuatro bases de drones MQ-9 desde las cuales las aeronaves se despliegan a lo largo de la frontera sur y hacia el interior del país.
Al igual que con el MQ-9, la tecnología de grado militar a menudo llega al interior del país, señalan los expertos. “Se prueba en zonas de guerra, en la frontera, en ciudades a lo largo de la frontera y en el interior del país”, dijo Dave Maass, director de investigaciones de la Electronic Frontier Foundation, una organización de derechos de privacidad. “Esa tiende a ser la trayectoria que observamos”.
Con la disminución de los cruces de migrantes hacia Estados Unidos, los expertos anticipan que los drones serán desplegados con mayor frecuencia sobre manifestaciones en los próximos años.
“Si alguien en la Administración Trump decide que es necesario usar drones en el interior del país sobre ciudadanos estadounidenses, los recursos no serán un problema”, dijo Adam Isaacson, quien cubre temas de seguridad nacional para la Washington Office on Latin America, un grupo de investigación en derechos humanos. “Simplemente, ya no hay tanto que monitorear en la frontera”.
Steve Fisher es corresponsal de Puente News Collaborative y cubre temas de seguridad en México. Ha escrito para The Los Angeles Times, The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post.
Cortesía de El País
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