La acusación hecha ayer 23 de septiembre, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum contra una lista de 20 empresas que han incumplido con la entrega de medicamentos y material médico adquiridos en lo que va del año, solo evidencia una cosa: que a final de cuentas sigue sin resolverse el desabasto de insumos en instituciones públicas, y la misma autoridad lo admite al grado de que ahora anda buscando culpables.
El subsecretario Eduardo Clark enlistó nombres de compañías señaladas por fallar en entregar menos de la mitad de los insumos comprometidos desde junio, incluyendo críticos medicamentos oncológicos, y amenazó con inhabilitarlas si no cumplen para fin de mes.
La narrativa oficial es sencilla: el desabasto remanente es culpa exclusiva de estas “empresas incumplidas”, y con esto, el Gobierno se lava las manos, curándose en salud al buscar chivos expiatorios externos. Pero al escarbar un poco, esta versión se desmorona bajo el peso de sus propias inconsistencias, errores flagrantes y contradicciones que la hacen poco creíble.
La lista presentada incluye nombres como Bioxintegral Servicios (con 100% de incumplimiento), Productos Farmacéuticos (88.6%), Serral (83.7%), Comercializadora UCIN (83.6%), Abastecedora Higiénica de Sonora (78%), Médica Polaris (75%), Labco Soluciones Médicas (74%), Grupo Médico Castro Díaz SC (71%), Gelpharma (66%), Puerta del Sol Capital (66.5%), Medical Recovery (66.3%) y Sun Pharma de México (63%). Para oncológicos, figuran Accord Farma (55%), Zurich Pharma (18%), Laboratorios Pisa (16%), Zeux Lifesciences (16%), Novag Infancia (16%) y Amarox Pharma (9.3%).
A simple vista, parece un ejercicio de transparencia. Sin embargo, hablamos con Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), quien nos ayuda a desmontar esta fachada. “Hay muchas inconsistencias, incongruencias, no cuadran los números y no corresponde a la realidad”. Califica el anuncio como un intento burdo de quitarse la responsabilidad; el Gobierno se enfoca en echar culpas por no admitir sus fallos.
Empecemos por lo básico: los errores en la lista evidencian desconocimiento e incompetencia de quienes la elaboraron. Lo increíble es que Clark no tuvo el cuidado de revisar bien y se prestó a una narrativa sin sentido. Por ejemplo, “Productos Farmacéuticos Serral” no existe. Lo que sí existe es Productos Farmacéuticos Chinoin, pero esta empresa dejó de venderle al Gobierno hace tres años. ¿Cómo es posible que la autoridad tenga el descuido de incluir nombres inventados o incorrectos? Gual señala que varias de las mencionadas no son ni siquiera farmacéuticas. De las extranjeras, sí identifica a la brasileña Eurofarma y a las indias Sun Pharma, Accord, Zurich Pharma y Amarox Pharma. Entre las mexicanas, Pisa, Novag, Health Farma y Novag Infancia. Pero el grueso de la lista —la mayoría— consiste en entidades desconocidas para Canifarma; nadie las conoce en el sector.
Estas imprecisiones no son anécdotas aisladas; son síntomas de un problema sistémico que en este sexenio empezó con la anulación de la “megacompra” en marzo pasado, un proceso envuelto en opacidad que nunca se explicó adecuadamente. Por fallas o sospechas de corrupción en 175 claves se canceló una compra de 1,500 claves; una sinrazón que la Secretaría Anticorrupción no ha terminado de reportar. Desde entonces, ¿qué tipo de adquisiciones ha realizado el Gobierno? Van decenas de procesos, entre licitaciones abiertas, invitación a tres proveedores, invitación restringida, adjudicaciones apresuradas, licitaciones de un tipo, de otro, repetidas, aclaradas… La falta de claridad en estos meses deja un vacío que el intento de explicación de ayer 23 de septiembre, sólo agrava.
Las contradicciones no terminan ahí. Las empresas mexicanas señaladas, según Gual, niegan los faltantes atribuidos. Aseguran haber entregado todo lo acordado, y sus cifras no cuadran con las oficiales. Esto apunta a descoordinación, no a incumplimiento deliberado. Algo claro: en el afán de maximizar ahorros, se priorizó el precio bajo por encima de la calidad y capacidad de los proveedores. Eligieron empresas pequeñas y desconocidas -haciendo a un lado a las de historial serio- que ofertan de lo más barato, ganan contratos y luego fallan porque no tienen capacidad. No se justifica a estas empresas -y sí, que sean deshabilitadas cuanto antes-, pero hoy las autoridades cosechan las consecuencias de sus propias decisiones: un desabasto que por más que argumentan casi superado, la realidad es que no termina de resolverse y ahora se extiende al descuidar filtros rigurosos en las licitaciones. Si se opta por el proveedor más barato sin verificar su solvencia productiva, ¿quién es el verdadero responsable?
Más inconsistencias, e ignoran la deuda arrastrada
La mayor incoherencia surge al contrastar las acusaciones con los logros reportados. En la “conferencia del pueblo” se afirma que el abasto alcanza 96-97% en ISSSTE e IMSS, con proyecciones al 100% pronto. ¿Cómo se explica esto si las empresas son tan incumplidas? Si culpan a los proveedores del desabasto, ¿por qué presumen un suministro casi completo? Como dice Rafa Gual, si hablan de más del 90% de abasto, significaría que la industria ha cumplido cabalmente. Esta doble narrativa no tiene sentido; es un malabarismo retórico para ocultar que el problema radica en la gestión gubernamental, no en la industria.
Pero aparte el Gobierno acusa e ignora lo inocultable: la deuda acumulada con las farmacéuticas, que suma una cifra sin precedentes de 14,000 millones de pesos. A pesar de esto, las empresas siguen surtiendo. “La evidencia es que las productoras farmacéuticas están siendo el sostén del abasto pese a que no les pagan”, dice Gual. ¿Cómo se atreve el comprador a criticar a sus financiadores involuntarios?
En esencia, la versión oficial no es creíble porque está plagada de errores, inconsistencias y omisiones que la desacreditan. Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum admitiera sus fallos y encontrara cómo colaborar de verdad con la industria se podría resolver el desabasto, en vez de andar buscando chivos expiatorios.
Con bioética prorroga a comités de ética
Finalmente el director general de la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética), el doctor Patricio Santillán, encontró la manera de que la renovación de registro de los Comités de Ética en Investigación no sean freno a los ensayos encaminados. Para que Cofepris no les deseche los trámites por tener fecha vencida (y tomando en cuenta ya que siguen constituidos como Comités de ética en investigación), Conbioética les da un oficio de prórroga en lo que se revisan sus informes y reportes anuales para evaluar la renovación. Esto fue gracias a un acuerdo logrado para que Cofepris sin dejar de ser estricta, acepte dichos oficios a fin de que los regulados mantengan su capacidad de hacer trámites. Recordemos que los Comités de Ética en investigación son conformados por las instituciones de atención de la salud que hace investigación médica. Los otros dos Comités son de Investigación y de Bioseguridad, donde igual se promueven modificaciones para unificar su trabajo.
Cortesía de El Economista
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